El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunto trasladó, a través de su diputado en Madrid Joan Baldoví, una batería de preguntas sobre cual iba a ser la postura del gobierno frente al conflicto sobre los derechos del llamado Malecón de Menera. El escrito, firmado por la concejal Teresa Garcia y remitido por el citado Joan Baldoví, incidía especialmente en la contradicción que ha supuesto que mientras que la Demarcación de Costas, dependiente del Estado, definía los terrenos del Malecón como dentro del terreno público no edificable conocido como Dominio Público Marítimo-Terrestre, la sociedad pública Cofivacasa, también dependiente del Estado reclame la propiedad privada de parte del Malecón, personándose incluso en el proceso para hacer valer unos intereses que se encuentran en las antípodas de los que defiende el ayuntamiento de Sagunto.
El texto no sólo preguntaba por esta descoordinación, también si desde la administración se era consciente de que si no llega a ser por el ayuntamiento de Sagunto, que destapó el tema, «la Demarcación de Costas habría cedido 70.000 metros cuadrados de litoral a una mercantil de forma totalmente improcedente y sin fundamento legal»—cita textual del escrito remitido al gobierno—y, sobre todo, cual es la intención del Ministerio entorno a la intención de pedir la revisión de la sentencia que reconoce la propiedad privada de los terrenos, u otras medidas para, literalmente, «defender su propio patrimonio y el de todos los ciudadanos y ciudadanas».
Sin embargo los actuales gestores del patrimonio estatal han evitado cualquier respuesta directa a las preguntas planteadas por Compromís limitándose a ofrecer una recopilación cronológica de las demandas y sentencias judiciales surgidas en torno al Malecón de Menera, acompañadas de la siguiente frase: «la Administración General del Estado, en cumplimiento de la legislación existente, ha defendido la pertenencia de dichos bienes al dominio público marítimo-terrestre, pero debe, con el máximo respeto a nuestro Estado de derecho, cumplir las resoluciones judiciales, como sucede en el presente caso». Una frase que desde Compromís se interpreta, inevitablemente, como una renuncia expresa del gobierno de apoyar la petición de revisión de la sentencia que ha hecho el ayuntamiento de Sagunto, y que enlaza con el reconocimiento expreso de que no se ha modificado la orden ministerial del 7 de julio en la se exhortó a la Demarcación de Costas en Valencia a preparar una propuesta de deslinde del dominio público de estos terrenos.
El portavoz de Compromís en Sagunto, Quico Fernàndez, califica de «lamentable» e «incomprensible» esta respuesta que afirma que «va contra los intereses no sólo de los vecinos de Sagunto sino del propio Estado». Y es que el líder nacionalista no ha dudado en mostrar su preocupación ante lo que considera «la mayor espada de Damocles que pende sobre el municipio. Una reclamación de 100 millones de euros que aunque se estimara sólo en parte supondría la indemnización más grande que haya tenido que abonar el ayuntamiento en su historia».
Para los nacionalistas existen razones más que sólidas para pedir la nulidad de la sentencia —volviendo a recordar que han aparecido pruebas que no se tuvieron en cuenta, incluso fueron ocultadas en opinión Compromís, durante el anterior juicio— y que en este asunto el ayuntamiento de Sagunto es la víctima de las negligencias del Estado que primero vendió en subasta los terrenos de al antigua Menera, y después los declaró de dominio público, incitando al ayuntamiento a catalogarlos como suelo dotacional que es por lo que se pide la expropiación de los terrenos.
Fernàndez también ha considerado significativo que en la respuesta gubernamental que han recibido se haga un largo repaso cronológico al proceso judicial —arrancando en la petición de deslinde del terreno público del malecón hecho por PROSAGUNSA el 14 de noviembre de 1988 hasta la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de diciembre de 2010 que declaró los terrenos como propiedad privada— sin incluir, ni mencionar, ni una sola vez las acciones tomadas por la sociedad pública COFIVACASA a pesar de que el escrito de Compromís pedía expresamente una explicación sobre sus actos. De hecho desde Compromís se pide al alcalde de Sagunto una reunión urgente de la junta de portavoces con representantes de esta sociedad pública para conocer, de primera mano, la realidad de la situación.
