El martes de esta semana, sobre las 10:30 horas de la mañana, los técnicos de las Demarcación de Costas de Valencia visitaron los terrenos del Malecón de Sierra Menera para realizar el nuevo deslinde de esta pastilla de suelo, propiedad de Prosagunsa por sentencia judicial, de unos 70.000 metros cuadrados.
En el acto, de carácter administrativo, también estuvieron presentes personal de la Generalitat Valenciana, representantes de la propiedad, y una representación del consistorio, encabezada por el alcalde, Darío Moreno, el concejal de Urbanismo, Francesc Fernández, el edil de Iniciativa Porteña, Juan Guillén, el jefe del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Sagunto, así como miembros de Acció Ecologista Agró y de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Esta es la segunda vez que se realiza el acta de apeo para delimitar el deslinde de esta propiedad, la primera se llevó a cabo en la mañana del 26 de marzo de 2013.
Sin embargo, todo el proceso iniciado con la primera acta de apeo quedó en nada, gracias a la acción legal emprendida en su momento por el Ayuntamiento de Sagunto. Efectivamente, el Ayuntamiento de Sagunto presentó ante la Audiencia Nacional un contencioso contra la resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, siendo también codemandados la Autoridad Portuaria de Valencia, Cofivacasa y la propia Prosagunsa.
El consistorio saguntino recurría, mediante esta acción judicial, contra la Resolución de la ministra de Medio Ambiente de 30 de junio de 2014 por la que se aprobaba el deslinde que excluía del dominio público marítimo terrestre la finca registral 37.075, inscrita en el Tomo 1735, Libro 383, Folio 27 en el Registro de la Propiedad nº 1 de Sagunto. Es decir, la delimitación de los terrenos propiedad de Prosagunsa.
La Audiencia Nacional, en sentencia recurrible en casación, que luego cobró firmeza, declaraba que dicha resolución era nula por su disconformidad a Derecho, con desestimación del resto de las pretensiones planteadas por el Ayuntamiento de Sagunto en la demanda. A partir de aquí podría decirse que todas las actuaciones vuelven a la casilla de salida, de ahí que se haya tenido que elaborar un nuevo deslinde y que Costas vaya a desafectar este suelo del Dominio Público Marítimo Terrestre. En cuanto la parcela objeto del litigio quede perfectamente delimitada y excluida del dominio público, el Ayuntamiento de Sagunto tendrá que asumir un problema de gran calado, puesto que si no quiere concederle a la empresa propietaria los derechos urbanísticos que pudieran corresponderle, tendrá que expropiarle este suelo, asumiendo unos costes económicos muy elevados.
Volver a los tribunales
El concejal de Urbanismo, Francesc Fernández, que piensa plantear batalla judicial ante este conflicto, considera que «la nueva delimitación del dominio público marítimo terrestre que excluye el malecón está predeterminada y no atiende a la legalidad, ni tan solo al sentido común». Es más, agrega que «es una propuesta totalmente injustificada y arbitraria, que atenta gravemente, no solo contra los intereses municipales sino también contra los del propio Estado, ya que ni siquiera se reconoce como propietario».
Por otro lado, el edil nacionalista resalta que la posición de Costas coincide con los intereses de la propiedad: «Además, tal y como quedó en evidencia en el acta de apeo, la demarcación de Costas ni siquiera ha analizado ni contestado a nuestras alegaciones de febrero, después de seis meses. Han ido a fijar la misma modificación que establecieron en 2014 y que coincidía con los intereses de Prosagunsa, la cual pidió, a continuación, una expropiación por un valor de 100 millones de euros».
También critica Fernández que la nueva propuesta no haya tenido en cuenta las catas geológicas realizadas por el Ayuntamiento de Sagunto, de 4 metros y medio de profundidad, y se ha limitado a catas de apenas 30 cm., lo que califica de «una auténtica burla contra la inteligencia».
Más adelante, afirma el concejal de Urbanismo que Costas vuelve a incurrier en el mismo error: «Y todo esto a pesar de la sentencia firme de 5 de junio de 2018 que anuló la delimitación que hizo Costas por no haber respectado los preceptos de la propia Ley de Costas. Ahora tampoco. Y esperamos que la justicia tome nota porque entendemos que se está incurriendo en el mismo error y esto, evidentemente, ya es sospechoso porque la propia sentencia pidió que se atendiera al procedimiento y no se está atendiendo a ese procedimiento».
Para Francesc Fernández no hay ninguna duda de que la razón la tiene el Ayuntamiento de Sagunto. En este sentido, asegura que lo demostró «de forma objetiva y rigurosa con todo tipo de argumentos». En esta línea argumental resalta, en primer lugar, que: «la propuesta estatal de localización física de la finca registral 37.075 incurre en un vicio de predeterminación, anulado por la sentencia de la Audiencia Nacional. Se demuestra con la cartografía de la propia Menera y con imágenes aéreas que nosotros hemos aportado. La línea de costa ha evolucionado desde la concesión demanial de 1915 hasta ahora. Concede a la empresa terrenos que, en 1915, eran del mar. Y, por tanto, dominio público indisponible que atenta contra la misma Constitución. Es decir, que se están reconociendo como terrenos para Prosagunsa los terrenos que, en 1915, eran del mar».
Por otro lado, Fernández indica que tampoco se ha seguido ni depurado la historia catastral de esta finca 37.075 porque hay una segregación previa de una finca original que generó una parcela, la 20.388, que es propiedad de Cofivacasa y, por tanto, del Estado. En este sentido concluye Fernández: «Es decir, que el Estado es propietario de una parcela que el propio Estado no reclama y que parece que regala a Prosagunsa. Un escándalo que el propio Estado, el Ministerio de Industria, por un lado, pretende sacar beneficio de una parcela que está en dominio público; y, por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente, del mismo Estado, que debería recuperar esa parcela, cambia la línea de costas a favor de una empresa privada, Prosagunsa, y en contra de su propio patrimonio».
Respecto a las catas geológicas aportadas por el Ayuntamiento de Sagunto a la Audiencia Nacional, Fernández dice que «demuestran que gran parte de los terrenos que Costas quiere excluir de la demarcación marítimo terrestre, son realmente dominio público de manera natural y, por tanto, indisponible, no se puede excluir de eso que ha sido mar».
A modo de conclusión, el edil responsable del Urbanismo municipal, Francesc Fernández, ya adelanta que volverán a la vía judicial para defender los intereses del municipio: «En definitiva, y como conclusión, el terreno del Malecón, que se pretende dejar fuera del dominio público marítimo terrestre, es en gran parte dominio natural, como acreditan las catas, o propiedad del Estado, como acredita el registro de la propiedad. Si no reconocen estas evidencias, tendremos que volver, de nuevo, a los tribunales. Y será para ganar, definitivamente, el Malecón para el pueblo».
