Los partidos de la oposición municipal en el Ayuntamiento de Sagunto, a través de sus respectivos portavoces, también se han pronunciado de forma unánime en contra respecto al decreto del Gobierno de España, coincidiendo de esta forma con los postulados que defienden Compromís y Esquerra Unida, socios del PSOE en el Gobierno de Sagunto. Puede afirmarse, por consiguiente, que Darío Moreno y su grupo está solo en el Ayuntamiento en la defensa de los postulados gubernamentales respecto al destino de los remanentes de tesorería o superávits.
IP en contra, aunque matiza la clase de superávits
El portavoz de IP, Manuel González, aclara, en primer lugar, las causas por las que se puede producir superávit municipal: «es importante decir que cuando hay superávit en un municipio, se puede dar por dos razones. La primera porque se ahorra o se generan más ingresos que los presupuestados, y la segunda razón es porque no se gasta el dinero en aquellas cuestiones que se presupuestaron».
Llegados a este punto, González explica la situación del consistorio saguntino en esta materia: «En el caso del Ayuntamiento de Sagunto, se producirá superávit aún teniendo una gestión peor que pésima, algo que voy a tratar de explicar. El presupuesto municipal que prepararon los del tripartito, contemplaba unos ingresos de 85 millones de euros, cantidad que no vamos a alcanzar ni de lejos. Esta errónea previsión es la primera muestra de mala gestión, pero claro, ustedes se preguntarán ¿cómo va a haber superávit en Sagunto, si se ingresa menos de lo presupuestado? La respuesta es muy sencilla, y es que son tan malos malísimos, que no cumplen con las previsiones de gasto y muchísimo menos con las inversiones previstas, con lo que, al no gastar dinero, se produce superávit, pero no por una buena gestión, sino por incapacidad manifiesta de quienes gobiernan en el Ayuntamiento».
En cuanto al tema nuclear, que es el decreto ley del Gobierno de España, el portavoz de IP señala: «Ahora bien, ante la cuestión de si el gobierno de la nación debe disponer del superávit municipal, desde IP queremos mostrar nuestra más absoluta oposición, puesto que los ciudadanos ya tributan al Estado y esto supondría una carga que no tienen porque pagar los ayuntamientos que tienen esos remanentes. En nuestro caso, esperamos que impere la cordura, a ver si además de que tenemos unos pésimos gestores del presupuesto municipal, nos encontramos con que el dinero que han sido incapaces de gastar en cuestiones necesarias se nos va hacia las arcas del Estado. Eso sería imperdonable».
Finalmente, González confía en que la Corporación se oponga a esta iniciativa: «si finalmente es voluntaria la decisión, esperamos que junto a otros partidos seamos capaces de mostrar el rechazo a esa cesión del superávit, que en nuestro municipio se ha empleado este año en cuestiones acordadas por unanimidad, como el plan de empleo o el plan de ayudas a los autónomos».
PP, ataque al municipalismo
El representante del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sagunto, Sergio Muniesa Franco, también se muestra especialmente crítico con la medida gubernamental, que no duda en calificar de ataque al municipalismo: «Se trata de un ataque al municipalismo y una injerencia intolerable en la autonomía local de los ayuntamientos, y por ello anunciamos hace un mes que en el pleno íbamos a presentar una proposición para que el Gobierno de España no se apropie de los ahorros de las entidades locales. El Gobierno de Sánchez debe rectificar esta decisión de expropiar los ahorros de los ayuntamientos».
Por otro lado, Sergio Muniesa reitera el esfuerzo extraordinario que han realizado los ayuntamientos, con independencia del color de sus gobiernos, durante esta crisis sanitaria y económica, que, en su opinión: «no solo no se ha visto correspondido por el gobierno de Pedro Sánchez, que no ha destinado ni un solo euro en apoyo de las entidades locales, sino que, ahora, además, amenaza con la pretensión de esquilmar los ahorros acumulados por los ayuntamientos, apropiándose de sus superávits».
En esta línea argumental, el líder conservador acusa al Gobierno de la nación de atentar contra la autonomía consistorial: «Vía decreto ataca la autonomía local reconocida en la Constitución y somete a un chantaje inaceptable a las entidades locales. Es una decisión que no responde a las necesidades y peticiones de los municipios y, por ello, lo que exigimos es que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades. Es inadmisible mantenerse callado ante este expolio que vulnera los más esenciales principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de los ayuntamientos».
Por otro lado, Muniesa resalta que se trata de una decisión impuesta: «Es inaceptable tolerar un acuerdo que se impone a todos los alcaldes de España y que deja marginadas a miles de corporaciones locales, que verían que no van a recibir ni un solo céntimo para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas del coronavirus. Ahora le toca a hablar al municipalismo y defenderse del abandono económico al que nos están sometiendo y del ataque que supone esta medida pactada por Sánchez y la Junta de la FEMP, con los únicos votos a favor de los alcaldes socialistas más el voto de calidad de calidad de su Presidente, el socialista Abel Caballero y la cobarde abstención de Unidas Podemos».
