Vecinos residentes en los aledaños de la gasolinera de la rotonda de las vagonetas, han expresado su protesta ante la ampliación de esta actividad, con la que se busca su adaptación a la legalidad vigente. Como se recordará, esta estación de servicio está afectada por un fallo judicial firme, el 496, de 29 de mayo de 2015, que es el que declara nulos los acuerdos de la junta local de Gobierno.
Efectivamente, el fallo indica: «Estimar el recurso planteado por Carburantes Monterrey, S.L., contra “Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Valencia, n.º 503/2010 de 27.09.2010, inadmitiendo el recurso (art. 69.c) de la Ley 29/1998) frente a acuerdos de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sagunto de 11.12.2006 y 22.11.2006 por el que se concede licencia ambiental de la actividad de estación de servicio en ronda Puerto de Sagunto, Polígono 69, parcela 27, y licencia de edificación”. SE REVOCA LA SENTENCIA EN CUANTO DECLARA LA INADMISIBILIDAD, entrando en el fondo, SE ESTIMA EL RECURSO Y ANULAN LAS RESOLUCIONES RECURRIDAS Y SE ORDENA LA CLAUSURA DE LA ACTIVIDAD Y ELIMINACIÓN DE LAS OBRAS. Todo ello sin expresa condena de costas».
De acuerdo con este pronunciamiento judicial, la citada actividad debería de haber sido clausurada y sus obras demolidas, lo que hubiera acarreado fuertes indemnizaciones para el Ayuntamiento de Sagunto, que fue el que concedió las correspondientes licencias en tiempos del tripartito de progreso, entre 2003 y 2007, siendo concejal de urbanismo el actual alcalde, Francesc Fernández.
Los vecinos, que están dispuestos a recurrir a la justicia, han colocado una gran pancarta en una de las viviendas cercanas a la estación de servicio. Al mismo tiempo, han remitido una instancia al Ayuntamiento de Sagunto, que tuvo entrada en el registro general municipal el pasado 19 de junio. En dicho escrito, uno de los afectados alega en contra de esta ampliación de la gasolinera señalando, entre otras cosas, que: «generaría gran perjuicio a los vecinos la ampliación de la misma ya que pasaría a situarse a tan solo 15 metros de las viviendas y de zonas recreativas infantiles, los posibles nuevos surtidores de combustible y aquellas construcciones que acompañaran al nuevo proyecto».
Más adelante, resaltan en el escrito remitido al Ayuntamiento de Sagunto que la ampliación supone un incremento de la contaminación lumínica y acústica: «Implicaría el incremento de la contaminación lumínica y acústica, ya existente hasta el momento. Al tratarse de una perturbación sonora de impacto acústico en las viviendas de lo vecino afectados, que podría conllevar la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, como es el derecho a la integridad física y moral. lncluso pudiendo llegar a impedir o dificultar gravemente el libre desarrollo de la personalidad y generando un menoscabo de la vida privada y familiar, considerando que las emisiones serian de un carácter reiterado al tratarse de un área de servicio 24 horas».
También plantea la citada instancia vecinal el aumento de las emisiones de gases, tales como el benceno: «El aumento de la proximidad de la gasolinera a la zona residencial implicaría, el incremento a la exposición de la contaminación de gases como es el Benceno. Gas de hidrocarburo Considerado por la comunidad científica como cancerígeno, que respirado en altos niveles puede causar la muerte, mientras que a niveles bajos puede causar somnolencia, mareo y aceleración del latido de corazón o taquicardia. El situar una fuente de benceno próxima a los seres humanos conlleva la exposición prolongada a semejante gas, manifestándose ésta en la sangre produciendo posibles efecto nocivos en la médula ósea generando anémia a las personas humanas».
Comisión de investigación
El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González Sánchez, ya anunció a finales de junio del pasado año que, llegado el momento, propondría la constitución de una Comisión de Investigación para aclarar las responsabilidades políticas que se pudieran derivar de la sentencia del TSJCV. González, en declaraciones a este periódico, realizadas en aquellas fechas, indicaba que: «queda acreditado que el Ayuntamiento no actuó de forma adecuada y se observan ciertas irregularidades. El juez instructor ha hecho una exposición demoledora con la que justifica lo que algunos consideran una extralimitación judicial. Quiero recordar que nuestro grupo —prosigue González— ya denunció las irregularidades en la tramitación de la licencia ambiental de esta gasolinera. Aguantamos los insultos del entonces concejal de Urbanismo, señor Fernández, que se atrevió a manifestar que detrás de las acusaciones de Iniciativa Porteña había intereses particulares. Pero el tiempo ha puesto las cosas en sus sitio y ahora este señor deberá responder ante la comisión de investigación».
