Siete millones novecientos cuarenta euros, ese es el valor catastral de las propiedades de la Iglesia Católica en la ciudad, a través de órdenes religiosas o directamente como propiedad del Arzobispado de Valencia, según la investigación que ha realizado el grupo municipal de Esquerra Unida en el ayuntamiento de Sagunto. Estas propiedades, según denuncian desde EU, supondrían, si se les retiraran los privilegios fiscales, unos ingresos de algo más de medio millón de euros al año que deja de ingresar el ayuntamiento de Sagunto en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles. De hecho la recaudación que se perdona a las confesiones religiosas es incluso más alta, siempre según los datos de EU, porque no incluye los casi 2,9 millones en propiedades registrados a nombre de la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día en Sagunto que supondrían más de 20.000 euros más al año a las arcas municipales.
Según recuerdan desde la formación de izquierdas estas propiedades no son sólo templos y ermitas, sino que también incluyen el asilo, pero sobre todo sus colegios, definidos como «negocios de la iglesia» y lo que parece aún más escandaloso a los miembros de EU, son los pisos particulares que atribuyen a residencias de sacerdotes en la ciudad. De hecho según los cálculos de Esquerra Unida, el ayuntamiento deja de ingresar más de 8.430 euros al año por no poder cobrar a los colegios confesionales, incluyendo en este cálculo al centro que incluyen los adventistas.
El portavoz de esta formación política en el ayuntamiento, y líder de la agrupación en Sagunto, Fernando López-Egea, ha calificado de «indudables privilegios» los que se concede a la Iglesia Católica, a la que califica como «la mayor multinacional del mundo». El veterano edil comunista señala también que los templos, que asegura que mucha gente parece querer defender que no paguen IBI, «sólo son espacios públicos cuando reciben subvenciones de Generalitat, Estado o ayuntamiento para ayudar a renovar sus fachadas o recuperar retablos, pero para todo lo demás son una propiedad privada, que encima está exenta de pagar impuestos». Unas palabras que entroncan con la conocida reivindicación de que la iglesia de Santa María coordine sus horarios con las necesidades turísticas.
Como es sabido las propiedades de la Iglesia están exentas de pagar IBI gracias al llamado Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos de 3 de enero de 1979. Este tratado, que también exime a la Iglesia de pagar «impuestos de consumo» en la publicación de los documentos de las autoridades eclesiásticas o de abonar el impuesto de trasmisiones patrimoniales, especifica la «Exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana» de: «los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral; la residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes con cura de almas; Los locales destinados a oficinas, la Curia diocesana y a oficinas parroquiales; los Seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas;Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las Ordenes, Congregaciones religiosas e Institutos de vida consagrada». Además desde Esquerra Unida se recuerda que, aunque los colegios no se incluyen dentro del tratado firmado con El Vaticano, en España los centros de educación concertados están exentos de abonar el recibo del IBI, y los privados ya presionaron este verano para poder contar con el mismo privilegio que los que cuentan con un concierto.
López-Egea reivindica que varios municipios españoles han buscado ya fórmulas para gravar, al menos, parte de las actividades de la Iglesia, porque «estamos ante una ley claramente injusta». En este caso cita, por poner sólo un ejemplo, al ayuntamiento de Soria, que este verano procedió a informar a las autoridades eclesiales que se les cobraría el recibo del IBI a 18 inmuebles, hasta ahora exentos, pertenecientes principalmente a residencias de sacerdotes, e inmuebles en ruina, procedentes de antiguas donaciones de ciudadanos a la Iglesia Católica.
El portavoz de EU en el ayuntamiento de Sagunto asegura que aunque no pueda parecer mucho ese medio millón de euros garantizaría unos ingresos que hubieran permitido al ayuntamiento ampliar la contratación directa en el plan de empleo o, como poco, bajar el mismo recibo del IBI. «Como se garantizarían los ingresos que pide ese plan de ajuste con el que el PP se justifica siempre para no cumplir acuerdos plenarios, el dinero que tendrían que poner los ciudadanos sería mucho menor y el gravamen podría bajarse lo suficiente para que el recibo, como poco, bajara hasta el valor que tenía antes de la llegada del catrastrazo de Rajoy» explica Egea.
Desde EU se considera importante denunciar la existencia de estos privilegios, que califican como «propios de epocas más oscuras», y crear un debate social sobre los mismos «puesto que la voluntad popular será la única forma de poder acabar con estas injusticias».
