Ciudad

El Consell nuevamente, y por segunda semana consecutiva, ha decidido retirar del orden del día de su reunión de hoy la declaración como Paraje Natural Municipal para la montaña de Romeu, algo que ha supuesto una «decepción absoluta» tal y como ha asegurado el alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, que ha decidido volver a comparecer ante los medios de comunicación junto a la diputada, Teresa García, y los concejales Asun Moll, José Manuel Tarazona y Pepe Gil en la sede de Compromís.

«Confiábamos en que, tras lo sucedido la semana pasada, se hubiese solucionado este asunto porque todos los informes preceptivos eran favorables aunque, es cierto, que ayer nos comunicaron que había algún otro documento que nos hizo preocuparnos y es el que ha hecho que hoy se retire. Esto es una cosa sencilla: declarar como paraje natural una montaña que es de monte público, de titularidad pública, es decir, que es de todos los ciudadanos y que tiene unos valores que hay que proteger y esta es la obligación del ayuntamiento», ha asegurado el alcalde mientras recordaba que, desde los años 70 se está intentando conseguir la protección de esta montaña, algo que no ha podido lograrse «porque la administración autonómica, de distintos colores políticos ha violentado la voluntad municipal».

Fernández ha asegurado que la Generalitat Valenciana «ha cedido ante los intereses de una multinacional que se ha demostrado que ha podido llegar a financiar el terrorismo internacional y violentar la estabilidad política de una ciudad como Sagunto». Asimismo, el presidente de la corporación municipal ha asegurado que la no declaración de Romeu como Paraje Natural «es un fracaso del Govern del Botànic ante los intereses de una empresa. Además, de no aprobarse en el siguiente Consell creo que, como mínimo, la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián - de Compromís -, debería de dimitir porque no se puede exhibir un programa electoral de carácter ambiental para luego no aprobar este decreto. Es algo decepcionante aunque sabemos que han recibido muchas presiones y muy fuertes».

Por su parte, la diputada, Teresa García ha apuntado: «Alguien está sembrando la duda de una supuesta responsabilidad patrimonial porque se otorgan unos derechos que no tienen, solamente son expectativas porque no hay ninguna concesión ni licencia en esa zona que dicen. La consellera tiene que ser valiente porque es la responsable de garantizar los derechos medioambientales».

Nueva sentencia en contra de Lafarge

Por otro lado, García ha informado de que se ha publicado una sentencia, en primera instancia, donde la Justicia da la razón al consistorio saguntino y resuelve que Lafarge ha cometido una infracción urbanística «grave» en la explotación del Salt del Llop al sobrepasar los límites concedidos.

«La sentencia corrobora los informes del ayuntamiento sobre la ocupación de monte público que se ha concedido por parte de la conselleria de, al menos, una forma irregular por lo que ahora los vecinos de la zona, que ya tienen un contencioso interpuesto, también pueden pedir indemnizaciones por este hecho, incluso por la via penal por un presunto delito medioambiental», ha afirmado la diputada nacionalista quien afirma que, «perfectamente» se puede compatibilizar la declaración de paraje natural con la actividad extractiva puesto que la cementera «tiene una concesión de 17 años para continuar extrayendo caliza y, durante este tiempo puede ir buscando alternativas».

El concejal del PSPV-PSOE, Miguel Chover, junto al secretario de Organización de los socialistas del Camp de Morvedre, Javier Raro, también han querido explicar lo sucedido esta mañana en el Consell. «Hace ocho días, en la reunión de secretarios autonómicos y subsecretarios, comisión que preside Mónica Oltra, se dijo que había una duda sobre una posible responsabilidad patrimonial y decidieron retirarlo para que, desde la Conselleria de Medio Ambiente, se resolviera esta duda jurídica. Esta mañana los cinco consellers varones que no han hecho huelga, dos del PSPV-PSOE y tres de Compromís, dado que había un informe de esta conselleria sin firmar, han decidido no resolver porque hay un oficio con un apunte sobre una posible inseguridad jurídica y el expediente no está completo porque desde Medio Ambiente no se ha hecho bien el trabajo», ha apuntado Chover.

Los socialistas, Miguel Chover y Javier Raro

El edil socialista ha querido dejar claro que esta formación siempre se ha posicionado a favor de la continuidad de Lafarge en la ciudad pero reconoce que tras el acuerdo al que se llegó en enero de 2017, donde se permitía la extracción en Salt del Llop durante diez años más cinco de restauración de la cantera y otros tres de garantía, «que no se firmó por una decisión unilateral de la empresa, la tensión ha ido en aumento»; es por este motivo por el cual, Chover ha pedido «un poco de tranquilidad porque hay soluciones que son compatibles; para resolver los problemas es necesario sosiego y diálogo algo que, desgraciadamente, no ha pasado y eso es responsabilidad de todos. A un alcalde se le debe exigir mano izquierda y tranquilidad, eso no es incompatible con la autoridad y el cumplimiento de las normativas. Creo que no ha estado a la altura porque se ha dejado llevar por los sentimientos y por cierta arrogancia».

