La pasada semana, este periódico digital, informó de que una sentencia del TSJ obliga al Ayuntamiento de Sagunto a ingresar 64.000 euros en Tesorería General de la Seguridad Social, como así lo explicó el concejal de Personal y Regimen Interior, Sergio Moreno, una sentencia que se deriva de la contratación administrativa para actividades docentes de los profesores y monitores de la Universitat Popular para el curso 2012/2013, aprobada por la Junta de Gobierno Local de 11 de octubre de 2012.
Las declaraciones realizadas por el concejal de ADN Morvedre ya ha causado las primeras reacciones en el seno de Iniciativa Porteña, cuyo edil, Juan Guillén, ha afirmado: «Llama poderosamente la atención que el señor Moreno saque pecho diciendo que la sentencia obliga al ayuntamiento de Sagunto al ingreso de 64.000 euros, más las costas judiciales, y además con seguridad tendrá que abonar los intereses de demora que practicará la Tesorería de la Seguridad Social. Habrá que recordarle que la sentencia a la que se refiere es la sentencia desestimatoria del recurso que el propio ayuntamiento interpuso en fecha 8 de julio de 2015, es decir cuando ya estaba conformado el actual equipo de gobierno».
El concejal segregacionista ha asegurado que en ese recurso que el ayuntamiento interpuso, se solicitaba dejar sin efecto una sentencia del Juzgado de lo Social que consagraba los derechos de los trabajadores de la Universidad Popular contratados irregularmente por el ayuntamiento. «Curiosa forma de defender los intereses de los trabajadores cuando se recurre una sentencia que ampara precisamente esos derechos de los trabajadores. Menos mal que el TSJ no ha dado la razón a este equipo de gobierno. Y es que de haber prosperado el recurso del ayuntamiento, los trabajadores se hubieran visto privados de sus cotizaciones a la Seguridad Social durante dos años», ha explicado Guillén.
Desde las filas de Iniciativa Porteña han querido recordar que fue a partir de una moción presentada por esta formación en el pleno del 28 de julio de 2015, «cuando empezó a contratarse regularmente a los trabajadores de la Universidad Popular, a pesar de que el equipo de gobierno presentó un recurso en sentido contrario».
Y es que, según comenta Guillén, la moción presentada por IP decía lo siguiente: «Solicitamos al pleno del ayuntamiento el pronunciamiento favorable para que las personas contratadas para impartir clases en la Universidad Popular lo sean en régimen de trabajadores por cuenta ajena, es decir contratados directamente por el ayuntamiento según el convenio aplicable, los requisitos exigidos y el trabajo desarrollado».
Es por este motivo por el cual, el concejal segregacionista finaliza apuntando: «Habida cuenta de que la sentencia que no da la razón al ayuntamiento, posibilita al ayuntamiento a seguir pleiteando con un Recurso de unificación de doctrina, solicitamos desde IP que el ayuntamiento desestime esta posibilidad y se acabe de una vez con la incertidumbre sobre la naturaleza laboral de estos trabajadores».
