Instalaciones de la planta desaladora de ACUAMED

El pasado 18 de febrero se celebró una reunión del Consejo de Aguas de Sagunto donde se puso de relieve que el coste de la entrada en servicio de la Desaladora de ACUAMED será asumido por la empresa de capital mixto que gestiona el ciclo integral del agua en el municipio, lo que implica que los ciudadanos de Sagunto terminarán soportando, a través del recibo, el coste extraordinario de esta nueva instalación.

Como ya informó este periódico el pasado septiembre, la planta de ACUAMED se tiene que poner en marcha este mes de marzo con el fin de que no se pierdan las subvenciones asignadas a esta actuación por parte de la Unión Europea, que ascienden a un 20% del total de la inversión, cifrada en torno a los 65 millones de euros.

La capacidad de producción de la desaladora de Sagunto es de 8,2 hm3 año, que, por lo estipulado en el acuerdo entre ACUAMED y el Consistorio, se reservan íntegramente al municipio, lo que implica un abastecimiento hídrico diario de 22.900 m3. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas reservas de caudal se realizaron en el año 2007 en base a las previsiones de unos desarrollos industriales que hoy no se han llegado a producir. Tanto es así que de la concesión otorgada a Sagunto por el decreto ley dictado tras el cierre de la siderúrgica, de 8.655.148 metros cúbicos anuales, en 2018 se consumieron 6.092.497 metros cúbicos. Con estas cifras, correspondientes a 2018, se puede hablar de un excedente concesional de 2.562.651 metros cúbicos.

El Ayuntamiento de Sagunto, en tiempos del tripartito de progreso que presidía la socialista Gloría Calero, firmó el convenio con ACUAMED que, hoy por hoy, sigue plenamente vigente, sin embargo, los partidos que apoyaron la firma del mismo, es decir, PSOE Bloc-Compromís y Esquerra Unida, lo consideran ahora inasumible para el municipio. De ahí que, en lugar de renegociar lo pactado, se haya buscado un ‘plan puente’ a tres años, es decir, para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, por el que el municipio se compromete a comprar anualmente 400.000 metros cúbicos de agua desalada que no necesita.

De esta manera, se puede poner en marcha la instalación, lo cual es trámite indispensable para que la Unión Europea abone los fondos comprometidos en su día. Este ‘plan puente’ no implica, en ningún caso, que el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Sagunto y ACUAMED el 11 de enero de 2007 quede sin efecto, únicamente quedaría suspendido por el tiempo de duración del ‘acuerdo puente’.

O sea, pasado el año 2021, el Ayuntamiento de Sagunto, con la desaladora ya en funcionamiento, seguiría estando obligado a cumplir todo lo estipulado en el convenio que se firmó el 2007, es decir, amortizar la instalación en 25 años y sufragar los gastos que la propia actividad genere.

De acuerdo con los datos que Aguas de Sagunto baraja con relación al impacto económico que tendrá la aplicación del ‘acuerdo puente’ alcanzado entre el actual cuatripartito municipal y ACUAMED, la demanda total para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 sería de 1.200.000 metros cúbicos, a razón de 400.000 anuales. Por este suministro de agua desalada, la empresa de capital mixto Aguas de Sagunto, abonaría en 2019 la cantidad de 225.920 euros, en 2020 pagaría 244.320 euros y en 2021, último ejercicio del ‘acuerdo puente’, la cantidad ascendería a 262.640 euros. El importe total de los tres ejercicios se elevaría hasta los 732.880 euros.

Sobre este acuerdo cabe resaltar, como dato significativo, que al inyectar anualmente 400.000 metros cúbicos de agua desalada al sistema de distribución que gestiona Aguas de Sagunto, se dejará de comprar en origen, trasvase Júcar, ese caudal, lo que supone una reducción en la factura global de 63.722 euros para cada uno de los tres ejercicios. A lo largo del trienio, la cifra acumulada se eleva a 191.166 euros.

Con este dato se percibe claramente lo caro que resulta desalar el agua del mar. Es decir, 1.200.000 metros cúbicos comprados en origen tienen un coste de 191.166 euros, mientras que el precio de ese mismo suministro, procedente de la planta desaladora, se dispara hasta los 732.880 euros, lo que implica un encarecimiento de 541.714 euros.

