La oposición del Ayuntamiento de Sagunto forzó al equipo de gobierno a agilizar los trámites para la apertura de una nueva cantera en el Pinyal como así se solicitó a través de una moción que fue presentada por los grupos municipales del PP, Iniciativa Porteña (IP) y Ciudadanos y que fue respaldada por el PSPV-PSOE mientras que el recién creado tripartito (Compromís, ADN Morvedre y Esquerra Unida) decidió votarla en contra. Así pues, para el próximo pleno el equipo de gobierno debería presentar el expediente ya finalizado de cambio de planeamiento que supone el inicio de los trámites administrativos para la apertura de esta nueva cantera.
Esta propuesta fue lanzada ante decenas de trabajadores de la empresa Lafarge que acudieron a la sesión plenaria a reclamar la continuidad de esta planta cementera en un punto que causó diversos momentos de tensión, que hizo que el alcalde de Sagunto, Quico Fernández, tuviese que suspender el pleno durante algunos minutos, ante el estupor del público y los propios ediles de la corporación, lo que causó enfado y discusiones entre algunos de los asistentes al plenario que llegaron a increpar a algunos de los concejales.
Antes de la suspensión de la sesión plenaria, tomó la palabra Juan Luis Rodríguez en representación de los trabajadores de Lafarge quien afirmó: «Nuestro problema es sencillo, necesitamos piedra para hacer cemento y la extraemos de una cantera desde hace más de 60 años. Este equipo de gobierno, que apenas lleva dos meses gobernando, nos dice que aplicando la ley de 2014 se tiene que cerrar en 2017, ley que a esta cantera no afecta porque existe con anterioridad y porque tiene un permiso de explotación hasta 2042. El cese de la actividad en la cantera significa la ausencia de materia prima y, por tanto, el cierre de la fábrica y la pérdida de nuestros puestos de trabajo».
Por su parte, Miquel Aguilar, integrante de Acció Ecologista Agró informó de que la zona del Pinyal es un lugar con gran riqueza ambiental y que es muy usada por las personas para hacer actividades al aire libre como senderismo. «La empresa quiere aumentar el tiempo de explotación del Salt del Llop y a la vez abrir una cantera nueva y para nosotros es una contradicción; quiere las dos cosas sin renunciar a ninguna de ellas», aseguró.
En esta moción aprobada también se solicita, entre otras cuestiones, que todos los asuntos relacionados con el convenio suscrito con Lafarge sean tratados en la comisión especial creada para tal efecto, donde se determinarán previamente a la adopción por parte del pleno de los acuerdos necesarios; además el consistorio reiterará su apoyo a la viabilidad de la empresa a medio y largo plazo, lo que supone la continuidad de la plantilla actual de trabajadores así como la compatibilidad con la declaración del Paraje Natural Municipal de la Montaña de Romeu-San Cristóbal. La aprobación de esta moción fue muy aplaudida por el personal de la cementera que se encontraba en el salón de plenos.
Debate político
Durante las intervenciones de los grupos políticos, el portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo, afirmó que «es trabajo de todos los que formamos parte de la corporación municipal buscar el equilibrio entre el mantenimiento de la empresa y la declaración del paraje natural». El representante de esta formación aseguró que «Lafarge es una empresa muy importante en la localidad y desde Ciudadamos vamos a estar con los trabajadores sobre todo en estos momentos de pérdida de tejido industrial en la ciudad».
Por su parte, el socialista, Francisco Crispín, acusó al equipo de gobierno de falta de transparencia y participación en este tema y volvió a reclamar que todos los pasos que se tengan que realizar sobre este tema se hagan en el seno de la comisión especial; además, desde el PSPV-PSOE se realizó una enmienda de adición, que también fue aprobada, para que en esta comisión se analice el nivel del cumplimiento del convenio firmado entre Lafarge y el ayuntamiento.
El representante de ADN Morvedre, Pablo Abelleira, criticó que la empresa presentara la solicitud de ampliación del tiempo de extracción en la cantera en plena campaña electoral mientras que solicitaba que se pusiera fin al actual convenio con la cementera para que se estudiar la firma de otro convenio nuevo, ya que duda de que la intención de Lafarge sea la de trasladarse al Pinya, propuesta que no fue apoyada por la oposición del hemiciclo saguntino.
El más crítico fue, una vez más, el portavoz de IP, Manuel González, quien aseguró que el equipo de gobierno ha actuado «de mala fe» en este asunto pues recordaba que la empresa se comprometió a abandonar el Salt del Llop cuando se pusiera en marcha el Pinyal o, como muy tarde, en 2030. «Sin cantera no hay empresa y sin empresa no hay puestos de trabajo; llevo años denunciando que esta situación iba a ocurrir. Si la empresa ha hecho algo mal que se le sancione pero que no se vaya a por el cierre de la planta», apuntó el segregacionista quien instó al alcalde a que colgara del balcón del ayuntamiento la pancarta No al cierre de Lafarge del mismo modo que ha hecho con la de Bosal.
En este sentido no estuvo muy de acuerdo el edil de Esquerra Unida (EU), José Vicente Muñoz, quien señaló que una empresa de la envergadura de Lafarge no tendría porqué cerrar en el caso de que se cerrara la cantera del Salt del Llop afirmando que «se están utilizando los puestos de trabajo para conseguir un lucro empresarial» asegurando que en nuestro radio de actuación la mercantil podría buscar otros lugares de donde obtener caliza.
Asimismo, la edil nacionalista, Teresa García, pidió cautela a la hora de tratar este tema recordando que el convenio está supeditado a la legislación y que ésta no permite la actividad extractiva en monte público. «No podemos actuar con precipitación, se están buscando soluciones para mantener la viabilidad de la empresa pero tenemos claras tres cosas: hay que exigir a Lafarge que cumpla la ley, proteger nuestros espacios naturales y que la empresa tenga claro que se tiene que extraer la piedra de donde se pueda y no de donde quiera», señaló.
Finalmente, el portavoz del PP, Sergio Muniesa, aseguró que «hay que tener voluntad política para resolver los problemas» afirmando que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya contempla zonas extractivas. «Lo que debemos hacer es compatibilizar el interés ambiental con la garantía de mantener la viabilidad de la empresa; hay que buscar soluciones y alternativas que es lo que siempre se ha intentado y no hacer acciones unilaterales como ha sido el caso de la presentación de alegaciones por parte de este equipo de gobierno ya que desde el 8 de julio no se han sentado ni con la empresa ni con el resto de formaciones políticas», afirmó el edil popular.
