El 1 de septiembre se celebró una reunión telemática donde ya participaron los primeros ediles de 31 ciudades, todas ellas contrarias al modelo de ayudas contra la COVID-19 acordado

El Decreto Ley que ‘incauta’ el superávit municipal, divide al tripartito de Sagunto

Darío Moreno (PSPV-PSOE), Francesc Fernández (Compromís) y Guillermo Sampedro (EUPV) Darío Moreno (PSPV-PSOE), Francesc Fernández (Compromís) y Guillermo Sampedro (EUPV) El Decreto Ley que ‘incauta’ el superávit municipal, divide al tripartito de Sagunto
Viernes, 04 Septiembre 2020 19:43

A principios del pasado agosto saltaba la noticia de que ocho partidos políticos que gobiernan diez importantes ayuntamientos de España, suscribían un documento de rechazo al acuerdo de Hacienda y la FEMP sobre la liberación de los remanentes y el uso del superávit municipal ante la crisis por la COVID-19.

En la mañana del pasado 1 de septiembre se celebró otra reunión telemática donde ya participaron los primeros ediles de 31 ciudades, todas ellas contrarias al modelo de ayudas contra la COVID-19 acordado. El manifiesto aprobado rechaza el acuerdo «por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos. Ese acuerdo vulnera la autonomía financiera de las entidades locales y establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros».

Los municipios adheridos al citado manifiesto son: Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza.

Lo ocurrido a nivel nacional demuestra que los alcaldes, pese a pertenecer a partidos muy distantes ideológicamente, sí se unen en contra de un acuerdo que consideran injusto.

Moreno en la línea oficial

A nivel municipal, la Corporación saguntina está formada por un total de siete fuerzas políticas: PSOE, Compromís y Esquerra Unida, en el Gobierno, mientras que la bancada de la oposición está ocupada por IP, PP, Ciudadanos y Vox. Sobre la valoración de los diferentes dirigentes locales respecto a este asunto, indicar que el alcalde del municipio, el socialista Darío Moreno, como por otra parte es previsible, defiende la línea oficial del partido al que pertenece.

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Moreno valora positivamente la acción del Gobierno de España: «Hay que valorar muy positivamente el esfuerzo que está haciendo el Gobierno central juntamente con la FEMP con respecto a las posibilidades de gasto de los superávits municipales. Es esencial que seamos conscientes de dónde partimos: una regulación, impuesta en su momento por el Partido Popular, que cercena por completo la capacidad del Ayuntamiento de dar utilidad a los superávits municipales, que obliga a que la única posibilidad sea el pago de deudas a las entidades financieras. La propuesta que tenemos encima de la mesa supone una ruptura total con la filosofía anterior y es un gran avance con respecto a las limitaciones existentes».

No obstante, Darío Moreno reconoce que cada consistorio es un mundo: «Habiendo dicho esto, es cierto que cada Ayuntamiento tiene que valorar su situación. En nuestro caso, con un endeudamiento moderado y dada la situación de pandemia que vivimos, optamos por buscar el consenso para poder hacer el mejor uso posible de ese superávit, siempre con la unanimidad de todos los partidos. Teniendo una situación financiera relativamente saneada, nadie podría entender que priorizáramos el pago de deuda por encima de las ayudas a familias desfavorecidas o el apoyo a los comercios de la ciudad, por poner dos ejemplos».

Bajo esta situación de excepcionalidad el alcalde de Sagunto aboga por seguir avanzando en esta línea: «Esa va a seguir siendo la línea, buscar esos amplios consensos para poder dar soluciones a la ciudadanía. Sin embargo, esos consensos serán más fáciles de alcanzar si contamos con las herramientas suficientes por parte de las administraciones locales. Sin duda, este es un gran paso en la buena dirección, en el sentido de incrementar la autonomía de las corporaciones locales de forma que podamos mantener una red de servicios básicos que no deje a nadie atrás y potenciar un crecimiento económico que genere trabajo y riqueza».

