El último pleno del Ayuntamiento de Sagunto, celebrado el jueves 27 de febrero, aprobó instar al Consell a que reclame formalmente al Ministerio de Hacienda las cuantías adeudadas en concepto de IVA de 2017 que pertenecen por Ley a las Comunidades Autónomas en un plazo máximo de 15 días desde la aprobación, así como, a que emprenda las acciones legales que correspondan para defender los intereses de la Comunidad Valenciana en este aspecto. Además, la propuesta aprobada insta al Consell a solicitar al Gobierno de España que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera a fin de reactivar el órgano encargado de coordinar la Hacienda Estatal y las Comunidades Autónomas que lleva más de un año sin reunirse.
La propuesta fue presentada conjuntamente por el Partido Popular y Ciudadanos y aprobada con los votos a favor de todos los grupos a excepción del PSOE que votó en contra después de presentar una enmienda que fue rechazada.
Según la moción, la entrada en vigor en julio de 2019 del Suministro Inmediato de Información (SII), o IVA en tiempo real, supuso una importante carga formal para las empresas, por lo que el Ministerio de Hacienda permitió retrasar el ingreso de este impuesto. Por este motivo, el IVA de diciembre de 2017 se ingresó en enero de 2018 pero las autonomías no recibieron su parte de la recaudación. Como consecuencia, el Gobierno de España debe a la Comunidad Valenciana aproximadamente 281 millones de euros correspondientes a la recaudación del IVA de 2017, que deberían haberse ingresado en 2018, año que no se efectuó debido a la moción de censura a Mariano Rajoy.
Posteriormente, el nuevo presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, prometió entregar a las administraciones autonómicas los pagos adeudados por razones de IVA, sin embargo, durante el Gobierno en Funciones y sin presupuestos aprobados no se realizó este pago y a principios de 2020 con un Gobierno ya constituido, la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, manifestó que esa cuestión debería haberse resuelto en 2019 y que ya no era posible, según afirma la moción.
De igual manera, en 2018 el Consell comprometió su voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la votación sobre déficit y techo de gasto, a condición de que se devolviera el IVA a la Comunidad Valenciana.
Actualmente, según la propuesta aprobada, la situación de deuda genera tensiones de tesorería en unas comunidades autónomas que legítimamente contaban con esos recursos en sus cuentas públicas, por lo que el Gobierno de España incurre en una apropiación indebida de unos fondos para, según la propuesta, intentar cuadrar sus cuentas, anteponiendo sus fines electoralistas a que los gobiernos autonómicos puedan disponer de su dinero legítimamente para ejecutar sus presupuestos.
Además, como afirma la moción, algunas comunidades autonómicas ya han presentado reclamación formal de esta deuda ante el Gobierno y, en algunos casos, incluso ante los tribunales.
