En el pleno del pasado martes, el Ayuntamiento de Sagunto aprobó, como han explicado desde a asociación Acción y Comunicación sobre Medio Oriente, «su adhesión al Espacio Libre de Apartheid israelí (ELAI)», una moción presentada por el grupo municipal de Esquerra Unida (EUPV) e impulsada por el movimiento BDS de València. Esta propuesta salió adelante con los votos favorables de todo el plenario exceptuando los concejales de Ciudadanos y Partido Popular.
Ahora, la asociación Acción y Comunicación sobre Medio Oriente (ACOM) ha enviado un comunicado en el que asegura que este hecho «supondría una grave discriminación ilegal, convirtiendo esta ciudad valenciana en un territorio “Judenfrei”, hostil a cualquier ciudadano o empresa israelí y a cualquier español asociado con Israel».
Es por este motivo por el cual, desde ACOM aseguran que ya han comenzado a tomar medidas legales «contra los diferentes actores que han intervenido en la promoción y aprobación de dicha adhesión» puesto que, como aseguran, «la declaración del ayuntamiento es completamente ilegal e inconstitucional, como así lo han determinado con anterioridad los tribunales de justicia españoles». De igual forma, ACOM iniciará acciones legales contra los regidores por prevaricación, «buscando su inhabilitación, enmarcando los hechos en el artículo 510 del Código Penal, y contra los promotores de la declaración por incitación al odio».
Según han explicado, el movimiento que impulsa las declaraciones de adhesión a espacio ELAI y BDS, «además de ser un movimiento que conlleva una falsa solidaridad con los palestinos, niega la solución de dos estados, es marcadamente antisemita al no reconocer el derecho a la existencia de Israel y blanquea, justifica y hace apología del terrorismo palestino. Esta aseveración es evidente dado que nunca han emitido una condena contra los grupos terroristas que operan contra Israel, ni reconocen la pluralidad étnica, cultural y religiosa de Israel, donde el 20% de la población es árabe y disfruta de plenos derechos. Es muy importante remarcar que esa población árabe-israelí también sería discriminada por este acuerdo».
Por último, desde ACOM han recordado que «los inspiradores de las mociones como la del Ayuntamiento de Sagunto, el grupo constituido con nombre BDS Pais Valencià, sin inscripción legal, tiene a nueve de sus miembros sentados en el banquillo por graves delitos por el acoso, las coacciones y agresiones sobre el artista judío norteamericano Matisyahu en verano de 2015. La ferocidad de la campaña contra el cantante por ser judío (no israelí) y la turba violenta que intentó reventar la actuación del artista, puso en evidencia que el BDS es un grupo asociado a comportamientos sectarios e intolerantes que son nefastos para la convivencia cívica y democrática».
Moción aprobada
De este modo, como se puede leer en la exposición de motivos de la moción, que fue presentada por el portavoz de EUPV, Guillermo Sampedro: «En los últimos meses hemos vivido un repunte de la inestabilidad y vulneraciones de los Derechos Humanos del pueblo palestino, haciendo más frágil si cabe la situación de este pueblo que desde hace 70 años ha vivido bajo la limpieza étnica y el apartheid –y, en el caso de Cisjordania y la Franja de Gaza, también bajo ocupación militar desde junio de 1967– y que el pasado 15 de mayo conmemoró la Nakba, día de luto nacional por la expulsión de la mayor parte de la población palestina de sus hogares como consecuencia del nacimiento del Estado de Israel o de las operaciones paramilitares sionistas de los meses anteriores».
Durante su intervención, Sampedro reconoció que esta propuesta no era sobre ningún asunto municipal pero que con su aprobación Sagunto sería «una ciudad mejor». Y es que, como aseguró, «el pueblo palestino constituye el mayor grupo de población que más tiempo permanece en el exilio. Actualmente se contabilizan más de 5 millones de personas con estatuto de refugiado que viven en el Líbano, Siria, Jordania y más de dos millones en Gaza y Cisjordania. De estas últimas, 1,4 millones viven en alguno de los 58 campamentos, gestionados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA)».
De este modo, el plenario saguntino aprobó, entre otras cuestiones, condenar todas las violaciones y agresiones israelíes que se están realizando en Palestina, especialmente en la Franja de Gaza, en Jerusalén y desde los asentamientos de colonos israelíes en territorios palestinos por suponer una violación grave del derecho internacional y de los Derechos Humanos. Específicamente, las últimas actuaciones contra las personas que se llevan manifestando desde el pasado 30 de marzo en Gaza que han provocado más de 125 muertos y más de 13.000 personas heridas, sumándonos a la exigencia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a que Israel rinda cuentas por estas actuaciones, así como las producidas tras la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén del 14 de mayo.
Además de instar al Gobierno de España a que mantenga un papel activo en pro de una solución pacífica de la cuestión de Palestina-Israel que parta del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, y que respete el derecho internacional y los derechos humanos, y a que se promueva una investigación internacional por relatores independientes y a incrementar la aportación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y establecer un Marco de Asociación Estratégica con dicha agencia, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como un marco de apoyo presupuestario anual que se vea reflejado en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Asimismo, se solicitará al Gobierno de España a que imponga un embargo militar a Israel por el elevado riesgo de que estas armas o elementos puedan ser utilizados para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, incluyendo el crimen de apartheid, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales mientras que el Ayuntamiento de Sagunto apoyará programas de cooperación que actúen en territorios palestinos para establecer acciones claras y directas que garanticen la seguridad y los derechos del pueblo palestino y declararse como ciudad de solidaridad y apoyo al derecho de libre determinación del pueblo palestino.
