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Fiscalía Anticurrupción, que es la que inicio el caso, no ha ejercido la acusación, tampoco lo ha hecho el Ayuntamiento de Sagunto, ni partido político o entidad alguna, por lo que, finalmente, la juez no ha tenido más opción que darle carpetazo al asunto

El Juzgado archiva la Operación Flotador: hay indicios de criminalidad, pero no hay acusación

Viernes, 14 Febrero 2020 20:22

aguas de sagunto dentro1Sede de la sociedad de capital mixto, encargada de la gestión del ciclo integral del agua

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El 19 de octubre de 2016 la UDEF efectuaba el primer registro en las dependencias del Ayuntamiento de Sagunto y en varias sedes empresariales, buscaban documentación que aportara luz sobre el proceso de privatización del 49% del ciclo integral del agua, realizado en la legislatura 2003-2007, que salió adelante con los votos a favor del PP, PSOE y Bloc, hoy Compromís.

Se ponía en marcha la denominada Operación Flotador. Sin embargo, después de tres años y cuatro meses de investigación, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sagunto ha decretado el sobreseimiento provisional y consiguiente archivo de la causa.

El pasado lunes, 10 de febrero, se conocía que la juez había decretado el archivo, pero, según figura en el auto, lo ha hecho «a pesar de existir indicios de criminalidad por presuntos delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del C.P., no existiendo parte acusadora pública pues el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones, ni popular, pues en ningún momento procesal del sumario ha solicitado ser parte procesal en el mismo ninguna entidad, corporación, partido político etc. esta instructora no puede continuar el curso del procedimiento y procede dictar el sobreseimiento de las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 641-2ª, así como, en su caso, en el art. 779.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

A criterio de la juez titular del caso, el consistorio de Sagunto, al tomar la decisión de ceder al denominado socio tecnológico, en este caso Aguas de Valencia, el 49% del servicio integral del agua, «renunció a 25 millones de tasa previstos». Por otro lado, al tener que devolver «el canon anticipado por el licitador en concepto de préstamo participativo» se generó un pasivo inicial en la empresa de capital mixto, Aigües de Sagunt, que produjo los consiguientes desequilibrios económicos, por lo que la compañía no tuvo más salida que «el incremento de las tarifas del agua a los vecinos de la ciudad».

No hay delito

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Pero no opina del mismo modo la Fiscalía Anticorrupción, que tiene un punto de vista diametralmente opuesto sobre el caso, pues de todo este procedimiento de privatización encubierta del ciclo integral del agua no observa delito alguno: «dado que las cuestiones sobre las que versan las supuestas irregularidades investigadas admiten diversas soluciones jurídicas, interpretando razonablemente la normativa correspondiente, resulta complicado que los hechos puedan ser constitutivos de infracción penal, toda vez que la forma en la que se tramitó y adjudicó el expediente de contratación no supuso un quebrantamiento claro, evidente y palmario del ordenamiento jurídico, supuestos a los que debe reconducirse el delito de prevaricación administrativa».

Es más, desde la Fiscalía se sostiene que «de la documentación examinada se observa que tras la resolución del concurso se sucedieron diversas controversias jurídicas, precisamente relacionadas con la obligación de pago del canon demanial, su naturaleza jurídica y cuantía».

Con estos antecedentes, desde Fiscalía se instó a la jueza para que procediera al archivo y sobreseimiento del caso, como así ha ocurrido, «al no haber quedado suficientemente acreditado que los hechos sean constitutivos de infracción penal».

Sin embargo, llama la atención que la causa por presuntos delitos de cohecho y prevaricación se iniciara en agosto de 2015 por una denuncia interpuesta, precisamente, por la Fiscalía, tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. En ella se investigaba el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14. Según explicaba el comunicado oficial difundido por el TSJCV, el Juzgado investigaba a 12 personas físicas, concejales y exconcejales, y 6 personas jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares.

Las diligencias, declaradas secretas, se centraban en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles, eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público. Se investigaba también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo, vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.

Una fórmula de éxito

Lo que ha ocurrido en Sagunto con la externalización de la gestión del ciclo integral del agua, mediante la constitución de una empresa de capital mixto, es decir, 49% privado y 51% municipal, es algo que se ha repetido a lo largo y ancho del país en muchísimos municipios, podría decirse, por tanto, que se trata de una fórmula de éxito.