Repercusión en el recibo

Entre la empresa de capital mixto Aguas de Sagunto y EPSAR, que es la entidad que gestiona la planta potabilizadora, existían unas diferencias de interpretación en cuanto a la cuota que se debía de abonar anualmente por la compra de agua en origen. Ante la falta de entendimiento, en la pasada legislatura se tomó la decisión de llevar el asunto a los tribunales para que fuera la justicia la que dirimiera el litigio. Finalizado, tras el proceso judicial ha quedado acreditado que los postulados defendidos desde el municipio eran los correctos, por lo que, tras el fallo de los tribunales Aguas de Sagunto podrá liberar los recursos económicos que tenía asignados para hacer frente al pago de la totalidad económica requerida por la EPSAR. Así pues, entre los años 2011 y 2018, el total de este capítulo, que ahora queda liberado, asciende a 1.001.610,12 euros.

Por otro lado, a 31 de diciembre de 2018, varios ayuntamientos del Camp de Morvedre siguen adeudando a Aguas de Sagunto la cantidad de 705.125,97 euros, que se espera se puedan ingresar durante los próximos meses en las arcas de la empresa de economía mixta. Hay que tener en cuenta que la deuda acumulada de los pueblos de la comarca entre 2012 y 2016 llegó a situarse en 1.699.554,20 euros. Al final, entre la deuda de los municipios y lo que se ha evitado pagar al EPSAR por sentencia judicial, la cuantía total asciende a 1.706.736,09 euros.

Lo que se pretendía es que ese 1.001.610,12 de euros que, por sentencia judicial, se dejará de pagar a la ESPAR, se repercutiera en el usuario, realizando una bajada del recibo del agua, que se ha incrementado en casi un 100% desde que PSOE, PP y Bloc-Compromís, tomaron la decisión de llevar a cabo la privatización encubierta del ciclo integral del agua.

Sin embargo, la reducción de la tarifa del agua que se anunciará de cara a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, va a ser más simbólica que efectiva, puesto que la mayor parte de esos recursos irán destinados a sufragar los gastos por la compra de agua desalada durante el periodo de duración del ‘acuerdo puente’, es decir, entre 2019 y 2021. Lo que se deduce, en cualquier caso, es que la entrada en funcionamiento de la desaladora repercutirá en el bolsillo de los vecinos del municipio, que a través de la empresa Aguas de Sagunto terminarán asumiendo la amortización de esta instalación y su mantenimiento.

El hecho de que sean los ciudadanos los que terminen pagando, a través del recibo del agua, una instalación que no necesita el municipio, es interpretado por el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sagunto, Sergio Muniesa Franco, como un paso atrás: «la buena marcha de la empresa debe trasladarse a los vecinos en una reducción de la tarifa en su máxima cuantía y no en una menor, por intentar disimular el error de construir una desaladora innecesaria».

Sergio Muniesa, portavoz del Partido Popular

En este sentido, recuerda Muniesa que fue en febrero de 2014, cuando el PP acordó oponerse a las liquidaciones practicadas por la EPSAR y que ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que ha reconocido que aquella decisión fue correcta.

En esta línea, resalta el portavoz popular que: «gracias a la decisión tomada entonces se ha abierto una importante vía de ahorro para la compra de agua en alta. Este ahorro, que en la práctica supone más de un 10% del coste de compra de agua, se debe trasladar a los vecinos y a la industria de forma íntegra. Sin embargo, el equipo de Gobierno, lo quiere emplear en tapar el monumental error cometido con la firma del convenio para la construcción de la desaladora y emplearlo en comprar hasta 400.000 metros cúbicos al año de agua desalada, que es absolutamente innecesaria».

Finalmente, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Sergio Muniesa Franco, advierte de las consecuencias para el municipio, al aceptarse el ‘acuerdo puente’ entre el Ayuntamiento y ACUAMED: «quieren aprobar ese nuevo convenio transitorio, pero tras su tiempo de vigencia se aplicaría plenamente, con toda su crudeza, el firmado en 2007, que, curiosamente, el propio alcalde, señor Fernández, considera inasumible, cuando lo aprobaron ellos. En definitiva, quieren trasladar a la empresa y, por tanto, a los vecinos el error de la desaladora. Además, con el agravante de que, una vez puesta en marcha la planta, al tenerse que cumplir el convenio, tendríamos que empezar a pagar el coste de la instalación en su doble vertiente, me refiero a la amortización y mantenimiento. Con lo que el precio del agua podría subir hasta un 50% más».