En la sesión municipal de ayer jueves se acordó, a instancias de IP, llevar a estudio en comisión la creación de un censo canino por ADN

El Ayuntamiento de Sagunto estudiará la creación de un censo canino por ADN

El comportamiento incívico de una minoría, criminaliza a todos los propietarios de perros El comportamiento incívico de una minoría, criminaliza a todos los propietarios de perros
Viernes, 28 Mayo 2021 10:45

En el pleno celebrado ayer jueves por la tarde, Iniciativa Porteña llevó un ruego en el que, entre otras cuestiones, se trataba la creación de un censo canino mediante la recogida del ADN de los perros del municipio».

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Según explica el portavoz de IP, Manuel González, esta petición viene condicionada ante las «continuas quejas de la ciudadanía por la presencia de excrementos de perro en numerosas calles y plazas de nuestro pueblo. Por ello, creemos que es necesario tomar medidas que nos permitan localizar a aquellos que incumplen las normas en tenencia de animales y convivencia».

El portavoz de Iniciativa Porteña cree que la mayoría de propietarios tienen un comportamiento cívico: «tengo muy claro que la mayoría de los propietarios de perros tienen un comportamiento cívico y recogen los excrementos de sus animales; es una pena que, por culpa de una minoría, se criminalice en algunos foros a todos los propietarios de animales, por lo que nuestra obligación es primero informar y advertir de que existen unas normas, para después buscar a quienes estén incumpliendo esas normas y hacerles pagar la correspondiente sanción».

Por otro lado, recuerda el representante de Iniciativa que el registro por ADN canino se está aplicando en 47 municipios, «de los cuales hay 11 en la Comunidad Valenciana, destacando Xátiva, Utiel, Nules o Utiel. En España, el ejemplo más destacable es Málaga, donde están censados más de 35000 perros, el 80% de los que viven en esa ciudad. Allí la iniciativa se implantó en 2018 y ha sido calificada de rotundo éxito».

El ruego presentado por Iniciativa Porteña contaba con un informe del Secretario General en el que se indicaba que se tenía que aclarar el coste de esta propuesta, además de que durante el debate surgieron algunas cuestiones que requerían de un estudio más profundo «así que decidimos que este asunto fuera estudiado por los técnicos y tratado en la comisión informativa de Bienestar Social, para ver la idoneidad y los costes de aplicación en el municipio. Ese fue el compromiso alcanzado en el pleno», matiza el portavoz de IP, Manuel González.


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