Ante la indignación vecinal por la subida del 20 por ciento de la tasa de reciclaje de residuos emitida por el Consorcio, desde el Partido Popular recuerdan que exigieron hace meses la reducción de la tasa debido a la preocupante situación económica actual, «porque su simple retraso al último trimestre del año significa retardar un desembolso que no alivia la presión económica a la que se ven sometidas las familias y empresas que conforman el Consorcio».
En ese sentido, el portavoz del PP, Sergio Muniesa Franco, afirma que «retrasar al último trimestre el pago de esta tasa cuando se puede bonificar, es un timo para los vecinos afectados. Y todo con el único objetivo de hacer frente al déficit que ha generado la gestión del PSOE y Compromís, con el beneplácito de EU, en el Consorcio, de más de tres millones de euros que se ha generado con facturas por la regularización de precios desde 2016, a los que se suman otros conceptos generados en 2017 y 2018, y que no fueron tenidos en cuenta en los estudios de costes de esos años».
Destaca Muniesa que «este tasazo, de más del 20% de subida, es el tercer aumento consecutivo en cuatro años desde que gobiernan la coalición de izquierdas actual, y con ello demuestran una falta de sensibilidad real frente a las dificultades económicas a las que nos estamos enfrentando».
Opina el portavoz del PP, que la izquierda que representan tiene por bandera «la gestión nefasta de los recursos, gasta más de lo que ingresa, y lo solucionan de la forma más fácil, aumentar las impuestos y tasas, para que sean los vecino, los que soporten su incompetencia».
Cobro sin previo aviso
Añade el representante del PP que este afán recaudatorio no solo ha causado indignación entre algunos vecinos por el incremento del 20%, sino porque además han visto, como novedad y sin previa notificación, el cobro de la tasa por una actividad que no genera reciclado, «por dos rayas en el suelo de un garaje colectivo de una finca como si se tratara de una vivienda individual».
Concluye el portavoz popular destacando que los vecinos se quejan, con razón de la mala gestión, «puesto que se presupone que antes de pasar el recibo al cobro hay una previa comprobación de a qué corresponden las referencias catastrales de los inmuebles gravados. Esa pésima gestión es achacable únicamente a quienes hoy son los responsables de la dirección del Consorcio y que la pagan, injustamente, los vecinos».
