Con sus conclusiones, y votos particulares, ya publicados en los medios de comunicación, la atención sobre la votación de las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Plaza Ángel Perales, estaba más centrada en conocer lo enconado de las posturas, más que en el resultado final de la votación; que ha finalizado, tal y como se esperaba, con la aprobación de PP, PSOE y SP—y la oposición de Compromís y Esquerra Unida—, de un informe oficial del que se ha retirado las alusiones a la «mala fe» de la empresa Inverconsa.
Los partidos se han dividido en dos frentes muy diferenciados, los que consideran que la abultadísima indemnización que ha tenido que abonar el ayuntamiento a los propietarios legítimos del suelo ocupado siguió siempre los informes técnicos—es decir, que el desastre que ha supuesto esta plaza para las arcas del ayuntamiento corresponde a un fallo en los mecanismos de seguridad de los distintos departamentos— y los que consideran que en el fondo hay una negligencia política puesto que son los cargos electos quienes han de tomar las decisiones.
El bando de los más críticos volvió a estar liderado por el portavoz de Compromís, Quico Fernàndez, quien volvió a recordar que la defensa del ayuntamiento en el proceso que marcó el precio de la plaza era gratuita, al estar dentro de las funciones del convenio con los servicios jurídicos externos del ayuntamiento. El líder nacionalista considera que el alcade Manuel Girona, impulsor de la plaza, «entró los terrenos de buena fe», palabras textuales del edil, al tener informes de los técnicos que decían que la propiedad privada empezaba, justamente, donde se acababa la plaza; por lo que volvió a señalar al alcalde Alfredo Castelló como máximo culpable, echándole en cara que debía «saber cuando consultar», y asegurando que su actuación en la Plaza Ángel Perales sería «una dimisión de libro en cualquier país normal».
Fernàndez encontró el apoyo del portavoz de Esquerra Unida, Fernando López-Egeam en sus críticas. El edil comunista cosnideró que el ayuntamiento había actuado de forma negligente, en todos los momentos en que se planteó, y desechó la permuta, «sabiendo que eso llevaría inevitablemente a la judicalización del proceso» ha explicado. Para el líder de EU, el ayuntamiento nuca debió apartarse del proceso, puesto que dejó completamente indefenso a la ciudad en el proceso.
Desde Segregación Porteña, por su parte, Manuel González, ha señalado «la desidia» municipal como máxima responsable de la situación a la que se ha llegado. Según González los informes han tenido más de un error en su procedimiento, el lider de los segregacionistas ha señalado por ejemplo que no existía acta de ocupación de la parcela, o que cuando las técnicas de patrimonio y contratación aconsejan retirarse del proceso judicial es «porque consideran que Inverconsa intenta dirmir la propiedad, algo que ya es 'cosa juzgada', cuando en realidad es el precio». No obstante González también señala que el informe llegó sin la firma de la concejal del área, en aquel momento Teresa Peris, que no comenta nada durante la junta de gobierno, y que eso es, en opinión de González, uno más de los fallos imperdonables que se han vivido en el proceso, «todo concejal delegado de área debe saber que expedientes lleva y no ha sido este el caso» ha declarado.
González resaltó también dos momentos claves del proceso: el ofrecimiento lanzado por Inverconsa de zanjar todo el asunto en 93 millones de pesetas—menos de 559.000 euros— «y que no obtuvo respuesta de este ayuntamiento», ha asegurando, y la decisión del tripartito, del que ha aprovechado para recordar que formaba parte Quico Fernàndez, de recurrir una sentencia judicial en contra de un informe de Cuatrecases y de que el juez hubiera incluso asegurado que el ayuntamiento «actuó de mala fe».
En el PSOE José Luis Chover, ha criticado que se culpe a las decisiones políticas cuando, en su opinión, no ha quedado demostrado que haya habido ninguna intencionalidad en el proceso. «Cuando un político no sigue un infome técnico dicen que tiene un interés oculto, pero es que cuando lo sigue ahora resulta que también» ha lamentado.
Para el portavoz de los socialistas la comisión ha servido para poder reordenar todas las piezas que ofrecía el expediente, y de ellas, según su conclusión, se demuestra que la ocupación de la plaza «quizás fue precipitada, pero nunca caprichosa». Chover ha resaltado en todo momento que los informes técnicos indicaban el camino a seguir, y que en la comisión poco más se ha podido averiguar porque, según ha declarado, «las comparecencias en la comisión no han servido más que para escuchar como los cargos electos que tomaron parte en el proceso 'no sabían' o 'no recordaban'».
El debate lo ha cerrado el portavoz popular Sergio Muniesa, quien se ha alineado con los que defienden que en ningún momento se tomaron decisiones políticas. El nuevo delegado del Plan de Empleo, ha recordado que algunos de los pasos del proceso que se han criticado, se han llevado a comisiones informativas donde los dictaminó la oposición. Muniesa ha reconocido que se han cometido errores, algo que considera evidente, pero sin intencionalidad. Recordando que la decisión de retirarse del juicio quizás se aprobó con un informe que no llevaba la firma de la concejal, pero se hizo en Junta de Gobierno, como cualquier otro punto que ha sido incluido dentro del orden del día y, por lo tanto, «había pasado todos los filtros de seguridad, incluidos los de Secretaria General» ha declarado.
