La AAVV Bonilles-Romeu, AAVV Tres Barrancs y el Centre d’Estudis del Camp de Morvedre han querido valorar la sentencia, no firme, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por el cual se estima parcialmente el recurso presentado por Lafarge Cementos contra el Decreto del Consell de la Generalitat por el cual se protegía y declaraba el Paraje Natural Municipal (PNM) de Romeu de Sagunt que se hizo pública hace unas semanas.
«En primer lugar no compartimos el sentido del fallo del TSJCV por el que deja provisionalmente sin efecto el Decreto del Consell que protegía el PNM de Romeu; es poco comprensible que de los ocho fundamentos y argumentos alegados por Lafarge contra la protección del PNM seis hayan sido desestimados por el TSJCV, y tan sólo 2 argumentos hayan sido estimados en favor de los intereses de Lafarge (con muchas dudas por parte del TSJCV) y en cambio el resultado de la sentencia sea que se anula en su totalidad el Decreto de protección del PNM», explican.
Respecto al argumento para anular el PNM de que el Decreto de protección carece de una memoria económica concreta y mecanismos de financiación definidos para la gestión del PNM «resulta chocante y extraño que cuando el objetivo primordial y básico de la protección de todo espacio natural es blindar mediante un planeamiento urbanístico y una normativa de regulación restrictiva de usos y actividades que puedan alterar o destruir los valores naturales, paisajísticos, patrimoniales y de uso público por los que se quiere proteger un espacio natural (cuestión que no tiene un coste económico añadido para la administración que gestiona un espacio natural), el TSJCV se haya centrado para anular la protección del PNM en que, a su juicio, no existe una partida económica concreta para la gestión del PNM por parte del Ayuntamiento de Sagunto».
Como señalan: «Esta dotación económica concreta para la financiación y gestión del PNM es un aspecto totalmente subjetivo y secundario que, en todo caso, depende de la disponibilidad presupuestaria y de las prioridades políticas del momento. Por todo ello consideramos muy extraña esta consideración del TSJCV, no obstante, esta cuestión es muy fácilmente subsanable por parte del Ayuntamiento de Sagunto y la Conselleria implicada».
Respecto a la argumentación de la «supuesta» carencia de suficiente motivación de la protección del PNM de Romeu y ponderación de los intereses medioambientales y públicos frente a los intereses económicos mineros de Lafarge, «dicha resolución del TSJCV nos parece impropia del siglo XXI y se basa en la interpretación de una ley totalmente obsoleta, desfasada y preconstitucional (la Ley de Minas de 1973) que ya debería haber sido derogada o profundamente modificada, siendo una de las escasas leyes de la Dictadura que todavía siguen vigentes sin modificación cuando las necesidades y circunstancias sociales, económicas, políticas y sobre todo de concienciación y valoración del medio ambiente nada tienen que ver entre 1973 y la actualidad».
«Pese a reconocer el TSJCV dudas respecto a la decisión tomada y reconocer que el PNM de Romeu tiene valores ecológicos de importancia incomprensiblemente ha decidido anular la protección del PNM; sin embargo consideramos que, a pesar de la interpretación del TSJCV, con una mejor y mayor especificidad de la justificación de los valores a proteger del PNM de Romeu y con una ponderación también más clara de la necesidad de prevalencia de la preservación de los intereses públicos y medioambientales frente a los intereses mineros de una empresa se debe, y se podrá, conseguir la protección definitiva del PNM de Romeu», afirman.
Del mismo modo apuntan que, «aunque evidentemente consideramos negativa la resolución del TSJCV en lo referente a los efectos actuales que tiene (anulación provisional del decreto de protección del PNM) podemos extraer conclusiones muy importantes, positivas y esperanzadoras en aras a la conservación y protección integral y definitiva del PNM en un futuro muy próximo».
