Después de tres años de ser aprobada una moción presentada por Compromís sobre la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, el alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, mediante su firma, ha retirado los títulos honoríficos concedidos a Francisco Franco Bahamonde, al que le fue concedida la Medalla de Oro de la ciudad en 1965, y a su Ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, quien fue nombrado hijo adoptivo de la capital del Camp de Morvedre en marzo de 1954.
Del mismo modo, desde la alcaldía se ha propuesta la modificación de los nombres de las calles Vascongadas, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja y León por los nombres actuales correspondientes a las Comunidades Autónomas como así lo dicen en sus estatutos de autonomía, iniciativa en la que ya está trabajando la Comisión de Toponimia de la localidad.
Como informan desde el grupo municipal de Compromís, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la cual se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quién sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, «ha venido a iniciar el tramo final de la reparación moral que las administraciones y los ciudadanos debemos hacia quienes sufrieron la persecución, las injusticias y los agravios, bien por motivos políticos o bien por motivos religiosos, en aquellos dolorosos años de la historia española».
Asimismo, los nacionalistas afirman que «se trata de un camino de reconocimiento iniciado de manera puntual y desinteresado, por ciudadanos y ciudadanas que, de manera concienciada y anónimo, quisieron traer a la memoria colectiva nuestra falta común y nuestro olvido hacia quienes murieron en defensa de las libertades democráticas en nuestro país. Un camino de reconocimiento al que las instituciones se sumaron con la aprobación de la Proposición No de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad el 20 de noviembre de 2002, posteriormente continuado por el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006. Con la Ley 52/2007, las Instituciones Públicas quedan comprometidas para la reparación de los daños causados en los tres años de la Guerra Civil y en las casi cuatro décadas posteriores de represión franquista que causó graves daños contra la vida, los derechos humanos más elementales, el estado civil, la nacionalidad… por el hecho de haber pertenecido o apoyado a determinadas creencias políticas, religiosas o morales diferentes a las del bando vencedor».
