El pleno del Ayuntamiento de Sagunto votó el 26 de junio de 2018 su adhesión al «Espacio Libre de Apartheid israelí». La moción, impulsada por el movimiento BDS de Valencia y presentada al pleno por el grupo de Esquerra Unida, salió adelante con los votos de Compromís, PSOE, Iniciativa Porteña y ADN Morvedre, entonces la marca blanca de Podemos. El PP se abstuvo y Ciudadanos votó en contra.
Esta decisión municipal, tal y como informó este periódico el 28 Junio 2018, produjo inmediatamente la reacción de la asociación Acción y Comunicación sobre Medio Oriente (ACOM), entidad que, respecto del acuerdo adoptado, señaló que el mismo «supondría una grave discriminación ilegal, convirtiendo esta ciudad valenciana en un territorio “Judenfrei”, hostil a cualquier ciudadano o empresa israelí y a cualquier español asociado con Israel».
Por otro lado, desde ACOM aseguraron que iniciarían las pertinentes acciones legales contra el citado acuerdo municipal. Efectivamente, los servicios jurídicos de esta asociación presentaron el correspondiente contencioso administrativo ante el Juzgado número 4 de Valencia, que el pasado 10 de octubre emitió el correspondiente fallo judicial mediante la sentencia 399/2019, que no es firme, pero que, en primera instancia, deja sin efecto el citado acuerdo plenario.
Tras producirse este fallo judicial, desde ACOM han remitido un comunicado en el que, entre otras cosas, señalan: «Gracias a la acción informativa de ACOM, que inmediatamente se puso en contacto con el consistorio y alertó de la gravedad de dicha aprobación y de las implicaciones legales que podría conllevar, el texto se elevó nuevamente a pleno para su parcial modificación. Pero la componenda urdida desde el Gobierno Municipal quedó revelada, pretendiendo aparentar no discriminar a los judíos por su origen nacional, pero imponiendo de facto sobre ellos un boicot discriminatorio. Y es ahora el Juzgado nº4 de Valencia (sentencia 399/2019 de 10 de octubre) quien reafirma las tesis de ACOM: el acuerdo vulnera la Constitución Española y la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, remarcando la ostensible falta de competencia municipal para dictar el acuerdo impugnado».
Más adelante, desde esta entidad califican de: «esquizofrénico que el Gobierno municipal de Sagunto realizase un esfuerzo denodado por recuperar la memoria judía de la ciudad y al mismo tiempo negase, al más puro estilo totalitario, derechos básicos a los judíos vivos que hoy tienen en el Estado de Israel el hogar seguro».
Dentro de la valoración realizada por ACOM, hablan de falsa solidaridad: «Los grupos que impulsan las declaraciones de adhesión a espacio ELAI y BDS, además de hacer gala de una falsa solidaridad con los palestinos, niegan la solución de dos estados, son marcadamente antisemitas al no reconocer el derecho a la existencia de Israel y blanquean, justifican y hacen apología del terrorismo palestino. Además, no reconocen la pluralidad étnica, cultural y religiosa de Israel, donde más del 20% de la población es árabe y disfruta de plenos derechos. Es muy importante remarcar que esa población árabe-israelí también sería discriminada por acuerdos como el aprobado por el Ayuntamiento de Sagunto, hoy felizmente derogado».
Concluye esta asociación su nota informativa indicando que: «Con esta sentencia, y gracias a las iniciativas informativas y legales de ACOM, son ya 52 acuerdos discriminatorios revertidos y anulados judicialmente por atentar gravemente contra derechos civiles y principios constitucionales».
