El Pleno municipal del Ayuntamiento de Sagunto aprobó este miércoles instar al Gobierno de España a que actúe ante el encarecimiento continuado del coste de la electricidad, después de que durante este verano se hayan batido los récords y máximos históricos del precio de la luz, algo a lo que se suma la previsible tendencia ascendente en este aspecto. La moción sobre las nuevas tarifas, presentada y defendida por el portavoz del Grupo Municipal Compromís, Francesc Fernández, salió adelante con los votos a favor de PSOE, Compromís, Esquerra Unida, Iniciativa Porteña y Partido Popular y las abstenciones de Ciudadanos y VOX.
Entre los acuerdos adoptados destaca pedir al Ejecutivo estatal que exija «la transparencia de los costes reales de producción, transporte y distribución de la electricidad así como la realización de auditorías independientes y públicas de los costes reportados por las empresas del sector». Asimismo, se le solicita que modifique el sistema actual de fijación del precio de la energía y aplique «un sistema basado en el coste real de cada una de las fuentes de producción». En esta misma línea se le reclama que requiera a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia una investigación sobre «las causas reales de la subida de los precios mayoristas y actúe con urgencia para revertir los abusos que hayan podido realizar las empresas eléctricas implicadas».
Del mismo modo, se insta al Gobierno central a tomar las medidas necesarias para reducir el impacto del incremento de costes sobre los pequeños consumidores, pymes, pequeño comercio y personas que teletrabajan, mediante el impulso de «un cambio en el sistema de tarificación en que se eliminen los tramos fijos y las personas usuarias paguen en función de aquello que consumen», siguiendo el «principio de progresividad».
En este sentido, se exige que «reconozca el carácter de bien esencial de la electricidad y el derecho humano a la energía», garantizando el acceso de una cantidad básica a toda la ciudadanía. También se insta al Ejecutivo a revisar y modular las cargas impositivas vinculadas a la energía eléctrica siguiendo principios de progresividad fiscal así como a establecer de manera efectiva y permanente la prohibición de llevar a cabo cortes de suministro en viviendas en condiciones de vulnerabilidad.
En la misma línea va la petición de implementar programas de ayudas y apoyo técnico, en colaboración con la administración autonómica, destinados a la mejora de la eficiencia y el ahorro energético en edificaciones de todo tipo así como para impulsar el autoconsumo.
Por otra parte, se insta al Consell de la Generalitat Valenciana y a las diputaciones provinciales a «continuar desarrollando e intensificando las diversas iniciativas de apoyo financiero y técnico a las entidades locales para mejorar la eficiencia y ahorro energético en las edificaciones y servicios municipales», a impulsar también el autoconsumo y seguir igualmente implementando programas con idénticos fines dirigidos a los diferentes sectores económicos y sociales.
La propuesta se ha justificado teniendo en cuenta cuestiones de interés público general, según se explica en la moción, argumentando que «la manera en la cual se ha regulado y se está aplicando esta nueva estructura tarifaria y de facturación penaliza de manera desproporcionada a las familias, pequeñas empresas, personas trabajadoras autónomas, personas que teletrabajan»… «mientras mantiene intacta la opacidad, el descontrol y la arbitrariedad que caracterizan al mercado eléctrico español».
Además, se señala que no existe transparencia respecto a los costes de la energía y se recuerda que el acceso a «un bien básico y esencial como es la electricidad» constituye un derecho de la ciudadanía y se lamenta que se encuentre «una vez más supeditado a los intereses del oligopolio eléctrico».
Por estos motivos se considera que es necesario «que la Administración General del Estado se implique decididamente y apoye» un «cambio de modelo energético en el ámbito de sus competencias» y, en particular, en lo relativo a «la eliminación de barreras regulatorias al autoconsumo individual y compartido».
