El Concejal de ADN Morvedre, Sergio Moreno, fue el que alertó a la policía de estas presuntas irregularidades

Levantado el secreto del sumario en la pieza de la Operación Flotador por la que fueron detenidos cinco funcionarios del Ayuntamiento de Sagunto

Entre los empleados públicos investigación, se encuentra Francisco Crispín, exjefe del Servicio de la Inspección Técnica de Actividades y actualmente portavoz del Grupo Municipal Socialista  
Levantado el secreto del sumario en la pieza de la Operación Flotador por la que fueron detenidos cinco funcionarios del Ayuntamiento de Sagunto Levantado el secreto del sumario en la pieza de la Operación Flotador por la que fueron detenidos cinco funcionarios del Ayuntamiento de Sagunto
Domingo, 07 Mayo 2017 13:16

El pasado 28 de marzo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunto coordinó una operación por presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Sagunto, que se saldó con la detención de un concejal y cuatro técnicos municipales. La instructora investigaba al exjefe del Servicio de la Inspección Técnica de Actividades, ahora portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Crispín, y a los técnicos de este departamento V.P., J.V.G., J.A. y J.V.C., por el uso irregular que durante varios años habrían dado a la partida de 300 euros que percibían cada dos años para renovar su uniforme laboral.

La operación policial fue desarrollada por agentes de la UDEF, de la Policía Nacional, bajo la coordinación de la titular del Juzgado número 4 de los de Sagunto, que investigaba si los cinco funcionarios destinaron el dinero público percibido entre 2007 y 2014 a compras en tiendas de mujer, de bebé, establecimientos deportivos y armerías.

El pasado jueves, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunto levantó el secreto del sumario de esta parte de la investigación, que se incluye dentro de la denominada 'Operación Flotador', según ha publicado hoy el diario El Mundo. Tal y como figura en el auto de la jueza, «las facturas emitidas al Ayuntamiento no se corresponden con los productos que realmente eran adquiridos» por los investigados.

De acuerdo con lo que figura en el sumario, esta investigación se inicia tras la toma de declaración por parte de los agentes de la Policía Nacional, al concejal de Transparencia Sergio Moreno, de ADN Morvedre, la marca blanca de Podemos. Es el testimonio del edil 'podemita' el que alerta de estas presuntas irregularidades, relativas a diversos aspectos relacionados con la gestión del Ayuntamiento. Según la jueza instructora, estas presuntas irregularidades consistían: «en el abono de facturas emitidas por tiendas de ropa con cargo al Ayuntamiento, comercios en los que se venden trajes de vestir, ropa y artículos deportivos de marca, no correspondiéndose ésta con la adecuada ropa de trabajo que la Corporación debe facilitar a aquellos trabajadores que prestan servicios en puestos que impliquen un desgaste de prendas superior a lo normal o requieran especiales medidas de seguridad y protección».

Del sumario se desprende, asimismo, que en las facturas no se detallaban los conceptos que generaban el gasto: «los artículos efectivamente comprados, haciendo únicamente referencia a conceptos genéricos como vestimenta de caballero para el servicio de inspección o suministro de equipamiento, sin dar una descripción más detallada de las prendas».

Los agentes de la UDEF realizaron las correspondientes comprobaciones, interrogando a los titulares de comercios y empresas que emitieron las facturas, pudiendo descubrir, tras estas pesquisas, que la dinámica de funcionamiento consistía en «presentar una factura con un concepto genérico», de acuerdo con los requisitos exigidos para poder beneficiarse de la ayuda por importe de 300 euros, que por convenio tenían derecho a disfrutar cada dos años, y «con el 'crédito' conseguido con la presentación de la factura, ir al establecimiento emisor de la factura y realizar el gasto en varios días y en diferentes prendas». Se indica, asimismo, que los artículos adquiridos eran de «diferentes tallas, artículos de mujer, artículos de bebé, de deporte» incluso «munición y carabinas que por sus cualidades hace pensar que no es utilizado para las inspecciones».

Uno de los empresarios interrogados por la UDEF fue el propietario de una conocida armería y tienda de deportes de Sagunto. De acuerdo con el auto, este comerciante declaró que «personas del departamento de Actividades le indicaron que en las facturas apareciese un concepto genérico, en concreto que pusiese suministro equipamiento, ropa y calzado».

Una pieza separada

La causa, que se abrió por un presunto delito de malversación, y que precipitó la detención por unas horas de los cinco funcionarios del Ayuntamiento de Sagunto, es una pieza separada de la llamada ´Operación Flotador´, que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del Consistorio saguntino y en la concesión de licencias urbanísticas.

La operación se inició en agosto de 2015 por los delitos de cohecho y prevaricación, a partir de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. En ella se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14, periodos en los que fue alcalde Alfredo Castelló, actual diputado del PP en las Cortes Valencianas.

En la pieza principal de la ´Operación Flotador´, el Juzgado investiga a 12 personas físicas (concejales y exconcejales) y 6 personas jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares.

La diligencias, todavía declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público. Se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.

Además de la principal, la causa consta de dos piezas separadas: una en la que se investigan las irregularidades en la concesión de licencias en el área de Urbanismo, por la que esta pasada semana volvieron los agentes de la UDEF a solicitar nueva documentación al Ayuntamiento de Sagunto, en la que hay tres investigados por prevaricación y tráfico de influencias; y la que investiga si los cinco funcionarios gastaron el dinero para ropa de trabajo en otros artículos.


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Modificado por última vez en Lunes, 08 Mayo 2017 11:21

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