Tras la reunión que se celebró el pasado viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunto, donde el alcalde del municipio, Darío Moreno, trasladó a una representación de los vecinos de Churruca las conclusiones del informe elaborado por los servicios jurídicos de Aigües de Sagunt, acerca de la cesión del depósito de agua, la decepción y el desánimo ha cundido entre los vecinos, que empiezan a percibir con claridad cuál será el final de este episodio, es decir, que tendrán que costear de su bolsillo los gastos del derribo de esta instalación que amenaza ruina, cuyo coste rondará los 90.000 euros.

Como se recordará, fue el pasado septiembre cuando el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Sagunto notificó de forma oficial a los vecinos la «Resolución declaración ruina legal depósito agua grupo Churruca Papa Inocencio III».

En el transcurso de esta reunión quedó meridiano que no hay forma legal que permita a la empresa que gestiona el ciclo integral del agua, Aigües de Sagunt, hacerse cargo de los gastos de rehabilitación o derribo de la instalación, según la opción que se elija, a no ser que obtuviera la propiedad del depósito. Aquí, precisamente, es donde se localiza el punto troncal del conflicto, pues la Comunidad de Propietarios debería formalizar por unanimidad una cesión que, sin embargo, será materialmente imposible poder realizar. Por tanto, si esta cesión no se pudiera producir, que será lo más probable, el coste del derribo recaería de manera subsidiaria entre los propietarios y por extensión, en el vecindario del barrio.

El Ayuntamiento de Sagunto notificará ahora a todos los propietarios del barrio Churruca que deben dar su consentimiento unánime a la cesión de esta instalación para que pueda asumirla Aigües de Sagunt, no obstante, con que un solo dueño no cumpla este trámite, no se podría llevar a cabo la cesión. Téngase en cuenta que muchos de estos inmuebles ya son propiedad de bancos o fondos de inversión, lo cual dificultaría todavía más, que se pudiera completar la cesión del cien por cien del depósito.

La tarea no es sencilla, según las escrituras que se realizaron en su momento, el barrio de Churruca se compone de 369 viviendas, 10 tiendas o locales comerciales y dos quioscos. Así pues, lo que cada propietario debería de abonar de media por el derribo del depósito de agua, rondaría los 236 euros, aunque, como hay unas casas que tienen más superficie que otras, es decir, mayor cuota de participación, está claro que ese único pago será mayor para los propietarios de los pisos más grandes.

Decepción vecinal

Tras conocerse el desenlace de este litigio, en la reunión del viernes de la pasada semana, las dos vecinas que retomaron el movimiento vecinal en el barrio se han mostrado bastante decepcionadas por este desenlace que, a decir verdad, tampoco les ha sorprendido mucho.

En este sentido, Jennifer Cortijo, en su cuenta de Facebook se despedía de los vecinos, explicando dónde se encuentra el problema: «Sabemos que esta información no es del agrado de nadie. Teníamos la esperanza de poder solucionarlo, junto con la ayuda del Ayuntamiento, pero por temas legales, no pueden asumir la donación, si el 100% de los propietarios no está de acuerdo y firman la cesión, lo que ya hemos dicho que para nosotros es imposible conseguir, ya que no sabemos los propietarios reales de cada vivienda y tampoco tenemos acceso a la documentación del barrio. No tenemos acceso ni a escrituras, libro de actas, CIF, etc. Siguen en manos de los representantes anteriores».

Más adelante agregaba,: «dado que no hemos podido conseguir ningún tipo de documento las personas que fuimos elegidas elegidas en la anterior asamblea, no hemos podido consolidar legalmente nada, por lo que ahora mismo no actuamos como junta directiva, solo como representantes de los vecinos afectados por la situación. Esperamos haber estado a la altura de la responsabilidad que habíamos asumido, pero en estos momentos ya no podemos hacer nada más que seguir informándonos».

Por su parte, Clara Salvador, también vecina de Churruca, que, junto a Jennifer Cortijo, fue elegida para representar al vecindario, en declaraciones a este periódico ha señalado: «Las posibilidades de ceder el depósito son, básicamente, ninguna, porque es completamente inviable que cada propietario gestione la cesión de la participación que tiene en la propiedad. Estamos hablando de 369 viviendas. Esto es algo que el Ayuntamiento de Sagunto lo sabe perfectamente. Mi sensación es que el Ayuntamiento tampoco ha ayudado. Han intentado hacer ver que el Ayuntamiento ha puesto de su parte en todos los aspectos y durante todos estos trámites, pero ellos ya sabían cuál iba a ser el final, por eso mi sensación es de derrota total».

Más adelante, Clara Salvador reconoce que no han sido pocas las dificultades: «Desde los vecinos hemos hecho todo lo que se ha podido, todo lo que estaba en nuestra mano, teniendo en cuenta que no teníamos una representación legal. Nos hemos dado de bruces con la burocracia en muchas ocasiones, con dificultades en el Registro de la Propiedad para conocer las propiedades, con dificultades a la hora de obtener documentación, con dificultades con los señores que dicen ser los representantes de la sociedad civil particular, cosa que no se ha averiguado legalmente en qué situación se encuentra esa sociedad civil particular».

Concluye Clara Salvador describiendo lo que, en su opinión, ha sucedido realmente: «El Ayuntamiento esta haciendo ver que la culpa es nuestra. Todo esto se hace para limpiarle la cara a un ‘no he hecho nada por este barrio ni pienso hacerlo’. Simplemente lo que van a hacer es derribar el depósito y pasarnos las cuotas por propietario».