Ciudadanos, una trampa
Aunque con un tono más moderado en las formas, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sagunto, Salvador Montesinos Zamorano, también muestra su oposición a este decreto del Gobierno de España: «Desde Ciudadanos, estamos demandando en todos los municipios que el Gobierno no intervenga los ahorros, en nuestro caso los de Sagunto. Estamos trabajando para defender nuestro dinero, que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir. Un colchón económico que, posiblemente, sea la única garantía que tengamos para poder superar esta terrible crisis».
El edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sagunto, Montesinos, considera que el remanente de tesorería puede ser el único recurso del que disponga el municipio para hacer frente a sus emergencias: «pensamos que este ahorro es fundamental para ayudar a nuestra población y revertir su dinero en proyectos constructivos que generen riqueza en nuestra ciudad. Ese dinero es vital para impulsar nuestra economía local, crear puestos de trabajo y ayudar a garantizar servicios sociales dignos para los más desfavorecidos. Las ayudas a nuestras familias y nuestras empresas locales son, ahora más que nunca, necesarias».
Más adelante, Montesinos califica de trampa el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la FEMP: «consideramos que en estos momentos no nos pueden pedir más. El acuerdo entre el Gobierno y la FEMP es una trampa. Crea desigualdad entre los españoles y, lejos de solucionar los problemas de financiación de algunos ayuntamientos, impide que los que sí tenemos dinero podamos gastarlo cuando más lo necesitamos, en la peor crisis de la historia reciente. En definitiva, una vez más, queda al descubierto la caótica gestión del Gobierno, donde su soporte reside en los ahorros de los municipios, navegando a la deriva y sin rumbo. Esta actuación evidencia la improvisación del Gobierno de coalición, que a la espera de los fondos europeos y de consensuar unos presupuestos imprescindibles para superar la crisis, tiene como única herramienta para subsistir nuestros ahorros».
Vox, chantaje y fraude
Por último, el único edil de Vox en el Ayuntamiento de Sagunto, Alejandro Vila Polo, tampoco es partidario de que los remanentes municipales terminen en manos del Gobierno de la nación. Es más, califica este acuerdo de chantaje y fraude: «Desde Vox Sagunto estamos totalmente en contra de este acuerdo y lo consideramos un chantaje y un fraude para todos los municipios españoles, especialmente para aquellos que han cumplido unos planes fiscales y de gasto responsables, una vez más el PSOE y Podemos vuelve a demostrar que creen que el dinero es suyo y no de los españoles».
El representante de Vox en el consistorio saguntino, Alejandro Vila Polo, explica las razones por las que consideran un chantaje este acuerdo: «Decimos que es un chantaje porque quienes no entreguen los remanentes de tesorería municipales quedaran al margen del reparto de ayudas y transferencias. Una vez más el Gobierno quiere volver a enfrentar a los españoles creando, en esta ocasión, municipios de primera categoría, municipios con remanente que aceptan el chantaje; y los de segunda, municipios con remanente que no lo aceptan; y municipios sin remanente, a los que condenan definitivamente. En estos momentos tenemos que centrar estos recursos en bajar impuestos y tasas municipales, en compensar pérdidas a los autónomos y empresas, para ayudar a los más necesitados, incentivar la recuperación del empleo, ayudar al sector turístico y agrícola y ahora solo van a poder ser destinados a la agenda ideológica de izquierdas, incrementando el gasto en el adoctrinamiento ideológico».
En esta línea de rescatar recursos públicos, el edil, de Vox aboga por la «supresión de toda superestructura administrativa y duplicidad, como primer paso para hacer frente a la deuda contraída con Bruselas. La hipocresía socialista ataca a la autonomía municipal y, no solo chantajea a quienes no están dispuestos a entregar sus remanentes, sino que fija las prioridades de gasto de los municipios. Las funciones de los municipios son la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia, el orden en las calles, la limpieza viaria, y los servicios municipales, y lo que se pretende es implicar a los municipios en cuestiones que les son absolutamente ajenas y el Gobierno decirle donde deben gastarse el dinero».
Concluye en representante de Vox en el Ayuntamiento de Sagunto, Alejandro Vila Polo, con una reflexión: «Después de exprimir fiscalmente a los ciudadanos y a las empresas, el Gobierno sigue sin tener los recursos necesarios para financiar un gasto público desbocado. Es en este contexto en el que hay que situar su deseo de confiscar o, mejor, incautarse de los superávits generados por los ayuntamientos».
