Tal y como ha venido informando este periódico, la actividad del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Rodrigo, que es de titularidad municipal, es impropia para una hacienda local como, en este caso, es la de Sagunto, además, sus costes se han disparado y alcanzan ya el millón de euros. Téngase en cuenta que cuando este centro inició su andadura, en el curso 2000 – 2001, lo hizo con nueve profesores y en la actualidad ya cuenta con una veintena.
Solo la nómina de este colectivo alcanza la cifra de 997.708,96 euros. Como consecuencia de estos elevadísimos costos del conservatorio, los alumnos también tienen que soportar unas tarifas muchísimo más caras que las que abonarías si el centro perteneciera a la red de la Generalitat, que equivalen a una quinta parte de lo que se paga actualmente. Aún así, el déficit que soporta el Ayuntamiento anualmente sigue siendo altísimo.
Lo sorprendente del caso es que el Ayuntamiento de Sagunto siga soportando el gasto de esta actividad impropia desde hace más de 20 años. Sin embargo, la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022, publicada en el BOE del 22 de enero de este año, es decir, han transcurrido ya seis meses desde su entrada en vigor, contempla el de la cesión a la Generalitat.
Efectivamente, en su Sección Segunda aborda la «Integración de los conservatorios profesionales de música y danza de las administraciones locales en la Red Valenciana de titularidad de la Generalitat». Sin duda, una oportunidad magnífica para que se pueda materializar la cesión y, de esta manera, ahorrarle al Ayuntamiento una cuantía por encima del medio millón de euros anual y, al mismo tiempo, que los alumnos se ahorren alrededor de un 80% de lo que pagan ahora por matrícula y tasas. Siendo de destacar que en la Comunitat Valenciana ya se han producido las cesiones de los conservatorios de Benicarló y Liria.
Ante esta situación claramente insostenible, que tantos perjuicios ocasiona a las arcas municipales y a los propios usuarios del centro, Iniciativa Porteña presentará al próximo pleno municipal de este jueves, el ordinario de julio, una moción en la que viene a solicitar que el Ayuntamiento de Sagunto ceda el Conservatorio a la Generalitat de forma urgente. Hay que tener en cuenta que según establece la citada Ley 7/2021, de 29 de diciembre, el primer paso que hay que dar es el de solicitar la cesión por acuerdo del pleno municipal: «Solicitud del titular del centro. La solicitud se realizará por acuerdo del Plenario correspondiente».
Precisamente, la moción de IP se apoya en esta normativa, según detalla en su parte expositiva: «Hace unos meses, el gobierno autonómico hizo una serie de modificaciones legales que pueden ayudar en el camino de ceder el conservatorio de música municipal, a la Generalitat Valenciana. En la sección II del capítulo VI de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, se hace referencia a la Integración de los conservatorios de música y danza de las administraciones locales en la red valenciana de titularidad de la Generalitat».
Más adelante, resalta la moción de Iniciativa Porteña que ha de ser el pleno el que apruebe la cesión: «Concretamente en esa parte de la ley, explica el régimen Jurídico de Integración de los Conservatorios Profesionales de Música y Danza de las Administraciones Locales en la Red Valenciana de titularidad de la Generalitat. En el supuesto de que cumpliéramos con los requisitos para poder iniciar la cesión, el primer paso sería un acuerdo plenario, por lo que desde Iniciativa Porteña entendemos que se deberían iniciar los trámites previos a ese acuerdo plenario, mediante la emisión de diferentes informes técnicos que abrieran el camino a esa aprobación plenaria».
La propuesta de acuerdo, en el primer punto de la moción señala: «El ayuntamiento de Sagunto iniciará de inmediato el estudio para tramitar la cesión del Conservatorio de Música Municipal a la Generalitat Valenciana». En el segundo se establece un plazo límite: «En el supuesto de que se cumplan los requisitos, el acuerdo de cesión se traerá al pleno para su aprobación, en un plazo máximo de tres meses».