Así pues, estas entidades consideran que en el recurso interpuesto por Lafarge, además de solicitar la anulación del Decreto de protección del PNM de Romeu, también se solicitaba expresa y subsidiariamente al TSJCV reconocer la compatibilidad entre la actividad minera extractiva y la protección de los valores ambientales del PNM de Romeu, así como solicitaba también la exclusión de determinadas parcelas de la superficie protegida del PNM. «El TSJCV ha respondido expresamente a estas cuestiones citando que con la anulación de la protección del PNM NO se reconoce en ningún caso la compatibilidad entre la actividad extractiva de Lafarge y la protección de los valores ambientales del PNM. Siempre hemos considerado que es incompatible en un mismo lugar la actividad extractiva a cielo abierto y la conservación de los valores naturales de un paraje, porque la actividad extractiva supone la destrucción total e irreversible a escala temporal humana de todo el medio natural previo. De igual manera, la resolución del TSJCV tampoco reconoce que deban prevalecer los intereses económicos mineros frente a los intereses públicos y medioambientales», afirman.
«Finalmente otro aspecto muy esperanzador es que el propio TSJCV reconoce sus dudas, de hecho y derecho, sobre el sentido de la resolución que ha emitido y por ello NO condenan en costas a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica», recuerdan.
Por todos estos motivos, «lo que en principio podía parecer una valoración muy negativa de la resolución del TSJCV, si se analiza en perspectiva y profundidad no lo es tanto, y esperamos con optimismo un recurso de casación frente a esta y/o la elaboración de un nuevo Decreto de protección del PNM de Romeu mejorado que subsane las posibles deficiencias y mantenga el perímetro, superficies y garantías de protección del actual».
En este sentido, y a raíz de esta sentencia, estas dos entidades van a solicitar «de manera urgente» una reunión formal con el alcalde de Sagunto, también por su condición de concejal de Medio Ambiente, «porque consideramos que tiene sensibilidad medioambiental para que nos explique cuál es la situación y qué medidas piensa adoptar desde el Ayuntamiento de Sagunto, así mismo le expondremos nuestras propuestas y exigencias de actuación al respecto».
De este modo quieren exigir que la Conselleria competente, con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto, «se pongan a trabajar inmediatamente en la interposición del debido recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la resolución del TSJCV».
En segundo lugar, y de manera paralela, solicitan que tanto la Conselleria, como el Ayuntamiento de Sagunto «pongan en marcha con celeridad la elaboración y aprobación de un nuevo Decreto del protección del PNM de Romeu que corrija y subsane las posibles deficiencias existentes que ha considerado el TSJCV».
Cómo ultima exigencia piden al alcalde «que se pongan en marcha algunas de las actuaciones como la creación de nuevas rutas, señalización, etc., en el paraje de Romeu que se comprometió públicamente a iniciar en una visita de trabajo al paraje y de las cuales no tenemos ninguna noticia cuando nos acercamos ya hacia el final de la legislatura». Igualmente solicitan que se convoque de nuevo el Consell de Participació del PNM de Romeu para tratar estos asuntos, «porque dicho Consejo asesor y Participación del PNM se creó con mucho retraso y tan sólo se ha convocado en una ocasión sin resultados conocidos».
«En definitiva, consideramos que la protección definitiva e integral del PNM de Romeu se finalizará y aunque se retrase algo más acabará consiguiéndose porque el interés general y las necesidades ambientales deben prevalecer. Nos encontramos en una situación de emergencia climática y a los considerables beneficios económicos, y de creación de miles de empleos, que generará una industria tecnológica más limpia, cómo la megafactoria Volskwagen en Sagunto, y la llegada de otras numerosas empresas, debe sumarse la protección y conservación de nuestros espacios naturales más próximos para compensar los posibles impactos ambientales negativos que puedan derivarse. Es por ello que, más que nunca, las administraciones públicas deben ser responsables y proteger nuestras masas forestales y espacios naturales para luchar contra el cambio climático y compensar posibles efectos adversos de la llegada de nuevas empresas e infraestructuras», finalizan.
