El salón de actos del Teatro de Begoña acogerá el próximo día 15 de abril una asamblea ciudadana destinada a abordar la posibilidad de presentar una demanda colectiva contra la última ponencia catastral, la valoración de inmuebles con la que se calcula el recibo del IBI, que se ha realizado en la ciudad de Sagunto. El acto está organizado por Esquerra Unida, pero viene también apoyado por la asociación empresarial ACEISYC, el sindicato Comisiones Obreras, y las asociaciones vecinales de La Forja, El Raval, La Victoria, Baladre y Ciutat Vella; además también se han adherido el PCE en Sagunto y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Los organizadores del evento también han hablado con la presidenta de ASECAM, Cristina Plumed, quien se ha interesado por la situación pero dejará en manos de sus asociados la decisión sobre si esta agrupación empresarial se suma o no la iniciativa.
Para los impulsores de la iniciativa la diversidad de este peculiar frente anti-IBI demuestra la preocupación que hay en la ciudad ante los efectos que ya está causando la nueva revaloración de los valores catastrales en el municipio. Y es que según sostiene el abogado contratado por EU para llevar la demanda, Julio Merelo, la subida del catastro trae muchos más problemas que un incremento del recibo del IBI, que siempre puede mitigarse reduciendo el gravamen que marca el precio final del impuesto. «El catastro afecta al IRPF, en las llamadas rentas imputadas por residencia no habitual, también el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio, porque de repente a se considera a los ciudadanos más ricos por que sus propiedades se revalorizan, aumenta la plusvalía en las ventas, las becas, el impuesto de actividades económicas... Se van a ver afectadas también la venta de pisos porque la venta del bien no puede ser inferior al catastral. con lo que afecta al mercado inmobiliario, vender a precio de mercado puede ser considerado como fraude por Hacienda. Y todo porque se actualizó el catrastro 2012 usando valores del mercado del año 2005 afirma Merelo.
Esquerra Unida ya había puesto en marcha una campaña de recursos administrativos en el que se tramitaron entre 500 y 600 recursos contra la revaloración, una cifra que los impulsores del frente elevan hasta casi los mil cuando hablamos de recursos particulares. Estos recursos pueden ser llevados ahora hasta el Tribunal Superior de Justicia algo que tiene un coste económico pero que consideran que puede ser poco elevado para los demandantes si se divide entre todos los que han concurrido por la vía administrativa y que han reclamado los valores de 1.800 propiedades.
De hecho los impulsores de la iniciativa se muestran optimistas puesto que municipios como Pego, Xàbia y Villajoyosa han logrado anular su ponencia de valores, e incluso hay jurisprudencia en Andalucía en la que se especifica claramente la indefensión del ciudadano al responsabilizarle de detectar los errores que comete la administración sin darle las herramientas necesarias para averiguarlo. Los impulsores de la iniciativa llaman a la participación masiva en el acto recordando que con la victoria de uno solo se conseguiría un beneficio para todos. Un beneficio que podría incluir, si así lo indica el juez, la devolución de parte del recibo ya cobrado.
