Tras la aprobación de la ordenanza reguladora de la ocupación de dominio público municipal, hace dos meses, el Equipo de Gobierno ha sido advertido(por el Secretario del Ayuntamiento y la Policía Local) del incumplimiento de la legalidad de dicha ordenanza, que será modificada, para adaptarla a lo que marca la ley. La nueva ordenanza se llevará con toda probabilidad al Pleno de septiembre.
El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González Sánchez ha indicado: «ya advertimos que la ordenanza que se aprobó, a pesar de la alegría de algunos hosteleros, tenía ciertas incompatibilidades, como ha quedado demostrado tras los últimos acontecimientos». Y añade que las palabras de la edil Roser Maestro «que se vanagloriaba de haber recogido todas las sugerencias, demuestran la falta de conocimiento y de saber hacer de este equipo de gobierno que en lugar de mejorar, ha empeorado la situación de inseguridad jurídica en la que nos encontrábamos».
Un centenar de denuncias contra terrazas
El concejal porteño ha manifestado su «preocupación por la falta de rigor» del Equipo de Gobierno que aprobó el pasado cinco de agosto en Junta de Gobierno local, notificar a cerca de un centenar de locales lo siguiente: «La denegación de la ocupación de la vía pública con mesas y sillas, con o sin instalaciones en la calzada, la retirada de las mesas y sillas y la restauración de la vía pública al mismo estado, y la notificación a los afectados».
Matiza González que el acuerdo para notificar a los hosteleros, se basaba en los informes desfavorables del Secretario General y también de la Policía Local, «siendo especialmente grave el informe de este último departamento que dice textualmente que “ninguna de las terrazas señaladas reúne la seguridad necesaria para el ejercicio de la actividad en las mismas”…».
Para el líder de Iniciativa Porteña, el informe de policía local es «de una gravedad extrema» y considera que tras la notificación a los interesados, el tripartito «no tiene margen de maniobra». Y continua explicando, que un mes después de celebrarse esa junta de gobierno, «no ha habido actuación alguna y eso podría tener consecuencias para el Ayuntamiento».
Negligencia del alcalde y la edil de Policía Local
Afirma González que el expediente aprobado en junta de gobierno, «deja al Ayuntamiento en precario, puesto que antes de enviar esas notificaciones se debería haber buscado la fórmula para salvar cualquier tipo de imprevisto si esas terrazas se mantienen abiertas, tal y como están ahora».
A juicio del representante de IP, en este asunto se ha producido «una negligencia del gobierno municipal, especialmente del alcalde y la regidora de Policía, puesto que si hubiera cualquier tipo de desgracia, motivada en la inseguridad a la que hacen referencia los informes de la Policía Local, el problema de responsabilidad civil subsidiaria y, desde luego en su caso, la responsabilidad penal, recaería sobre el Ayuntamiento y los componentes del equipo de gobierno».
González prosigue explicando: «Los propietarios de las terrazas han sido notificados, y ante su lógica reacción, se les ha dicho que de momento queda paralizado el expediente, pero esto no es más que una chapuza cuyas consecuencias pueden ser muy graves. No se han hecho bien las cosas, es más, la situación ha empeorado en los últimos meses».
En opinión del portavoz de IP, el tripartito «es un auténtico desastre y si este asunto trae consecuencias de responsabilidad para el Ayuntamiento, seré el primero en acusar de prevaricación al alcalde por no cumplir con las obligaciones legales causadas tras una serie de decisiones que han complicado el futuro de la actividad hostelera en el municipio».
