El senador de Compromís Carles Mulet Garcia, inscrito en el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, que forman Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comó Podem, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado ha presentado, para su debate a la Comisión que corresponda, una moción para que el Estado asuma los cánones de la construcción de las desaladoras de Castelló. Ha llamado la atención que en esta interpelación no se haya incluido la desaladora de Sagunto, que se encuentra en circunstancias parecidas a las de Castellón. Ya sucedió algo parecido en diciembre de 2018, cuando Compromís promovió en las Cortes Valencianas una Proposición no de Ley (PNL) para que Madrid asumiera el coste de las desaladoras, olvidándose de la de Sagunto.

En la exposición de motivos el senador nacionalista explica que: «en plena época del boom inmobiliario, en algún caso por demandas por los ayuntamientos afectados, el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó la creación de desaladoras en los municipios de Cabanes y Moncofa para permitir y promover grandes actuaciones urbanísticas en el litoral de Castelló», como se recordará, ocurrió exactamente lo mismo en el caso de la desaladora de Sagunto.

Más adelante, Mulet explica en su moción que: «Acuamed promovió la actuación dentro del Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) y firmó convenios con los ayuntamientos afectados; Cabanes, Orpesa, Moncofa y Xilxes y, más tarde, Benicàssim. Ninguno de los grandes proyectos se materializó en los términos de lo acordado».

Asimismo, recuerda en su interpelación el senador nacionalista que: «Pasados los años, estas infraestructuras se han puesto parcialmente en funcionamiento, firmando con algunos de los ayuntamientos convenios temporales para salir del paso, pero con un horizonte en el que serán los ayuntamientos los que acaben haciéndose cargo del coste no subvencionado de la construcción», ese es también el caso de Sagunto, donde, como se recordará, Acuamed planteó en su momento un convenio puente.

Sobre la financiación de las desaladoras de Castellón, el senador Mulet indica que: «La desaladora de Cabanes-Orpesa recibió de fondos FEDER europeos 17,2 millones de euros y la de Moncofa 17,9 para su construcción. Está aún por resolver cómo se financian el total de 34,8 millones de euros de la de Cabanes y los 36,5 millones de euros de la de Moncofa, a pagar en 25 años (la primera junto a Oropesa y en parte Benicàssim y la segunda junto a Xilxes), además del coste de mantenimiento de las instalaciones y de producción del agua desalada que es, obviamente, cara. Los convenios temporales firmados con los ayuntamientos son una patada adelante, pero no solucionan el problema. Además del coste de la planta y del precio más caro, el convenio transitorio obliga a hacerse cargo de una cantidad de agua desalada alejada de las necesidades reales, que los ayuntamientos, como en caso por ejemplo de Moncofa, no necesitan a estas alturas».

Por otro lado, Mulet ubica estas actuaciones en el ámbito de la expansión urbanística: «Estas actuaciones vergonzosas se impulsaron, en ambos casos, para favorecer grandes operaciones urbanísticas, mientras no se solucionaban los problemas de suministro hídrico de nuestros pueblos. Y esto se hizo con los votos entusiastas tanto del PP como del PSOE en los ayuntamientos afectados, aunque a estas alturas los dos partidos se dedican a criticar al otro, a pesar de ser los dos igualmente responsables».

El senador Mulet también aclara que la demanda de agua real en la actualidad no justifica la puesta en marcha de estas instalaciones, exactamente igual que sucede en el caso de Sagunto: «La única manera de hacer rentable ahora esta inversión es pensar en nuevas alternativas de uso de las instalaciones, ya que no existe ninguna demanda que justifique su puesta en total funcionamiento. En la actualidad funcionan en mínimos, con convenios transitorios, que aún así producen más agua desalada que lo que la demanda necesita».

En su moción, el senador de Compromís Carles Mulet Garcia apuesta por la firma de nuevos convenios con el Estado: «Hay que apostar por la firma de nuevos convenios donde el Estado asuma su coste, pero también donde se determinen los derechos de uso en el que se contemplen usos ambientales para recuperar pozos y aguas subterráneas, usos de adaptación al cambio climático (momentos de sequía), usos agrícolas, humanos y de desarrollo económico con premisas de sostenibilidad. Se necesitan nuevos acuerdos entre administraciones donde, aparte de resolver ese coste, se analicen prioritariamente cuestiones sociales, ambientales y de desarrollo sostenible».

Finaliza su moción el senador Mulet instando al Gobierno de España a que asuma «el coste del canon de construcción a satisfacer por los ayuntamientos afectados, por los motivos expuestos y a eximir a los ayuntamientos de esta obligación». Asimismo, solicita el ejecutivo central que derogue: «los convenios suscritos con los ayuntamientos afectados, tanto los primeros como los transitorios actuales y empezar a trabajar con otros que contemplen un nuevo estudio de viabilidad que valore los posibles usos, aprovechamientos, costes de estas dos desaladoras y renegociar los acuerdos con las entidades locales de acuerdo a la nueva realidad que se determine».

Por último, plantea que se elabore un estudio para «analizar los posibles usos alternativos de este proyecto».