19-10-2016, un agente de la UDEF entrando en sede municipal

Este 19 de octubre, se cumplen ya tres años. Así es, el miércoles, 19 de octubre de 2016, a primera hora de la mañana, la furgoneta de La Sexta TV aguardaba, estacionada, en una céntrica calle del núcleo urbano de Sagunto. Su presencia, que no pasó desapercibida entre los viandantes, indicaba que algo iba a suceder. Desde Madrid, alguien había filtrado que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional iban a efectuar un registro en el Ayuntamiento de Sagunto, una de las plazas más importantes de la Comunidad Valenciana.

Y pasó lo que tenía que pasar aquella mañana de octubre. Efectivamente, a las 9,15 horas la Juez titular del Juzgado número 4 de Sagunto, acompañada de agentes de la UDEF, se presentó en dependencias municipales del Ayuntamiento de Sagunto, concretamente en el antiguo edificio de Bancaja. Se trataba de una investigación, dentro del proceso de diligencias previas abiertas por un presunto delito de prevaricación y cohecho.

La juez convocó a los jefes de sección del Ayuntamiento de Sagunto para solicitar una serie de documentos. En la reunión con estos funcionarios, también se encontraban presentes algunos concejales, así como el secretario y el interventor del consistorio.

Alrededor de una treintena de agentes de la UDEF intervinieron en esta operación, realizaron los registros en las dependencias municipales y otros puntos, bajo la dirección del Juzgado de Sagunto. El antiguo edificio de Bancaja, sede administrativa del consistorio, quedó cerrado al público. Los agentes policiales realizaron labores de revisión de expedientes en la sala de juntas de personal. Reinaba una gran confusión.

En medio de tanto nerviosismo, una nota informativa, difundida por el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), aportaba luz sobre la investigación. Aquel comunicado oficial relataba que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto investigaba al exalcalde y a 11 concejales y exconcejales de las dos últimas legislaturas, las transcurridas entre 2007 y 2015, por presuntos delitos de cohecho y prevaricación. En el marco de esta investigación se encuadraba el registro realizado por la UDEF, siguiendo órdenes de la magistrada, en varias dependencias municipales y en las oficinas de seis empresas.

Efectivamente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunto, aclaraba el comunicado, coordinó una operación por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del Consistorio saguntino. En el marco de la “Operación Flotador”, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron, por orden de la instructora, tres sedes municipales en Sagunto y Puerto de Sagunto, las oficinas de Agua de Valencia en Sagunto y en la capital y las sedes de otras cuatro empresas. Hasta las 3 de la madrugada se prolongarían las pesquisas.

El detonante

La causa por presuntos delitos de cohecho y prevaricación se inició en agosto de 2015 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. En ella se investigaba el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14. Según explicaba el comunicado oficial difundido por el TSJCV, el Juzgado investigaba a12 personas físicas, concejales y exconcejales, y 6 personas jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares.

Las diligencias, declaradas secretas, se centraban en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles, eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público. Se investigaba también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo, vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.

Nuevas visitas de la UDEF

El martes, 20 diciembre 2016, agentes de la UDEF volvían a visitar el Ayuntamiento de Sagunto para recabar nueva documentación sobre la investigación iniciada en octubre, la denominada. La policía se dirigió al departamento de Intervención en busca de nuevas facturas, por lo que, con este nuevo requerimiento, se trataba de localizar documentación complementaria a la ya recogida en la jornada del 19 de octubre.

Posteriormente, en la mañana del martes, 27 febrero 2018, se producía la tercera visita. En esta ocasión los agentes de la UDEF volvían a las dependencias del Ayuntamiento de Sagunto para recabar más información sobre el proceso de privatización del servicio de agua, en el marco de la citada ‘Operación flotador’ y cuyos primeros documentos ya fueron entregados a este servicio policial en octubre de 2016.

En esta ocasión, los agentes de policía se dirigieron a la Secretaría General del consistorio para recabar documentos e informes sobre el proceso de constitución de la empresa mixta del agua, los pliegos de condiciones y la mesa de contratación donde se eligió al socio privado de la misma, todo ello realizado durante el periodo 2003-2011.

Detenciones

En la mañana del martes, 15 de enero de 2019, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), procedieron a la detención de siete personas, tres en Valencia capital y una en Sagunto y Bétera, en Torrefarrera (Lleida) y en Archena (Murcia), por su presunta participación en delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos, en el marco de la denominada Operación Flotador, por cuyos hechos se siguen Diligencias Previas nº 1403/15, por el Juzgado de Instrucción nº 4, de Sagunto.

Según se explicaba en la nota informativa remitida por la Policía, la investigación deriva de unas presuntas irregularidades en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Sagunto para la selección de un socio privado en la constitución de una sociedad de economía mixta, junto con el Ayuntamiento de Sagunto, para la gestión del ciclo integral del agua en el municipio de Sagunto. Estos hechos ocurrieron en las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011, en la primera se llevó a cabo la selección del socio tecnológico y en la segunda se constituyó la empresa mixta del agua.

Como consecuencia del desarrollo y ejecución del concurso de selección del socio privado, se constituyó en el año 2009 la sociedad mixta AIGÚES DE SAGUNT SA, cuyos socios participativos son el Ayuntamiento de Sagunto, con el 51% y la entidad AGUAS DE VALENCIA SA, con el 49% restante, la cual resultó adjudicataria de la licitación.

24 millones de euros

El comunicado de la Policía Nacional indicaba que la cifra presuntamente malversada podría ascender a 24 millones de euros, cantidad que se corresponde con la valoración económica de la concesión del agua obrante en el expediente del concurso de selección del Ayuntamiento de Sagunto y que, en definitiva, debería ser el importe recibido en las arcas municipales. Sin embargo, la situación económica del Ayuntamiento de Sagunto, derivada del expediente para la adjudicación de la concesión del agua y cuya gestión corresponde a AIGÜES DE SAGUNT SA, se materializó en la existencia de un préstamo participativo de aproximadamente 12.500.000 euros a favor de AGUAS DE VALENCIA SA, y una ausencia de ingreso del importe restante, hasta los 24 millones de euros antes citados.

Sin noticias

Hasta aquí los datos objetivos de lo que ocurrió en Sagunto con relación a la parte mollar de la denominada Operación Flotador. La pieza separada sobre la ropa laboral de los técnicos municipales de Actividades, que se produjo tras realizar la denuncia el entonces concejal de Personal, Sergio Moreno, ha finalizado este 2019 con la libre absolución de todos los encausados, entre ellos, el jefe del departamento, Francisco Crispín.

Sin embargo, pese a haber transcurrido ya tres años desde el inicio de las pesquisas por parte de la UDEF, el municipio de Sagunto sigue sin conocer en qué ha quedado toda esta investigación que tanta alarma suscitó en su momento entre la población, que incorporó a Sagunto en el mapa de los municipios azotados por la corrupción, y que, por ahora, solo ha logrado empañar la trayectoria política del que fuera alcalde del municipio, Alfredo Castelló Sáez.