Tal y como adelantó ayer este periódico, una vez que el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha desprotegido los terrenos del malecón de Sierra Menera, extrayéndolos del Dominio Público Marítimo Terrestre, ya ha iniciado los primeros movimientos la empresa Prosagunsa, que es la titular de la parcela desde el 22 de diciembre de 2010, fecha de la sentencia judicial dictada por la Audiencia Provincial de Valencia en la que se reconoce la propiedad.
Efectivamente, por un lado, Prosagunsa ha presentado una propuesta de desarrollo urbanístico, que, fue presentado oficialmente ayer lunes a los medios informativos y que consiste, básicamente en la urbanización de toda la pastilla de terreno, con la construcción de cuatro torres de diez alturas cada una de ellas, en paralelo a las casas de Menera, para tapar la fachada trasera de estas vivienda y la construcción de un hotel de cinco estrellas, todo ello en medio de aparcamientos y amplias zonas verdes.
Tal y como explicaron ayer los representantes de Prosagunsa, el aprovechamiento urbanístico de esta parcela tendría un coeficiente de 1,26, que, según aseguraron, es similar al del entorno. Esto significaba que, por cada metro de suelo, les correspondería 1,26 metros de techo.
Por otro lado, ayer mismo la empresa propietaria ordenó el repintado del monolito que se levanta en el centro de esta extensa parcela y que tradicionalmente ha sido disputado por republicanos y nacionales, que, alternativamente, han ido pintando la tricolor de la Segunda República española o la enseña nacional. Al recubrir de blanco este bloque de hormigón que preside el malecón, ha sido borrada la ilustración del artista Elías Taño que se pintó a principios de marzo de 2020 para reivindicar «un malecón público y verde».
Podría decirse que, tras la desprotección de estos terrenos por parte del Gobierno de España, con la resolución del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre decretada el pasado 8 de febrero por la Dirección General de la Costa y el Mar, la empresa Prosagunsa ha tomado las riendas de su propiedad que espera poder urbanizar después de 35 años de litigios judiciales, aunque ahora tendrá que ser el Ayuntamiento en solitario, seguramente en la próxima legislatura, el que tome la decisión de recurrir el deslinde ante la Audiencia nacional, como ya hizo en 2014 o sentarse a negociar con la propiedad sobre el proyecto de urbanización que ha planteado.
