La empresa propietaria del edificio les ha comunicado que tienen que abandonarlo antes del 29 de junio

Las familias afectadas por el desahucio de una finca en el PAI Pinaeta se reunirán con Francesc Fernández

Este edificio fue promocionado por el Instituto Valenciano de la Vivienda Este edificio fue promocionado por el Instituto Valenciano de la Vivienda
Martes, 24 Mayo 2022 18:30

El pasado 18 de mayo, un total de 70 familias residentes en un edificio en la zona de la Pinaeta de Puerto de Sagunto, fueron comunicadas que deberían de abandonar sus viviendas antes del próximo 29 de junio. Se trata de un edificio que promocionó el Instituto Valenciano de la Vivienda en la legislatura 2003-2007 y que se construyó en este PAI del núcleo porteño, en un terreno de titularidad pública, y que, después, pasó a ser propiedad privada del grupo Ática.

Estas familias se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sagunto para ver de qué forma se podría mediar para poder buscar una solución a este problema. De este modo, como ha podido saber El Económico, los afectados se van a reunir con el concejal de Vivienda, Francesc Fernández, este miércoles, 25 de mayo, por la tarde, además de que acudirán al pleno del consistorio saguntino que se celebrará este jueves.

Por su parte, la Oficina Municipal de la Vivienda (OMHA) del Ayuntamiento de Sagunto ha puesto sus servicios de asesoramiento y de mediación a disposición de las familias afectadas. «Las personas que ocupan estas 70 viviendas lo hacen en un concepto de alquiler asequible, con una opción a compra, con un valor máximo de la vivienda y, evidentemente, está regulado por una serie de contratos», ha informado el concejal de Vivienda, Francesc Fernández.

El edil ha manifestado su apoyo a las familias y ha declarado que desde la OMHA están a disposición de las familias para asesorar y mediar: «De hecho, ya se está produciendo una intermediación, un asesoramiento, porque como ya dijimos en su momento también disponemos del asesoramiento jurídico que presta el Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV) en un servicio absolutamente gratuito, que se presta el lunes en el Centro Cívico y que ya han venido algunas personas a tratar».

A lo que ha añadido: «Nosotros, además de poner en conocimiento del ICAV esta cuestión, también lo hemos puesto en conocimiento de la Conselleria, para que la consellera de Vivenda estudie el caso y evidentemente ofrezca una solución para todas las personas o para aquellas que están en situación de vulnerabilidad». El concejal espera que «entre todos seamos capaces de llevar a cabo una gestión que resuelva este problema que, por otro lado, podría producirse en estos momentos en que el mercado inmobiliario está bastando movido».

Antecedentes

El edificio en cuestión es una finca de protección oficial situada en el PAI Pinaeta de Puerto de Sagunto en la que viven 70 familias. «Ahora que han pasado diez años del contrato firmado con la Generalitat Valenciana, la empresa nos ha informado a través de un burofax que tenemos que abandonar nuestras viviendas porque quieren disponer del inmueble para venderlo entero. Además, ya se han puesto en contacto con algunos vecinos para preguntar cuándo pueden acudir a firmar la resolución contractual», ha informado Verónica Gea, una de las vecinas afectadas.

Como señala esta ciudadana, a pesar de que hay familias que llevan viviendo en este edificio casi una década, algunos de los inquilinos tienen el contrato firmado desde marzo de 2019, «por lo que, según señala la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, tienen derecho a quedarse en sus inmuebles otros siete años más y la empresa tampoco quiere respetárselos».

Las familias que viven en este edificio lo hacen en régimen de alquiler asequible y, aunque algunos inquilinos estén pagando alrededor de 300 euros, la gran mayoría pagan un alquiler en torno a los 500 euros. «Ahora mismo es muy difícil colocar a 70 familias tal y como está el mercado inmobiliario en la ciudad donde los alquileres están muy por encima de este precio; hay personas que sí que podrían hacer frente pero en el edificio también viven personas mayores y familias en una situación económica difícil», señala Verónica Gea.

Además, como ha explicado esta vecina, los contratos firmados eran con opción a compra pero afirma que la empresa «nos ha estado dando largas o dándonos precios desorbitados, por ejemplo, por mi vivienda que tiene dos habitaciones, dos baños y unos 50 metros cuadrados útiles, nos han pedido 195.000 euros mientras que a otras familias que le han pedido quedarse en alquiler, la empresa les ha dicho que solamente les es rentable si empiezan a cobrarles 1.200 euros al mes, un precio desorbitado».

Según han informado los vecinos de este edificio, actualmente solamente le han notificado la orden de desahucio para el próximo 29 de junio pero, por ahora, no hay ningún procedimiento judicial abierto para tal fin. «La mayoría lo que pedimos es que nos den más tiempo, qué mínimo que seis meses para poder buscarnos otra vivienda en condiciones, no un mes como nos han dado, aunque hay familias que no quieren irse pero porque no pueden irse por la situación en la que se encuentran», explica Verónica Gea.

Como solución posible a este problema, los vecinos apuntan que, al tratarse de un terreno de titularidad pública y al haber sido una promoción del Instituto Valenciano de la Vivienda, la Conselleria de Vivienda es la única que tiene derecho al tanteo por lo que la Generalitat Valenciana podría ejercer este derecho para poder comprar el edificio entero y ofrecerlo para alquiler social.


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Modificado por última vez en Miércoles, 25 Mayo 2022 20:14

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