La Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022, publicada en el BOE del 22 de enero de este año, por lo que este viernes se cumplen, justamente, seis meses desde su entrada en vigor, contempla, entre otros asuntos, uno de especial interés para el municipio de Sagunto. Efectivamente, en su Sección Segunda aborda la «Integración de los conservatorios profesionales de música y danza de las administraciones locales en la Red Valenciana de titularidad de la Generalitat».
La oportunidad es inmejorable para que el municipio de Sagunto tramite la cesión del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Rodrigo, de titularidad municipal, cuyo coste corre a cargo, en su mayor parte, de los presupuestos municipales desde su fundación, en el curso académico 2000/2001.
En este sentido, cabe recordar que en la liquidación de 2021 del Ayuntamiento de Sagunto, los ingresos por la tasa del conservatorio ascendieron a un total de 163.513’13 euros, por lo que se puede deducir que el total de alumnos se situó en unos 140, aproximadamente, de los que 50 solicitaron la beca municipal, lo que implica unos 16.000 euros menos del total de los ingresos. Por otro lado, la transferencia desde la Generalitat Valenciana para el conservatorio, correspondiente al curso 20-21, ascendió a los 100.000 euros, pero a 31/12/2021 solo había un ingreso reconocido por 10.570’24 euros. En total, se puede hablar de unos ingresos reales que rondan los 247.000 euros.
Sin embargo, en 2016, que es el último dato de que se dispone, el coste efectivo para las arcas consistoriales de este centro educativo ascendió a 792.798,49 euros. Esta cifra refleja nítidamente que esta actividad es altamente deficitaria, puesto que, si se restan los 247.000 euros de ingresos entre tasas y la subvención de la Conselleria de Educación, el agujero se sitúa en unos 514.000 euros anuales. Aunque teniendo en cuenta los actuales costes de personal y Seguridad Social esa cifra se ve muy superada.
Téngase en cuenta que en el año 2000 el Ayuntamiento de Sagunto convocó un concurso oposición para cubrir nueve puestos de profesor de música para su posterior contratación laboral temporal en el nuevo conservatorio, a tiempo parcial, bajo la modalidad de travesera, saxofón, trombón, piano y música de cámara, clarinete, violín, canto, trompeta y armonía. Pero, según la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Sagunto correspondiente a 2021, el profesorado asciende ya a veinte personas. Es decir, desde sus inicios se ha duplicado la plantilla y, por tanto, el gasto de personal, que se aproxima al millón de euros.
Es evidente que los ciudadanos de Sagunto tienen que soportar todos los años un auténtico dineral para mantener una actividad que en ningún caso es propia de un Ayuntamiento y mucho menos en las actuales circunstancias, donde Sagunto, que ha cerrado 2020 y 2021 con déficit o ahorro negativo, atraviesa por una situación económica particularmente complicada.
Menor coste para el alumnado
Por otro lado, la transferencia del Conservatorio a la Generalitat también reportaría un gran beneficio para el conjunto del alumnado de este centro, que, como se ha indicado, constituye un amplio colectivo. Téngase en cuenta que, independientemente de que el nivel del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Rodrigo sea de igual, menor o mayor calidad que el de la red pública de la Generalitat, pues en este sentido hay opiniones encontradas, lo que si se puede asegurar es que el conservatorio de Sagunto es muchísimo más caro.
Como ya indicó este periódico en su edición anterior, este centro tiene establecidas, además de una matrícula, unas tasas para todos aquellos que quieran cursar estudios musicales. En este caso, cada estudiante debe abonar por la matriculación una cuantía de 140 euros y 345 euros de tasa por trimestre, como la duración del curso son nueve meses, lo que debe aportar al final asciende a la cantidad de 1.175 euros. Sin embargo, en un conservatorio de la red de la Generalitat, como, por ejemplo, el de la Vall de Uxó, el coste anual para una persona que cursa estudios de cuarto, supone 256,95 euros. Se trata de un caso real.
