La orden del Gobierno central en la que se insta a los ayuntamientos a actualizar de nuevo el coeficiente del gravamen con el que se calcula el recibo del IBI, ha disparado todas las alarmas en el seno del grupo municipal de Esquerra Unida, cuyo portavoz, Fernando López-Egea ha visto como, por segunda vez en dos años —puesto que ya se aprobó un incremento del 10% en el llamado decretazo de finales de 2011— el gobierno de Mariano Rajoy impone una subida de este impuesto municipal sin atender ni la situación real de los ciudadanos, «estrangulados por la crisis y la presión fiscal» según las palabras de López-Egea, ni del nivel de endeudamiento de cada ayuntamiento.
Para López-Egea esta injerencia desde Madrid da la razón a los postulados de su partido que, desde que se conocieron los valores de la revisión catastral a la que se sometió el ayuntamiento de Sagunto en 2012, defendió usar todos los medios, administrativos y legales a su alcance para anular unas valoraciones que considera «totalmente fuera de la realidad del mercado y del actual nivel de ingresos de las familias». «Al equipo de gobierno popular se les ha llenado la boca diciéndonos que jugarían con el gravamen para impedir que los ciudadanos apenas notaran la subida, pero lo cierto es que uno no puede fiarse de la capacidad del ayuntamiento para mantener los niveles del recibo cuando luego llegan órdenes desde Madrid que te ordenan recaudar más» explica el concejal.
Para el edil comunista: «el recibo del IBI se calcula con dos aspectos, uno es el valor catastral de la vivienda, al que se aplican deducciones si las hubiere, y el otro es el gravamen por el que se multiplica ese valor, que es el que da el precio final del recibo. Si vas bajando ese gravamen, pero a la vez te va subiendo el catastro, puedes decir que tratas de evitar la subida, pero en realidad lo único que es seguro es que el recibo ya no volverá a bajar más».
Y es que, en los recibos del IBI, el aumento del valor catastral se prorratea en 10 años para evitar un brusco incremento del valor de este impuesto, con lo que, según López-Egea: «como el gobierno municipal pidió la revisión de los valores catastrales en 2012, los vecinos de Sagunto están atrapados hasta 2022 en una ponencia injusta que va a originar recibos como nunca hemos visto antes. De seguir la tendencia que nos está marcando el gobierno, al final del ciclo de vigencia del nuevo valor catastral (2022), aquellos valores antiguos que fueron del orden de 40.000 euros, podrían acabar pagando entre 900-700 euros de IBI, mientras que los que fueron de orden de 100.000 euros alcanzarán entre 2.300 y 1.700 euros. Hablamos de la mayor subida de IBI de la historia».
La vía judicial
Desde Esquerra Unida se habla de la necesidad de posicionarse contra la ponencia de valores que califican como claramente injusta, «la ponencia nos acerca a casos con hasta 1.000 euros el metro cuadrado de valoración, si usáramos los datos que publica el ministerio de fomento para calcular los valores catastrales con arreglo al tercer trimestre de 2013 esos precios caerían hasta los 787 euros (660 si es suelo industrial), un 34% menos de lo actual» afirma López-Egea.
Desde Esquerra Unida se habla de la necesidad de posicionarse contra la ponencia de valores que califican como claramente injusta, «la ponencia nos acerca a casos con hasta 1.000 euros el metro cuadrado de valoración, si usáramos los datos que publica el ministerio de fomento para calcular los valores catastrales con arreglo al tercer trimestre de 2013 esos precios caerían hasta los 787 euros (660 si es suelo industrial), un 34% menos de lo actual» afirma López-Egea.
Por este motivo el concejal de Esquerra Unida ha vuelto a retirar que entre finales de enero y principios de febrero su formación convocará una audiencia pública para abordar la situación e informar del estado de la campaña de recursos que puso en marcha el partido. «Lo ideal era que el ayuntamiento hubiera recurrido él mismo la ponencia como medio de defender a sus ciudadanos, pero en lugar de eso lo que ha hecho ha sido dejar que sean los ciudadanos quienes tengan que pagar el recurso judicial si se pierde la vía administrativa», explica. En este sentido López-Egea también destaca que serán los abogados contactados quienes decidan que recursos tienen más posibilidades de prosperar, «pero hay que tener en cuenta que con un sólo ciudadano que consiguiera que le anulen su valor catastral todos los valores serían declarados nulos y la ciudad entera se beneficiaría».
