El pasado 11 de diciembre la Comisión de Obras Públicas Infraestructuras y Transportes de las Cortes Valencianas dio luz verde a la Proposición No de Ley (PNL) por la que se insta al Gobierno de la Generalitat para que solicite al Ministerio de Transición Ecológica que asuma, a través de sus presupuestos, el coste total de la Construcción, puesta en marcha y mantenimiento de las tres desaladoras existentes en la Comunidad Valenciana, entre ellas la de Sagunto.
Es de destacar que en la PNL, promovida por Compromís, solo se incluían inicialmente las instalaciones de Cabanes-Oropesa y Moncofar-Xilxes, quedando fuera de esta iniciativa la de Sagunto. Fue, después de que el diputado autonómico Alfredo Castelló advirtiera de este ‘olvido’, cuando se presentó una enmienda para incluir la desaladora del municipio.
Por otro lado, también es llamativo que esta PNL fuera presentada el pasado 15 de enero y no se abordara en la citada Comisión de Obras Públicas Infraestructuras y Transportes de las Cortes Valencianas hasta el pasado 11 de diciembre. Sobre todo, porque se echa el tiempo encima, ya que estas instalaciones tendrán que ponerse en marcha en marzo de 2019, puesto que, en caso contrario, se perderían las ayudas europeas que ascienden al 20% del coste total, que en el caso de la desaladora de Sagunto se eleva a los 65 millones de euros.
Sin embargo, desde el Grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sagunto, su portavoz, Sergio Muniesa Franco, no cree que haya sido consecuencia de un olvido el que la desaladora de Sagunto no estuviera incluida desde su origen en el texto de la PNL presentada por Compromís. Considera que, al llegarse a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Sagunto y Acuamed para su puesta en marcha, se dejó fuera esta instalación: «siguen defendiendo que esta planta es un recurso que se debe pagar entre todos los usuarios, y que se les “olvide” en su PNL nuestra ciudad, mientras plantea cargar esos futuros costes a Aigues de Sagunt, demuestra que lo que se estaba negociando es un acuerdo para su puesta en marcha».
Es un hecho, efectivamente, que el cuatripartito ya tiene asumida la puesta en marcha de la desaladora, independientemente de que el Estado asuma su coste o no, tanto es así que en el consejo de Aguas de Sagunto celebrado el pasado noviembre se aprobó, para 2019, el programa de actuación, inversiones y financiación de la empresa Aguas de Sagunt. En la página 3 de este documento, donde ya se asume que entrará en servicio dicha instalación, se indica de forma expresa que: «se ha estimado que dicho impacto económico supondrá un mayor coste de producción por compra de agua en la empresa mixta por un importe de 190.000 euros, aproximadamente». De esta manera, ya se advierte de un encarecimiento de los costes que, llegado el caso, la empresa mixta podría repercutir a los ciudadanos en el recibo.
Téngase en cuenta que se trata de un convenio transitorio que dejaría sin efecto por espacio de 3 años el firmado en 2007 entre la alcaldesa del municipio, la socialista, Gloria Calero Albal y Acuamed, por el que el Ayuntamiento asumía el coste de la inversión, cifrado en unos 65 millones de euros. Es decir, pasado este trienio, el municipio debería asumir los costes de esta instalación, puesta en marcha y mantenimiento.