El grupo municipal de Esquerra Unida (EUPV) en el Ayuntamiento de Sagunto ha presentado una moción en el pleno de este mes de febrero para reiterar la solicitud a la Generalitat Valenciana para que modifique la normativa en materia de violencia de género y machista, estableciendo la competencia en dicha materia por parte de las entidades locales, en el marco legislativo en materia de igualdad y violencia de género.
Del mismo modo, piden que se dote económicamente a las unidades de igualdad en su totalidad, incluyendo el ámbito de atención básica a víctimas de violencia de género, y que dichas unidades estén incluidas dentro del marco legislativo en materia de igualdad, y no como una unidad más dentro de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana. Por otro lado, desde esta formación solicitan al pleno que inste a la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas a la reversión de todos los servicios de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, para su gestión directa con medios humanos y materiales suficientes.
Cabe recordar que el pasado 27 de octubre de 2022, el pleno del Ayuntamiento de Sagunto acordó, por unanimidad, una declaración en apoyo al Área de Igualdad solicitando a la Generalitat Valenciana la modificación de la normativa en materia de violencia de género y machista, estableciendo la competencia en dicha materia por parte de las entidades locales, en el marco legislativo en materia de igualdad y violencia de género.
«Desde 2004, año en el que se creó el Área de la Dona con personal y presupuesto propios separada de la estructura del Departamento de Servicios Sociales, se ha venido trabajando sin descanso por la implementación de políticas públicas de Igualdad para hacer de nuestra Ciudad más igualitaria y libre de violencias machistas. Un enorme trabajo que, no solo ha recibido diferentes premios y reconocimientos, sino que lo más importante, ha ayudado a miles de mujeres de nuestra Ciudad en los casi 20 años que tiene el Departamento», afirma el portavoz de esta formación, Roberto Rovira.
A pesar de esto, con la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022 se modifican, entre otros, los artículos 28 y 29 de la Ley de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana eliminando las competencias municipales en materia de violencia de género y machista para que sean asumidas por la Generalitat Valenciana.
«Los responsables de la modificación de la ley parecen desconocer como nuestra ciudad y otras a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana, trabajan día tras día con mujeres, acompañándolas y asesorándolas en la toma de decisiones, haciendo un trabajo de intervención integral gracias a las profesionales de las que dispone el Área de Igualdad. Pero no solo hablamos de una retirada de las competencias municipales en materia de violencia de género. Por si esto no fuera poco, Sagunto depende del “Centro Mujer Rural de Segorbe” que, además de estar a más de 30 kilómetros de nuestra ciudad está gestionado por una empresa privada dependiente de la Conselleria», explica el concejal de EUPV.
Como apunta Rovira, «a pesar de que el Departamento de Igualdad sigue haciendo su trabajo día tras día y que el Ayuntamiento ha solicitado la delegación de competencias, la incertidumbre sigue estando encima de la mesa, situación en la que se encuentran también otros Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana».
Y es que, según el portavoz de EUPV, «hemos pasado de tener las competencias en esta materia, gestionándolo de manera directa con grandes profesionales y con atención inmediata a depender de los servicios de una empresa que además funciona con un sistema de cita previa. Esta situación no favorece a las víctimas ni a sus familias, es una manera de hacer negocio con la violencia de género y las víctimas pagado con dinero público. Algo similar a lo que ocurre con las residencias para personas mayores que son un negocio redondo para un puñado de empresas, a costa de peores salarios, mayor precariedad y peor servicio».
