En la tarde de ayer jueves, 2 de junio, se celebró una reunión de los vecinos residentes en residencial Zarabanda, situada en calle Antonio Blesa Martínez de Puerto Sagunto, un grupo de viviendas ubicado en las proximidades del Hospital. La mayoría de ellos, afectados por la posibilidad de ser desalojados de sus casas, según una sentencia judicial a instancias del SAREB.

A dicha reunión fueron invitados los grupos políticos del consistorio, aunque, una hora antes de la reunión fueron desconvocados algunos de los portavoces municipales que el día de antes habían sido invitados a la reunión. Finalmente, en el encuentro con los vecinos estuvieron presentes el alcalde del municipio, Darío Moreno, el concejal del grupo no adscritos, Carlos López, así como los ediles de Iniciativa Porteña, Manuel González y Juan Guillén.

En el transcurso de esta reunión, una representación de los vecinos afectados por la delicada situación explicó a los asistentes las últimas novedades producidas que, básicamente, consisten en que desde la Generalitat se han puesto en contacto con el SAREB para intentar llegar a una solución satisfactoria para los afectados. Dicha solución pasaría por ofrecer a los vecinos la posibilidad de suscribir un contrato de alquiler o bien adquirir la vivienda, si bien matizando que ambas posibilidades se harán con el respectivo precio de mercado. Una tercera opción consiste en que aquellos vecinos que opten por dejar la vivienda que ahora ocupan, dispongan de un tiempo prudencial mas largo para que no tengan que desalojar la vivienda en apenas unas semanas, para lo cual, la SAREB no instará al Juzgado a que ejecute la orden de desalojo, ha explicado Juan Guillén a este periódico.

La situación de estos vecinos, según relataba el concejal porteño, Juan Guillén, «representa una auténtica injusticia social a pesar de que una reciente sentencia dictaminó que debían desalojar la vivienda, que ocupaban desde hace años y por la que venían pagando religiosamente un alquiler».Algunos representantes municipales se reunieron este jueves con los vecinos

Guillén ha señalado, asimismo, que desde Iniciativa Porteña valoran positivamente la solución propuesta por el SAREB, después de la intermediación de la Conselleria de Vivienda, porque, según ha reseñado: «no podemos olvidar que la SAREB, conocida popularmente como el banco malo, fue creada para absorber productos inmobiliarios escandalosamente sobrevalorados de los bancos y, por tanto, absorber esos productos tóxicos bancarios y evitar el colapso de numerosas entidades bancarias. Dándose, además, la “escandalosa” situación de que, después de adquirir esos inmuebles al precio que figuraba en el balance de esos bancos, es decir, a precio de oro, fueron ofrecidos a precio de ganga a fondos de inversión y fondos “buitre”. Todo esto a cuenta de miles de millones de euros que salieron del sufrido bolsillo del contribuyente español».

Más adelante, Guillén indicaba que «resultaría paradójico que la SAREB, que nos ha costado y sigue costando un auténtico dineral a los españoles a beneficio de bancos y sociedades de inversión, actuara al más puro estilo especulativo, instando el desalojo de 60 familias que fueron estafadas por un entramado de empresas fantasma, para poder disponer de esas viviendas y volverlas a vender para sacar un jugoso beneficio. En este contexto, las administraciones públicas, en este caso la Conselleria de Vivienda, no podía ponerse de perfil, poniendo todo de su parte para llegar a una solución socialmente justa».

Por otro lado, el concejal segregacionista comenta la posibilidad, apuntada por los propios vecinos en el transcurso de la reunión, de denunciar a la empresa que, al parecer, los ha estafado, alquilándoles unas viviendas de las que no era propietaria.

Para comprender por qué se ha llegado hasta aquí, Juan Guillén explica: «Para entender la situación actual debemos retrotraernos en el tiempo, ya que las familias de residencial Zarabanda fueron objeto de una estafa. La empresa constructora que alquiló las viviendas no las elevó a escritura pública y tampoco lo hicieron las sucesivas gestoras como RKS Real Estate. Mientras tanto, la empresa constructora quebró y fue “rescatada” por la SAREB, que adquirió esas viviendas por 8,5 millones de euros. En ese momento la empresa estatal inició el proceso de desahucio ante el Juzgado competente, que una vez comprobó que esos contratos no se elevaron a escritura pública, los declaró nulos. Es decir, todo un lío judicial y de quiebra de empresas y rescates del SAREB donde los vecinos han actuado siempre de buena fe y pagando religiosamente».