Compromís, rechazo total

De forma bien diferente se expresa el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunto, Francesc Fernández, quien se pronuncia en contra del decreto: «Estamos absolutamente en contra y lo estamos por muchos motivos, desde las formas hasta el fondo del asunto, ¿no? Creo que es una de las pocas ocasiones en que se ha llegado a un acuerdo únicamente con una fuerza política, es decir, el PSOE con el propio PSOE han llegado a un acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias sin escuchar al resto de las fuerzas políticas que tienen representación en los ayuntamientos y ha contado, eso sí, con una abstención cómplice del grupo de Podemos e Izquierda Unida, que no se acaba de entender y que parece que quieren rectificar».

Francesc Fernández recuerda que «los ayuntamientos son parte de la administración y han de tener autonomía en sus competencias y suficiencia financiera. De hecho, en el modelo español de la administración, probablemente, los ayuntamientos son la parte más pobre, pero al mismo tiempo es la parte que tiene que hacer frente a las necesidades directas de sus ciudadanos. Ya lo hemos visto claramente durante la pandemia, la primera puerta que cualquier vecino o vecina toca es la de su ayuntamiento porque tiene problemas sanitarios, económicos o sociales, y los ayuntamientos necesitan disponer de recursos para hacer frente a esas necesidades y no es el papá Estado el que nos ha de decir cómo hemos de utilizar estos recursos».

Finalmente, Fernández aboga por que cada ayuntamiento gestione sus recursos: «Lo que hemos de hacer los ayuntamientos es gestionar directamente nuestro superávit, dedicarlo a aquellos objetivos que buscan garantizar que las necesidades básicas de los ciudadanos estén cubiertas y, evidentemente, eso pasa porque este decreto sea retirado y, por supuesto, Compromís, en el trámite parlamentario votará en contra. Creo que este es un muy mal precedente, que atenta contra el consenso y contra la autonomía municipal».

EU, problema antiguo

El portavoz de EU en el Ayuntamiento de Sagunto, Guillermo Sampedro, califica de «culebrón de verano» la polémica que ha levantado este asunto y recuerda que es un problema que viene de antiguo: «Uno de los culebrones de este verano ha sido el de la propuesta del Gobierno central sobre el destino del superávit en los ayuntamientos. Es un problema que viene de largo y que algunas fuerzas como Izquierda Unida venimos denunciando y que no es otro que la infrafinanciación de los municipios, precisamente la administración más cercana y la que primero acude a resolver los problemas de la ciudadanía».

Para Sampedro, el origen de esta problemática se remonta a 2011, cuando PP y PSOE modificaron el artículo 135 de la Constitución: «Esta infrafinanciación histórica se ha visto agravada en los últimos años. Primero en el verano de 2011, cuando PP y PSOE reformaron con nocturnidad el artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda sobre otras necesidades sociales y, ya en 2012, con la infausta Ley Montoro, aprobada a sangre y fuego por el PP y que impedía a los consistorios disponer de sus ahorros para dedicarlos a inversiones prioritarias».

Sin embargo, en opinión de Sampedro, el decreto del Gobierno es la última vuelta de tuerca: «Y ahora llega la última vuelta de tuerca, la que quiere imponer el Ministerio de Hacienda, vulnerando el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que pretendía ampliar las competencias y capacidades de los ayuntamientos y derogar la Ley Montoro. Todo ello para seguir esquilmando a los municipios para que “presten” sus ahorros al Gobierno central».

Concluye Guillermo Sampedro resaltando que el acuerdo inicial ya se ha mejorado y confía en que todavía se avance más en esa línea: «De momento, el acuerdo inicial se ha conseguido mejorar y confiemos que el Decreto-Ley se modifique a la espera de su tramitación en el Congreso. Pero mucho tiene que cambiar la cosa para que, de una vez por todas, desde Madrid se respete el municipalismo y se acepte que los ayuntamientos son mayores de edad para decidir en qué gastan sus recursos y ahorros. Y, sobre todo, se cambie el sistema de financiación local para que la administración más cercana tenga los recursos que sus vecinos necesitan».


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