Las entidades vecinales Bonilles-Romeu y Tres Barrancs expresan en su escrito que ante la fuerte presión ejercida por la multinacional cementera Lafarge sobre el ayuntamiento de Sagunto y la Generalitat Valenciana «para intentar imponer sus intereses económicos sobre el interés general y la legalidad, esperamos y exigimos del ayuntamiento de Sagunt que sea firme en su obligación de ajustarse a la legalidad, de defender el interés general y de intentar la conciliación de todos los intereses sin ceder al chantaje del supuesto lucro cesante y de la amenaza del cierre de Lafarge y despido de sus trabajadores, cuando no sabemos las verdaderas intenciones de la empresa, ya que parece que sigue sin buscar alternativas extractivas legales y aceptables desde el punto de vista social y medioambiental para cuando caduque su ocupación de la actual cantera del Salt del Llop en 2018».
Añaden estos vecinos que en caso que el ayuntamiento de Sagunto o la Conselleria de Medio Ambiente aprobaran ampliar la actividad de la cantera del Salt de Llop de Romeu más allá de 2017 «no dudaremos en llevarles ante la justicia en defensa de nuestros derechos ciudadanos y de la legalidad. Porque ante todo debe primar el derecho a la salud, a la seguridad y a la calidad de vida de las personas, y también los valores medioambientales, frente a los intereses económicos de una empresa».
Añaden que la nueva Ley de Ordenación del Territorio (LOTUP) es muy clara, «y toda nueva autorización de ocupación minera del Salt del Llop debería cumplir el estar a más de 500 metros de usos residenciales, cosa que es incompatible con la prolongación de la actividad minera de la cantera del Salt de Llop, ya que la cantera actual se sitúa ya a escasos metros de las viviendas tras sucesivas ampliaciones, suponiendo cada vez mayores molestias y riesgos sobre las personas y viviendas».
Recuerdan las entidades vecinales, que la mayoría de viviendas se encuentran en suelo Urbano Residencial reconocido por el PGOU de Sagunto, «cosa que obvia interesadamente el informe pagado por Lafarge y encargado al equipo jurídico del lobby de la minería en España. Por mucho poder mediático, y por mucho dinero que tenga Lafarge para pagar abogados e informes interesados, los vecinos no podemos competir económicamente con Lafarge, pero hemos ganado la única sentencia existente hasta el momento sobre el asunto, confirmando que la denegación de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) para ampliar la cantera del Salt del Llop sobre la montaña de Romeu fue correcta y legal, y que se encuentra vigente dicha denegación».
En otro párrafo del comunicado subrayan que el «conflicto creado por Lafarge al no buscar alternativas extractivas legales y aceptables social y ambientalmente, y del cuál también son corresponsables los anteriores gobiernos municipales al no hacer nada y no obligar a Lafarge a buscar otras alternativas para el abastecimiento de la fábrica de cemento debería estar resuelto hace ya muchos años, y sólo puede resolverse desde la conciliación de todos los intereses y desde la legalidad».
Por ello esperan que el gobierno municipal así lo haga, «o de lo contrario nos veremos obligados a acudir a la justicia de nuevo, porque después de más de 50 años de sufrimiento que ha ido incrementándose con el tiempo decimos basta ya».
Por otro lado, exigen los vecinos estar presentes y representados en cualquier reunión de negociación o comisión al respecto que se lleve a cabo, al igual que está representado Lafarge, «porque nosotros también somos afectados por la actividad de la cementera y tenemos derecho a defender nuestros intereses de salud, seguridad y calidad de vida, y más aún tratándose de un monte de Utilidad Pública como el de Romeu-Bonilles que es el pulmón verde del municipio» concluyen.
