Ya adelantó este periódico en su edición del pasado 20 de mayo que todas las terrazas de bares, situadas sobre la calzada son ilegales, aunque hayan abonado la tasa de ocupación. Tanto es así, que los hosteleros ya hace unos días que han empezado a recibir las correspondientes notificaciones de denuncia por «carecer de la correspondiente autorización administrativa para la instalación de mesas y sillas en dominio público municipal». Como consecuencia de ello, se considera que el empresario ha incurrido en la siguiente infracción: «La instalación de mesas, sillas, sombrillas y toldos A y B en las zonas de dominio público sin la autorización requerida, cuando pueda ser objeto de legalización posterior, o el incumplimiento de alguna de las prescripciones impuestas en la autorización otorgada y la no retirada de las instalaciones fuera del horario autorizado». En este caso, la sanción es de 300 euros, pero ya se advierte en la notificación que puede llegar hasta los 750.
Así las cosas, en la tarde de este lunes se han reunido alrededor de 90 propietarios de bares y cafeterías en un local del polígono de Ingruinsa, todos ellos sancionados por el Ayuntamiento de Sagunto, al tener instalada en la calzada la correspondiente terraza. En el transcurso de esta reunión se ha hecho un análisis de la situación y se ha puesto de relieve la preocupación por el hecho de que el consistorio les obligue a desmontar estas instalaciones, tal y como ya ha ocurrido en Sagunto, cuya estructura, que es la que aparece en la fotografía, fue desmontada por mandato municipal, sin que el propietario conozca su paradero.
Entre los acuerdos adoptados, destacar que el próximo miércoles, a las 10 de la mañana, acudirán todos los afectados hasta el palacio municipal para presentar el correspondiente recurso, con el que, dentro del plazo de quince días que se les concede, alegarán contra la sanción. En esta reunión se ha resaltado la contrariedad en la que está incurriendo el propio Ayuntamiento, que, por un lado, cobra la tasa de ocupación a quien solicita una terraza, sin conocer previamente si legalmente es viable o no, y, por otro, sanciona a los locales por no cumplir la legalidad.
Los afectados, que en total pueden alcanzar la cifra de 180, van a pedir el apoyo de la asociación de comerciantes ACEISYC, de cara a pedir una reunión urgente con el alcalde de la ciudad para tratar esta problemática. Los hosteleros quieren proponerle a la primera autoridad local que, al estar en preparación una nueva ordenanza municipal, se decrete una moratoria del tiempo necesario para que todos los establecimientos adapten sus instalaciones a la nueva normativa y, de esta forma, evitar sanciones.
Como ya informó este periódico, esta actividad está regulada actualmente por la Ordenanza Municipal de Instalaciones Desmontables de Mesas y Sillas, que en el párrafo 2 del punto segundo del apartado C que recoge el artículo 5, señala textualmente: «La ubicación se podrá habilitar en la calzada previo informe de la Policía Local en el que se valorará el perjuicio que puede suponer para la seguridad de los vehículos y peatones, así como para la fluidez del tráfico. En estos casos la ocupación deberá realizarse mediante un plataforma a nivel de acera debidamente protegida».
