La noticia de que Espais Econòmics Empresarials, sociedad participada por la Generalitat Valenciana, ha decidido contratar una serie de abogados especialistas para conseguir bajar los precios, dictados por los tribunales, en los terrenos donde se ubicará la gigafactoría de Volkswagen ha levantado fuertes críticas en la capital morvedrina. Desde Compromís per Sagunt, el concejal Pepe Gil se muestra contundente: «Esto es un desprecio a los trabajadores y a los pequeños propietarios de estos terrenos. Cuando se construyó Parc Sagunt I la Generalitat Valenciana no recurrió ninguno de los justiprecios de entonces, de hecho quien acudió al tribunal contencioso recientemente ha visto multiplicado el precio inicial ofrecido por la empresa».
El concejal nacionalista considera que la empresa con participación publica, Espais Econòmics Empresarials, debería «pensarse el no recurrir los justiprecios fijados por los tribunales porque en caso de hacerlo todos los propietarios acudirán también a los tribunales de lo contencioso para asegurarse unos precios justos por sus tierras, alargando aún más todo el proceso». Gil asegura que su partido, Compromís per Sagunt, «pide, de forma expresa, que la Generalitat Valenciana retire los recursos interpuestos a los justiprecios y pague a los propietarios lo que la justicia les ha reconocido».
Gil argumenta que los precios fijados por los tribunales están basados en una ley que articula cuáles son las posibles ganancias que puede tener el propietario a lo largo de 75 años, con lo que «hay que tener claro que los precios no se han marcado de forma arbitraria y que deben ser los tribunales competentes los que fijan esos justiprecios en función de la aplicación de la ley. Desde Compromís per Sagunt exigimos la retirada inmediata de los recursos y que las cosas se hagan sin llevarse por delante de los propietarios. En definitiva, que se cumpla la ley y punto».
El concejal deja claro, para terminar su argumentación, que su partido nunca ha estado en contra de la instalación de la gigafactoría y de sus empresas auxiliares sino que «sencillamente lo que defendemos es que estas instalaciones industriales no se realizen a expensas de los propietarios de las zonas afectadas. Queremos la gigafactoría, pero queremos que las cosas se hagan bien y sin dejar a nadie atrás», concluye Gil.
