El nuevo Gobierno ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Social, que declara a los 20 profesores de la Universidad Popular trabajadores por cuenta ajena y no autónomos

IP denuncia que Compromís y ADN Morvedre favorecen la contratación irregular de los trabajadores de la UP

Juan Guillén, concejal de IP (FOTO: JUAN HIGUERAS) Juan Guillén, concejal de IP (FOTO: JUAN HIGUERAS) IP denuncia que Compromís y ADN Morvedre favorecen la contratación irregular de los trabajadores de la UP
Viernes, 17 Julio 2015 15:10

Desde hace unos años, el ayuntamiento de Sagunto está obligando a los profesores que imparten sus enseñanzas en la Universidad Popular a darse de alta como autónomos para poder seguir desarrollando su trabajo. El anterior equipo de gobierno fue instado en varias ocasiones para que se continuará con la contratación laboral habitual, pero hizo caso omiso, basándose en unos supuestos  informes técnicos favorables.

Esta situación irregular derivó en una inspección de trabajo en el año 2013 sancionando económicamente al Ayuntamiento de Sagunto y  practicando la correspondiente acta de liquidación por las cuotas de la Seguridad Social en el régimen general, dejadas de ingresar a favor de los trabajadores afectados. A pesar de catalogarse la actuación municipal como infracción grave por parte de Inspección de Trabajo, durante el año 2014 se siguió con la irregular contratación de estos profesores, que debían inscribirse en el régimen de autónomos para poder acceder al empleo. Ante esta actitud del Ayuntamiento de Sagunto, la Tesorería general de la Seguridad Social demandó finalmente al consistorio saguntino ante la administración justicia.

La demanda presentada por la autoridad laboral fue estimada por el tribunal, que el pasado 25 de mayo emitió la correspondiente sentencia, en concreto, la número 222/2015 del juzgado de lo Social núm. 5 de Valencia, en cuyo fallo se declara textualmente: «la relación que une a dichos trabajadores con la empresa (Ayuntamiento de Sagunto) es de carácter laboral, condenando a los demandados a estar y pasar por dicha declaración, con todas las consecuencias legales inherentes».

Aunque este litigio tiene su origen en las decisiones adoptadas por el Gobierno municipal anterior, el del Partido Popular, el actual equipo de Gobierno, formado por Compromís y ADN, con fecha 7 de julio de este año, cuando ya estaba constituido el nuevo consistorio, interpuso recurso de suplicación número 75/2015, oponiéndose a lo dictado en la sentencia del juzgado de lo social indicada, que era favorable a los intereses de los trabajadores.

Reacciones de la oposición

El concejal de Iniciativa Porteña, Juan Guillén, que está siguiendo la evolución de este conflicto entre el Ayuntamiento y la veintena de trabajadores de la Universidad Popular afectados, mostraba su extrañeza por el hecho de que un Gobierno municipal, como el formado por Compromís y ADN Morvedre, recurrieran una sentencia que claramente favorece a los trabajadores: «El nuevo equipo de Gobierno se alinea de esta forma con una de las prácticas abusivas de muchas empresas, que despiden a sus trabajadores y después les obligan a darse de alta como autónomos y seguir trabajando para la empresa matriz. Y todo, por intentar ahorrarse un dinero de forma irregular, menoscabando los derechos de esos trabajadores que, en numerosas ocasiones, no se oponen por el miedo a la patronal, en este caso al ayuntamiento, a no contar con sus servicios y perder lo poco que aún les queda. Esta es la vía que defiende, con el recurso planteado, el actual equipo de gobierno con el alcalde Quico Fernández a la cabeza».

Más adelante, el edil de IP señala que, desde su partido, se van a solicitar al equipo de Gobierno don acciones de forma inmediata, por un lado, que Compromís y ADN renucien a cualquier acción de recurso contra la sentencia que reconoce el carácter laboral de la relación entre el Ayuntamiento y los 20 trabajadores de la Universidad Popular, puesto que el recurso presentado «no hace más que alargar una situación a todas luces irregular, y que llegado el momento acarreará una nueva sanción, además de vulnerar derechos laborales».

El segundo punto que desde IP pedirán al nuevo Gobierno local pasa por que la contratación de de los profesores  de la Universidad Popular en el nuevo curso se haga conforme a Derecho. Es decir, contratando a estas personas con contratos laborales y no como empresarios autónomos, que es como hasta la fecha ha venido haciéndolo el Partido Popular, pese a las reiteradas sanciones de la Seguridad Social.


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