Es un hecho que el Ayuntamiento de Sagunto tendrá que asumir, más pronto o más tarde, la desalinizadora construida por Acuamed. Efectivamente, como consecuencia del convenio regulador para la financiación y explotación de las obras de esa instalación, firmado entre la Sociedad Estatal Acuamed y el Ayuntamiento de Sagunto el 11 de enero de 2007, el cual sigue estando plenamente vigente y del que emana una relación entre las partes de naturaleza convenial o contractual.
En aquellas fechas, cuando se suscribió este acuerdo tan poco ventajoso para los intereses del municipio, el Gobierno municipal estaba formado por los mismos partidos que en la actualidad: PSOE, Compromís y Esquerra Unida, estando ocupada la Alcaldía por Gloria Calero Albal, que hoy ostenta la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valencina.
Al hilo de lo anterior cabría recordar que en el último pleno municipal de Sagunto del año 2020, celebrado de forma telemática el 30 de diciembre, se aprobó una declaración institucional a instancias de la Asociación Vecinal La Forja, por unanimidad de todos los grupos políticos, en la que se dictaminaba que los servicios jurídicos del propio consistorio saguntino preparasen una demanda contencioso-administrativa que permitiera anular el convenio regulador para la financiación y explotación de las obras de la desaladora de Sagunto. Según lo aprobado en la sesión plenaria, esta demanda sería presentada antes de tres meses desde la toma del acuerdo, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021, sin embargo, el Gobierno municipal de Sagunto ha renunciado a esta iniciativa legal, no así Acuamed, que sí ha demandado al Ayuntamiento de Sagunto para reclamarle más de 5 millones de euros, una mínima parte de lo que el municipio terminará asumiendo.
Las cifras
El coste de la planta desalinizadora según el convenio firmado entre las partes ascendía a 31.482.333,90 euros, pero el gasto real fue mucho mayor, habiendo alcanzado finalmente la cuantía de 37.864.215,30 euros. Es decir, 6.381.881,40 euros más de lo previsto. Según Acuamed, este incremento se debe, fundamentalmente, al aumento en el importe de las expropiaciones, que se cifran en 5.454.477,87 euros, así como en otras cuantías que no fueron contempladas en la fecha de firma del Convenio, tales como costes internos de Acuamed, que la entidad cifra en 827.891,58, gastos financieros por importe de 1.125.636,85 euros y operación y mantenimiento de la instalación desde que finalizaron las obras hasta enero de 2018 que ascienden a 1.721.923,99 euros. También se produjeron durante el proceso algunas economías que compensaron, en parte, los sobrecostes.
Uno de los argumentos más sólidos esgrimidos por el Ayuntamiento de Sagunto es el de la verificación de los costes, ya que según se indica, el Departamento de Mantenimiento del consistorio no dispone de la documentación que permita verificar los gastos indicados por la empresa Acuamed. Por otro lado, aseguran desde la instancia municipal, que tampoco se ha participado en las Comisiones de Seguimiento del Convenio, por lo que no se dispone de los debidos elementos de juicio para poder determinar si le corresponde al Ayuntamiento asumir los sobrecostes que no estaban previstos inicialmente en el Convenio. Como se puede apreciar, el Ayuntamiento no está discutiendo si debe asumir o no la instalación, sino ajustes económicos con el promotor de esta planta desalinizadora.
Situación anómala
Sin embargo, en este acuerdo se da una situación bastante anómala, ya que el Ayuntamiento de Sagunto, mediante la firma del convenio con Acuamed llevada a cabo del 11 de enero de 2007, hizo el encargo para que se construyera y pusiera en marcha la planta desalinizadora, pero, catorce años después, el propio consistorio parece desentenderse de aquella decisión, dándole largas a Acuamed, de ahí que, finalmente, la sociedad estatal presentara una demanda, a través de la Abogacía del Estado, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Valencia, donde se reclama el pago de 5.232.536,97 euros, cuantía correspondiente a una serie de facturas emitidas por Acuamed, cuyo detalle se refleja en el cuadro. Todo esto pone de relieve que, en su momento, el Gobierno municipal tomó un acuerdo de enormes repercusiones económicas para el municipio, que terminará asumiendo y que, lógicamente, modificará al alza las tarifas del agua que se aplican actualmente a los ciudadanos.
Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento ha renunciado a defender sus intereses desde el momento en el que descartó preparar una demanda contencioso-administrativa que permitiera anular el convenio regulador para la financiación y explotación de las obras de la desalinizadora de Sagunto, pese a que lo acordó el propio pleno municipal. Es decir, el consistorio no se ha centrado en romper el aspecto troncal del conflicto, que es la firma de un convenio absolutamente desfavorables para los intereses generales del municipio.
Así es, se ha limitado, más bien, a cuestiones colaterales que emanan de la entrada en vigor del propio contrato, como, por ejemplo, el acuerdo adoptado por la junta Local de Gobierno el pasado 14 de enero de «Iniciar procedimiento de responsabilidad patrimonial contractual nº 2/22 con el nº de expediente 912833Z, en virtud de la reclamación formulada por ACUAMED». De este procedimiento, cuya instrucción se ha encomendado a la secretaria general del Ayuntamiento de Sagunto, se ha informado a la empresa ACUAMED, así como al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia, que es donde se tramita la demanda presentada por la Abogacía del Estado en nombre de ACUAMED.
El final de todo esto pasa porque la desalinizadora termine incorporándose al sistema de suministro de recursos hídricos, lo que implica, por un lado, asumir el pago millonario de esta inversión, que hasta ahora asciende a más de 40 millones de euros. Por otra parte, introducir en el circuito esta nueva fuente de suministro también acarreará otros problemas.
Efectivamente, hay que tener en cuenta varios factores, en primer lugar, que el suministro de agua potable en el municipio es competencia exclusivamente municipal y que está delegada en Aigües de Sagunt, S.A., como concesionaria del servicio. Por lo que, de alterarse por un suministro directo por Acuamed a algún usuario actual de Aigües de Sagunt, S.A., supondría, entre otros efectos contractuales, una merma significativa de los ingresos que de igual forma deberían compensarse. Puesto que una reducción de los volúmenes suministrados a los abonados actuales supondría una alteración del equilibrio económico financiero de la concesión. Consecuentemente, Aigües de Sagunt, S.A. debería solicitar el reequilibrio concesional al Ayuntamiento de Sagunt.
Por otro lado, también hay que tomar en consideración que la incorporación al sistema de distribución del agua desalada, que es mucho más cara, supondrá la modificación al alza de la actual tarifa de suministro de agua en Sagunto, con el objeto de que se repercutan adecuadamente los costes del agua desalinizada sobre los distintos usuarios y, de esta forma, se garantice que pueda quedar cubierto lo que cueste el servicio.
Pero aún hay más, también habrá que tener en cuenta que si una parte del agua que actualmente procede de la Estación Potabilizadora (ETAP) deja de consumirse, al utilizarse agua desalada, eso tendrá como consecuencia un incremento en el precio unitario (€/m3) del agua de la ETAP, al aumentar la repercusión de los costes fijos sobre los totales del agua producida, teniendo en cuenta que los costes fijos de la ETAP, que soporta el Ayuntamiento de Sagunto, son proporcionales al volumen de agua concedido, siendo independiente del volumen de agua que consuma.
A modo de síntesis
En definitiva y a modo de síntesis, se puede concluir indicando que con el encargo de una planta desalinizadora que en 2007 no era necesaria y en 2022 tampoco, se ha creado un problema donde no lo había, primero, generando un coste de más de 40 millones de euros que terminará repercutiéndose en el recibo del agua, después, dando encaje en el sistema de distribución a esta instalación que proporciona unos recursos hídricos mucho más caros. Por otro lado, si la desaladora se destina al suministro industrial, que sería otra opción, se originará un desequilibrio en el sistema de tarificación de Aguas de Sagunt, que también implicará un incremento sustancial del precio del recibo del agua a los usuarios. Estas son las razones por las que 14 años después de que se firmara el acuerdo, el Gobierno municipal siga dando largas a este conflicto, cuyo final pasa por aumentar el precio del recibo del agua a los vecinos.
