Tres de los cuatro partidos de la oposición del Ayuntamiento de Sagunto presentarán en el pleno municipal, que se celebrará el próximo jueves a las 9 horas, sus respectivas mociones mociones para que el consistorio saguntino recupere la gestión directa de la Universidad Popular (UP) mediante la contratación, por parte de la administración local, de los docentes que imparten estos cursos.
Así responden los grupos municipales del PSPV-PSOE, Esquerra Unida (EU) y Segregación Porteña (SP) tras conocer la noticia de la imposición de una multa de más de 63.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social al consistroio saguntino por hacer trabajar a los profesores de este servicio como autónomos durante el pasado curso, algo a lo que el equipo de gobierno ya ha presentado las correspondientes alegaciones.
«Esperamos que esta moción recoja el sentir y la preocupación del profesorado y alumnos de esta prestigiosa universidad, que se retome la forma de contrataciones que han venido funcionando sin inconvenientes durante años y, sobretodo, que el equipo de gobierno no se escude en un decreto que presuntamente prohibía la contratación directa y que la misma realidad lo ha hecho saltar por los aires», ha afirmado el portavoz socialista, José Luis Chover.
Desde estas formaciones han querido recordar que la Universidad Popular funciona en la localidad desde 1984 y que, durante más de dos décadas, la gestión ha sido directa por parte del ayuntamiento, que era quien se encargaba de la contratación del personal tras un proceso de selección donde luego se conformaba una bolsa de trabajo con una duración de varios años, algo que perduró hasta el pasado ejercicio.
«El pleno de julio de 2012 aprobó una moción presentada por EU en la que solicitaba la paralización del acuerdo de la junta de gobierno para recuperar la gestión directa de este servicio pero, como viene siendo una tónica habitual, el PP hizo caso omiso de lo aprobado en el plenario y obligó a los trabajadores a realizar su trabajo como autónomos», han explicado desde SP cuyos concejales consideran que en este caso «debe imperar el principio de prudencia y el equipo de gobierno debe reconsiderar su posición».
Por otro lado, los concejales de EU también solicitarán al ayuntamiento, a través de su moción, que retire las alegaciones que ha presentado al expediente iniciado por la Dirección General de Inspección de Trabajo al asegurar que «esta persistencia podría desembocar y generar un coste económico desmedido por las arcas municipales».