Por su parte, el secretario de Organización del PSPV comarcal, Javier Raro, ha aseverado: «Hay que hacer un esfuerzo por compatibilizar ambas cosas; desde el PSPV-PSOE, igual que nuestro candidato a la Alcaldía de Sagunto, Darío Moreno, decimos sí al paraje natural y también decimos sí a la continuidad de la empresa durante muchos años más». Es más, desde el PSPV-PSOE siguen apostando por el acuerdo adoptado en enero de 2017 por lo que ven como una posible solución la apertura de una nueva cantera en El Pinyal u otras alternativa fuera de Romeu. «Las presiones no ayudan a que se busquen soluciones, hay que hacer una búsqueda constructiva de las mismas», ha finalizado Chover.

El anuncio de que el Consell iba a aprobar el Plan de Paraje Natural para la montaña Romeu, y el nuevo aplazamiento de esta cuestión desde el Consell, como ha ocurrido en el plazo de dos días, está levantando ampollas en los partidos políticos, sindicatos y trabajadores de Lafarge, tanto entre los partidarios del paraje como de los que están en contra de este asunto. En este contexto partidos y sindicatos, hoy están manifestando sus opiniones, a través de comunicados y ruedas de prensa. Así el grupo municipal del PP en una nota de prensa, critica la postura de algunos partidos del Gobierno local.

«Nuevamente y por segunda semana consecutiva el PSOE y Compromís, juegan con los trabajadores desde sus sillones, al no ser capaces de gestionar un problema que ellos mismos han creado».

Y recuerdan que más de 65 años lleva Lafarge trabajando y conviviendo en nuestra ciudad hasta que ha llegado, en —opinión del PP — el gobierno «anti-trabajador de Francesc Fernández Carrasco que ha llevado al extremo una situación grave y preocupante como es la conservación de más de 650 puestos de trabajo y un golpe a la industria de nuestro municipio».

El portavoz del PP, Sergio Muniesa

Añaden desde la bancada conservadora, que en los días previos, el alcalde y sus socios de Gobierno mostraran la satisfacción «por el anuncio de la declaración cuando significa el cierre inevitable de la planta con la destrucción de 650 puestos de trabajo es una barbaridad, y pone en evidencia el sectarismo y caciquismo de un gobierno. Esta es la verdadera cara de Francesc Fernández y su cuatripartito».

En opinión del portavoz del PP, Sergio Muniesa Franco, los trabajadores de Lafarge no pueden «estar tranquilos con este gobierno local. Porque si se aprobara el paraje natural en sus actuales términos, ni con la autorización de ocupación que les concedió la Generalitat en su actual ocupación, se garantiza su continuidad».

Añade Muniesa, que el hecho de no garantizar la continuidad de la cementera, es algo que el alcalde y sus socios saben «por ello han ido dando pasos para negar la ocupación, negar Piñal y llevar el paraje sin alternativa. Esto es el fruto de cuatro años de persecución que han tenido que sufrir los trabajadores que evidencia el sectarismo de Francesc Fernández y su gobierno de izquierdas». Y asegura el dirigente del PP que hoy Lafarge es una empresa en «precario, con unos trabajadores machacados por la situación generada por Compromís, y consentida por sus socios de gobierno».

Además Muniesa hace al Gobierno municipal responsables de romper un convenio «que dejamos firmado en la pasada legislatura y fijaba unas condiciones que regulaba y aseguraba empleo, continuidad de la empresa y paraje natural». Y prosigue subrayando, que no aceptarlo significa «tirar a la calle a los trabajadores y abrir una vía de indemnización patrimonial millonaria contra el Ayuntamiento por una decisión política».

Para este portavoz conservador la actitud del alcalde también significa «incumplir un convenio que compatibilizaba la industria y el medio ambiente, como exigencia. Con una convivencia real entre industria y Medio Ambiente». Pero eso les ha dado y les da igual a Fernández y sus socios. «Su objetivo es y será siempre: Industria Cero. Es el gobierno de la mentira, porque detrás de sus anuncios de mejora para la ciudad, ningún trabajador está a salvo con el gobierno de Quico Fernández, su Compromís y sus socios de EU, PSOE y ADN Morvedre».

Según explica Muniesa, la política anti-industria del equipo de Gobierno local, la han denunciado los trabajadores, los sindicatos, las empresas «y cuando la ciudadanía venga a darse cuenta, será tarde y no seremos más que un municipio sin industria, una ciudad dormitorio. No es su modelo productivo. Hoy solo han sido capaces de generar el empleo que les dejó preparado el PP».