Al margen de los asuntos que en este tipo de operaciones se hayan podido cerrar en los despachos, privadamente, sin luz ni taquígrafos, en lo que sí es público, se ve claramente que, con estas privatizaciones encubiertas, los partidos políticos que en cada momento gestionan un municipio, han puesto en manos privadas el negocio del agua a cambio de obtener una liquidez municipal extra para acometer proyectos o hacer frente a facturas pendientes de pago, sin necesidad de endeudarse con entidades bancarias y, en consecuencia, sin aumentar el endeudamiento consistorial. Eso sí, trasladando a la ciudadanía la amortización de esos ingresos extraordinarios. En consecuencia, lo ocurrido en Sagunto es exactamente lo mismo que se ha venido repitiendo en otros municipios, cuyos equipos de gobierno pensaron en esta fórmula para lograr liquidez.

Estaba extendida la creencia entre la ciudadanía de Sagunto de que, por privatizar el 49% de la gestión del ciclo integral del agua, el municipio percibiría a fondo perdido el denominado canon del agua por un importe de 12.534.672 euros. Sin embargo, y precisamente por eso, la decepción fue mayúscula cuando los vecinos se enteraron de que esa cuantía se devolvería al socio privado, en este caso Aguas de Valencia, durante los 25 años que durará la concesión. Es decir, que lo que en un principio iba a ser a fondo perdido, finalmente se tiene que devolver, repercutiéndose a los usuarios en el recibo del agua. Lo que, por otra parte, representa una subida encubierta de impuestos. Esta es una de las razones por la que el recibo del agua empezó a subir de precio, aunque no es la única.

Diez días antes de las elecciones

El 17 de mayo de 2007, diez días antes de que se celebraran las elecciones municipales, que tuvieron lugar el 27 de mayo, el Pleno de la Corporación Municipal de Sagunto decidió la adjudicación del concurso de selección de un socio privado para la constitución de la empresa mixta de gestión del ciclo integral del agua, a favor de Aguas de Valencia.

El trámite, durante el debate plenario, no estuvo exento de polémica, tanto es así que los grupos municipales de Esquerra Unida y Segregación Porteña, hoy Iniciativa Porteña, propusieron que el asunto fuese retirado del orden del día.

aguas de saguntodentro2El 17 de mayo de 2007 el PP, PSOE y Bloc, hoy Compromís, dieron vía libre a la operación

La propuesta de retirada se sometió a votación, siendo rechazada por 8 votos a favor de EU, SP y SCP, el partido de Miguel Ángel Cortés Flor, 9 votos en contra de PSOE y BLOC, hoy Compromís, y 7 abstenciones del PP. Finalmente, con 16 votos a favor del PP, PSOE y Bloc, y 8 en contra de EU, SP y CSP, se acordó adjudicar a la empresa Aguas de Valencia el concurso convocado para la selección de un socio privado para la constitución de una sociedad de economía mixta, junto con el Ayuntamiento de Sagunto, para la gestión del ciclo integral del agua en el municipio.

Se formaliza el contrato

En base al acuerdo plenario de 17 de mayo de 2.007, se suscribió el correspondiente contrato el 25 de junio de 2007 entre el nuevo alcalde del municipio, Alfredo Castelló Sáez, y Francisco Zorrilla Soriano, representante legal de Aguas de Valencia.

Tras la firma del documento contractual, el 25 de julio de 2007 Aguas de Valencia notificó al Ayuntamiento de Sagunto que habían realizado dos transferencias. La primera, por importe de 1.715.000 euros a la cuenta corriente de la sociedad en constitución Aigües de Sagunt SA, en concepto de desembolso por parte de Aguas de Valencia del capital social privado, correspondiente al 49% de participación. Es decir, el equivalente a la compra de 49 acciones por importe, cada una de ellas, de 35.000 euros.

La segunda transferencia fue de 12.052.569 euros, una vez descontados 482.103 euros del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), en la cuenta corriente del Ayuntamiento de Sagunto y en concepto de canon por uso de los bienes afectos al servicio y demás ventajas inherentes a la exclusividad de la prestación del servicio. Cabe resaltar que dicho ingreso se realizó desde la cuenta corriente de la sociedad en constitución Aigües de Sagunt, con los fondos que a tal efecto aportó Aguas de Valencia.

