Ramón García Ortín
La Corporación municipal acordó, en el último pleno del pasado jueves, solicitar al ministerio de Medio Ambiente que recupere la propiedad del Malecón. Con anterioridad Ramón García ex concejal de EU en el ayuntamiento de Sagunto, había enviado un escrito al mismo ministerio en parecidos términos instándole a la recuperación posesoria de los terrenos del Malecón, y en esta página va hacer un repaso del proceso jurídico del malecón desde hace 30 años.
-Por sentencia judicial firme del 22 de diciembre del 2010, se reconoce como propietarios de la Parcela del malecón a la empresa Prosagunsa, pero al mismo tiempo son del estado. ¿Quiere decir que son copropietarios o cómo se explica esta situación?
-Prosagunsa compró los terrenos del Malecón y otros que eran propiedad de la Compañía Minera de Sierra Menera, si no recuerdo mal, por unos 30 millones de pesetas. Según el acta notarial la compra-venta se realizó a principios de julio de 1988 y La ley de Costas se publicó el 29 de julio del 88. Tras la publicación de la Ley esa operación de compra venta no se podía hacer, por lo que se pueden abrigar dudas de que la compra del Malecón por Prosagunsa tuviera lugar unos días antes de que se publicara la Ley de Costas.
Lo primero que hace la nueva propietaria es solicitar a Costas que establezca una nueva delimitación, intentando sacar sus terrenos del dominio público marítimo-terrestre, solicitud que es denegada por Costas.
La mercantil recurre en alzada y Costas se lo vuelve a denegar, porque la delimitación estaba bien hecha. Elevado el contencioso al Tribunal Supremo, este alto tribunal también deniega la pretensión de la mercantil porque considera que la línea de costas está bien delimitada y no había ningún motivo nuevo, desde que se estableció, para modificarla.
Cuestión aparte es el asunto de la propiedad, que el alto tribunal remite su solución a la vía civil ante la Audiencia Provincial de Valencia, como dices, la Audiencia falla que los terrenos que ha comprado Prosagunsa son de su propiedad.
-Entonces ¿Cómo solucionar este aparente embrollo, la existencia de una propiedad privada superpuesta en una propiedad del Estado?
-Las propiedades privadas en el dominio público marítimo-terrestre son situaciones contradictorias y anómalas y este nudo gordiano lo resuelve la Ley de Costas de 1988, como lo manifiesta en su exposición de motivos, la presente Ley viene, además, a cumplir el mandato expreso en nuestra Constitución, que en su artículo 132.2 ha declarado que son bienes de dominio público estatal los que determine la Ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
Esta es la primera vez en nuestra historia legislativa que por una disposición del máximo rango se clasifican determinados bienes como de dominio público, con la particularidad de que los únicos a los que la Constitución atribuye directamente esa definición pertenecen precisamente, al dominio público marítimo-terrestre. Y es evidente que ello ha sido para cortar, de una vez por todas, las anteriores confusiones y actitudes contrarias a la demanialidad de espacios tan importantes .
-En concreto ¿Que solución aporta la ley?
-Para llevar a cabo el mandato constitucional dispone la ley que: «Los titulares de los terrenos de la zona marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de esta Ley, por estar inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, por treinta años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión. (Este es el caso del Malecón)».
Disposición que ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional al fallar sobre las titularidades privadas en terrenos públicos en los siguientes términos: «esas titularidades recaen sobre unos bienes -zona marítimo-terrestre y playas- que por sus propias características físicas y naturales eran y son de dominio público, y por tanto, se trata de unas titularidades que por imperativo constitucional deben cesar».
-¿Existe alguna otra vía de recuperación del Malecón?
-Una vez transformada la titularidad en concesión, el Ministerio la podría haber rescatado con la correspondiente indemnización, procedimiento que también contempla la ley. Esta indemnización la integran dos conceptos en primer lugar: «el valor de las obras no amortizadas, que evidentemente es cero, pues ahí no existe más que maleza y algún escombro. Y en segundo lugar: por la pérdida de beneficios en el ejercicio económico o año en curso en el que se realiza el rescate, debidamente justificada con las declaraciones presentadas a efectos fiscales».
Pero en 1988 las compañías que podían haber hecho uso de esos terrenos: la Compañía Minera de Sierra Menera estaba en liquidación y los Altos Hornos se habían dinamitado recientemente, la única actividad que existía en la zona era la cría silvestre de lagartijas, que no creo que le aportara muchos beneficios a la empresa. Por lo tanto hace 30 años que se podría haber recuperado el Malecón a coste cero.
-¿Y a que se debe que estemos hoy en día con este tema empantanado?
-Sobre toda la costa ha habido una fuerte presión urbanizadora y privatizadora, a lo que se ha sumado, una grave dejación administrativa (dicho de forma benevolente). La Ley de Costas pretendía poner coto a esta situación pero la presión y los intereses continúan. El ejemplo más significativo de ello es la resolución del Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar dependiente del Ministerio de la que era responsable Isabel García Tejerina que emitió una resolución fechada el 30 de junio del 2014, donde saltándose todos los procedimientos habidos y por haber, modifica la zona marítimo-terrestre sacando fuera de ella la propiedad de la empresa Prosagunsa, pasándose las Sentencias del Tribunal Supremo, la Ley de Costas, el articulo 132 de la Constitución y la Constitución entera, por donde habitualmente imaginamos.
- Independientemente de los intereses particulares que pueda haber, este pueblo lleva ya muchísimos años con ese terreno totalmente impresentable. Aquí se habla de turismo, pero resulta que esa parcela está llena de camiones, matorrales, que tiene aspecto de vertedero, estando junto a la playa, por lo que alguna solución hay que darle, porque no puede continuar así toda la vida.
- Evidentemente hay que darle una solución ya, pero ya, pero fijémonos que desde el municipio: Ayuntamiento y ciudadanos estamos exigiendo que se cumpla la Ley, la Constitución, que el Malecón es un dominio público, que es para el disfrute de todos los ciudadanos, que no hay que modificar ninguna norma, ni hacer complicados trámites administrativos. Se trata simplemente de que quienes presumen de constitucionalistas, se lean y comprueben que la Constitución Española consta de 169 artículos, no solamente de dos o tres, que la acaten y que actúen.
Tanto el Ayuntamiento como la ciudadanía no sólo debemos estar vigilantes sino ser los principales dinamizadores para que el Malecón, integramente, sea un espacio de recreo y esparcimiento para la ciudadanía, porque es nuestro, de todos, cualquier actuación que implique una nueva privatización sería un robo, una falta de respeto a nuestro pueblo y una patada a nuestra dignidad.
