Ante el litigio existente entre el Ayuntamiento de Sagunto y ACUAMED por la polémica instalación de la planta desaladora, donde la propia ACUAMED podría denunciar al municipio por incumplimiento del convenio firmado en 2007 a instancias del gobierno municipal de aquella época, el portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, ha recordado que «se da la circunstancia de que las tres fuerzas que ahora gobiernan, también gobernaban en la legislatura 2003-2007, que es cuando se decidió que era necesaria esa desaladora. La realidad es que esa instalación ni nos hacía falta entonces, ni nos hace falta ahora».
Sin embargo, el portavoz segregacionista explica que «de manera incomprensible el equipo de gobierno autorizó a Gloria Calero [entonces alcaldesa de Sagunto] a la firma de un convenio que nos ha llevado a un callejón sin salida. El Ayuntamiento se comprometió a pagar los costes de la construcción de la desaladora, en un convenio a 25 años desde el momento en el que comenzara a producir agua desalada. El coste inicial era de 25 millones de euros, pero hubo sobrecostes y se fue hasta los 43 millones, que es lo que pretende ACUAMED que sea costeado por el Ayuntamiento de Sagunto, o lo que es lo mismo, por los ciudadanos del municipio».
A los gastos de la construcción hay que sumar los de producción del agua, mantenimiento de la instalación y beneficio industrial, por lo que «teniendo en cuenta que será cargado directamente al recibo del agua, nos enfrentamos a una subida que puede suponer más de un 40% sobre el coste actual», advierte el líder de IP.
Por otro lado, recuerda González que ante la propuesta de la Asociación Vecinal la Forja, el pleno municipal aprobó hace más de seis meses, «el estudio de los servicios jurídicos municipales para ver si era posible denunciar la no validez del convenio, dados los sobrecostes y las diferencias en las condiciones pactadas inicialmente».
Lealtad a la ciudadanía
Todas las fuerzas políticas coinciden y sociales del municipio coinciden en que la mejor solución para dar salida a este litigio pasa porque que el coste de esa desaladora sea cargado a toda la cuenca hidrográfica, aunque, según detalla Manuel González: «es una cuestión que en ningún momento han querido abordar desde otras administraciones. No obstante, tengo que decir que veo cierto conformismo por parte, especialmente, de Darío Moreno, al que no he escuchado decir ni una sola palabra para denunciar la prepotencia de sus compañeros de partido, que gobiernan en Valencia y en Madrid, y que se niegan a poner soluciones a este error histórico».
González también ha resaltado que cuando se firmó el convenio con ACUAMED no se tuvieron en cuenta las consecuencias que tal firma podría acarrear en el futuro: «en aquel entonces no se tuvieron en cuenta los problemas que podía acarrear. Compromís, PSOE y EU le deben la máxima lealtad al municipio que gobiernan, por lo que, si se tiene que recurrir a los tribunales, deben dejarse de paños calientes, porque el tiempo pasa y las consecuencias serán gravísimas», pronostica el portavoz de IP.