Llegados a este punto, es interesante resaltar que en ambas operaciones Aguas de Valencia utilizó una cuenta corriente de la sociedad Aigües de Sagunt, cuando es sobradamente conocido que dicha empresa de capital mixto se constituyó casi dos años más tarde, concretamente el 28 de mayo de 2009.

Aunque la constitución de la empresa se llevó a cabo en mayo, fue en el pleno municipal extraordinario del 13 de febrero de 2009 donde se aprobó constituir la empresa mixta Aigües de Sagunt. No se dio luz verde a este trámite hasta que el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana dejó bien sentado en su dictamen que el canon era amortizable. Por ello, en dicho acuerdo plenario también se establece «como sujeto pasivo obligado al pago del canon la sociedad en constitución Aigües de Sagunt SA». Este acuerdo salió adelante con los votos a favor del PP, SP, y Bloc, los votos en contra de los dos ediles de Esquerra Unida y la abstención del PSOE.

La constitución de la empresa por parte del Ayuntamiento de Sagunto fue un trámite inevitable puesto que ya se había seleccionado al socio privado, Aguas de Valencia, que, a su vez, ya había cumplido con su parte de las obligaciones contraídas, adquiriendo el 49% de las acciones de Aigües de Sagunt, SA y adelantando la totalidad del canon.

Conclusión y síntesis

A modo de conclusión se puede indicar que en la legislatura 2003-2007, siendo alcaldesa del municipio la socialista Gloria Calero Albal, hoy delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, se decidió privatizar el 49% de la gestión del ciclo integral del agua, mediante la constitución de una empresa de capital mixto, donde el Ayuntamiento sería el titular del 51% de las acciones.

Aquella Corporación tomó esta decisión para conseguir liquidez extraordinaria a fondo perdido en concepto del denominado canon del agua, por una cuantía de 12.052.569 euros, una vez descontados 482.103 euros del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

En los pliegos del concurso no se estableció que dicho canon fuera a fondo perdido. De esta manera, la sociedad de capital mixto, que es a la que se le cedió por 25 años la utilización del dominio público, es la que abona el canon al Ayuntamiento de Sagunto. Como ese dinero lo recibe la empresa mixta del socio privado seleccionado, es Aigües de Sagunt la que ha de devolver dicha cuantía durante el periodo de 25 años que tiene de duración la concesión, repercutiéndolo a la ciudadanía en el recibo del agua.

Por tanto, es cierto que el Ayuntamiento de Sagunto recibió a fondo perdido alrededor de 12 millones de euros, pero también es verdad que serán los vecinos los que asuman su devolución.

A modo de síntesis se puede indicar que, tras el proceso de selección del socio privado, que resultó ser Aguas de Valencia, esta compañía realizó dos aportaciones económicas, por un lado, los 12 millones de euros que, en su momento, se ‘vendió’ como un canon a fondo perdido y realmente ha resultado ser un préstamo y, por otro, la aportación de 1.715.000 euros para la adquisición de 49 acciones de la sociedad mixta.

Cuando el periodo de concesión, que tiene una duración de 25 años, finalice, si es que el Gobierno municipal no decide prorrogarlo, la empresa Aguas de Valencia habrá recuperado los 12 millones de euros con los correspondientes intereses y, como mínimo, lo que pagó por las 49 acciones, es decir, habrá participado con el 49% del accionariado en la gestión de la sociedad Aigües de Sagunt durante un cuarto de siglo a coste cero. Sin perder de vista que, de acuerdo con los estatutos de la empresa mixta Aigües de Sagunt, el gerente de esta sociedad es nombrado por el socio privado.

En definitiva, para conseguir una inyección económica extraordinaria en las arcas municipales, PP, PSOE y Compromís, decidieron privatizar el 49% del ciclo integral del agua, repercutiendo sobre la ciudadanía, en el precio del recibo, la amortización de esa cuantía, que en principio se dijo, engañosamente, que era a fondo perdido.


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Modificado por última vez en Martes, 25 Febrero 2020 18:24

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