La rama española de la prestigiosa ONG internacional Greenpeace hizo público la décimotercera edición de su informe Destrucción a Toda Costa, un análisis de la situación de las playas de este año, que en este 2013 se ha centrado en el análisis de las imágenes vía satélite que recopila el proyecto europeo Corine Land Cover para saber cual ha sido la evolución, en términos de presión urbanística e industrial, de los 500 primeros de metros de costa de toda España, entre los años 1987 a 2005, con lo que advierten que la situación puede ser incluso peor que la señala el informe. Este tramo cronólogico ha sido elegido por los ecologistas por dos razones: primero porque se quería resaltar el nivel de regresión de la costa española durante los 25 años de vigencia de la Ley 22/1988 de Costas —algo que consideran importante porque este año ha sido sustituida por nuevo texto que, según resalta Greenpeace, es más flexible con la urbanización y privatización de la costa española—; y segundo porque 2005 es el año en el que acaba el citado proyecto Corine Land Cover, que señalan como el único que ofrece fotografías de todos los municipios costeros de España.
El informe de los ecologistas no ha dejado bien parado el municipio de Sagunto, que se incluye dentro del Top 25 de las costas destruidas de España, y es considerado por la organización ecologista como ejemplo de la «insostenibilidad del modelo urbanístico español». Concretamente el informe de Greenpeace afirma que Sagunto «posee 369 hectáreas de superficie artificial y más de la mitad de su costa está ya urbanizada, un 55%», y que la Marjal dels Moros, espacio que recuerdan está protegido, «se encuentra en peligro por las urbanizaciones. Las infraestructuras portuarias con uso logístico han ocupado una gran cantidad de costa».
Los ecologistas cifran la degradación de la costa —tomando eso sí el tramo de litoral entre el Puerto de Burriana y el Puerto de Sagunto— en 1,5 metros al año, una regresión que considera «peligrosa» para las viviendas construidas en primera línea.
El informe reconoce que el proceso de urbanización que ha disparado la presión urbanística sobre las costas españolas se paró en los años 2007-2008, con la explosión de la llamada burbuja inmobiliaria, pero considera que «existen graves riesgos de que se pueda reproducir, debido a la gran cantidad de suelo recalificado con planes generales de ordenación urbanística y que están listos para construir en los ayuntamientos. Ayuntamientos que podrán reducir la franja de protección de 100 a 20 metros con la nueva Ley de Costas».
