El 19 de octubre de 2016 la UDEF efectuaba el primer registro en las dependencias del Ayuntamiento de Sagunto y en varias sedes empresariales, buscaban documentación que aportara luz sobre el proceso de privatización del 49% del ciclo integral del agua, realizado en la legislatura 2003-2007, que salió adelante con los votos a favor de PP, PSOE y Bloc, hoy Compromís. Se ponía en marcha la denominada Operación Flotador. Sin embargo, después de tres años y cuatro meses de investigación, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sagunto ha decretado el sobreseimiento provisional y consiguiente archivo de la causa.
La juez ha decretado el archivo, pero, según figura en el auto, lo ha hecho «a pesar de existir indicios de criminalidad por presuntos delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del C.P., no existiendo parte acusadora pública pues el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones, ni popular, pues en ningún momento procesal del sumario ha solicitado ser parte procesal en el mismo ninguna entidad, corporación, partido político etc. esta instructora no puede continuar el curso del procedimiento y procede dictar el sobreseimiento de las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 641-2ª, así como, en su caso, en el art. 779.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
A criterio de la juez titular del caso, el consistorio de Sagunto, al tomar la decisión de ceder al denominado socio tecnológico, en este caso Aguas de Valencia, el 49% del servicio integral del agua, «renunció a 25 millones de tasa previstos». Por otro lado, al tener que devolver «el canon anticipado por el licitador en concepto de préstamo participativo» se generó un pasivo inicial en la empresa de capital mixto, Aigües de Sagunt, que produjo los consiguientes desequilibrios económicos, por lo que la compañía no tuvo más salida que «el incremento de las tarifas del agua a los vecinos de la ciudad».
No hay delito
En opinión de la Fiscalía Anticorrupción, en todo este procedimiento de privatización encubierta del ciclo integral del agua no se observa delito alguno: «dado que las cuestiones sobre las que versan las supuestas irregularidades investigadas admiten diversas soluciones jurídicas, interpretando razonablemente la normativa correspondiente, resulta complicado que los hechos puedan ser constitutivos de infracción penal, toda vez que la forma en la que se tramitó y adjudicó el expediente de contratación no supuso un quebrantamiento claro, evidente y palmario del ordenamiento jurídico, supuestos a los que debe reconducirse el delito de prevaricación administrativa».
Es más, desde la Fiscalía se sostiene que «de la documentación examinada se observa que tras la resolución del concurso se sucedieron diversas controversias jurídicas, precisamente relacionadas con la obligación de pago del canon demanial, su naturaleza jurídica y cuantía».
Con estos antecedentes, desde Fiscalía se instó a la jueza para que procediera al archivo y sobreseimiento del caso, como así ha ocurrido, «al no haber quedado suficientemente acreditado que los hechos sean constitutivos de infracción penal».
Castelló, el más perjudicado
El que fuera alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, fue, sin ninguna duda, el más perjudicado por esta investigación, que, tres años y cuatro meses después ha quedado en nada. Aunque la decisión de privatizar el 49% del ciclo integral del agua fue tomada por el PP, PSOE y Bloc, hoy Compromís, no cabe duda de que el actual diputado en las Cortes Valencianas por el PP, Alfredo Castelló, fue el más afectado, puesto que aquella jornada del 19 de octubre de 2016 apareció en todos los telediarios nacionales, donde ya lo daban por condenado. Por otro lado, no deja de ser llamativo que aquella mañana, antes de que los agentes de la UDEF iniciaran sus registros en el Ayuntamiento de Sagunto, ya aguardaba en las inmediaciones del consistorio la furgoneta de La Sexta TV.