Teniendo en cuenta que de acuerdo con las Tasas Educativas no Universitarias 2022, establecidas por la Generalitat Valenciana, en las enseñanzas profesionales, como es el caso, se abona por curso completo y asignatura un total de 51,39 euros, que, por cinco asignaturas en total, alcanza los 256,95 euros citados. Esto representa un 21,86% de lo que se paga en el conservatorio de Sagunto. Así pues, se puede concluir que si este centro educativo de titularidad municipal pasara a ser gestionado por la Generalitat, sus alumnos pagarían una quinta parte de lo que abonan ahora y podrían seguir optando, además, a las becas del Ministerio de Educación y Ciencia.
Ni que decir tiene que transferir el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Rodrigo de Sagunto a la Generalitat solo reportaría ventajas para las sufridas arcas municipales y, desde luego, para el alumnado, que reduciría el gasto por tasas y matrículas a una quinta parte de lo que paga actualmente.
Hacer los deberes
Ayer jueves, en la Comisión de Hacienda que celebró el Ayuntamiento de Sagunto, el portavoz del PP, Sergio Muniesa Franco, solicitó información al tripartito municipal sobre la decisión de anular las becas del Conservatorio, que para el representante del PP es otra muestra de improvisación: «La reciente noticia de que por parte del tripartito se haya anulado la convocatoria de becas del Conservatorio, deja en evidencia, no solo la imprevisión del equipo que preside el socialista Darío Moreno, sino la falta de trabajo por no haber iniciado tramite alguno para que la Conselleria asuma el conservatorio, su coste y su gestión».
También reserva unas palabras el portavoz del PP para el concejal de Educación, José Manuel Tarazona: «Parece mentira que el concejal de Educación, hoy, además, presidente de la Lira Saguntina, desprecie de ese modo a los estudiantes de música y el alcalde se lo consienta. Casi se carga la UNED, la Universidad Popular y ahora van a por el conservatorio».
Más adelante, resalta Muniesa que, si las becas son una competencia impropia, más lo será el Conservatorio: «Si la justificación del por qué han eliminado las becas se debe a que se trata de una competencia que no debemos asumir, igual pasa con el conservatorio que se trata de una competencia impropia que, desde el primero de enero, es posible su integración en la Red Valenciana de titularidad de la Generalitat, si se inicia el procedimiento».
El portavoz del PP recuerda que llueve sobre mojado: «La pasada legislatura el tripartito decidió reducir la tasa a los alumnos de fuera del municipio y reducir las becas a los alumnos de la ciudad, que ahora han eliminado, justificando la medida en lograr incrementar el número de alumnos y, con ello, la garantía de que la Generalitat asumiría el coste de mantener el conservatorio. El centro que cuesta cerca de un millón de euros y a la Generalitat de Puig se le ha olvidado su compromiso de asumirlo. Cinco años más tarde vemos que esa realidad es que el coste de ese millón de euros lo asume casi íntegramente el Ayuntamiento debido al incumplimiento de todas las premisas para que sea asumido por la Generalitat».
El portavoz popular ha resaltado que el Ayuntamiento todavía no ha iniciado la tramitación para ceder el Conservatorio: «Cuando hemos preguntado al tripartito que si después de seis meses han realizado algún estudio de costes concreto para iniciar el procedimiento de integrar el conservatorio en la red pública, la respuesta ha sido que no. Desconocemos cuál es el motivo ni el por qué, cuando con ese trámite se garantizaría la continuidad de la titularidad pública del conservatorio, la estabilidad de los empleos y la reducción sustancial del coste a los alumnos».
Finaliza Sergio Muniesa acusando al tripartito de no ser reivindicativo ante instancias gestionadas por sus mismos partidos, como es el caso de la Generalitat: «Al tripartito que componen PSOE, Compromís y EU, les cuesta reivindicar cuando se trata de los suyos. No inician los trámites para reclamar a los suyos que cumplan con sus compromisos. Ni lo han hecho en el pasado de forma voluntaria y tampoco ahora que disponen del procedimiento para hacerlo».
