La Federación de Asociaciones de Vecinos ha denunciado que los continuos retrasos en el Registro Civil de Sagunto, que ya desde hace ya dos añosl obligan a las personas a hacer cola antes de que salga al sol a las puertas de los juzgados, han llegado a su punto máximo al limitar la atención a 15 personas al día.Según un escrito que se ha colgado en las puertas de los juzgados, y firmado por el juez titular del servicio, durante este verano, como «circunstancia excepcional» según el escrito, sólo se cuenta con un funcionario para atender las peticiones de los ciudadanos, razón por la cual han de reducir la atención. Según los portavoces de la Federación las protestas de las personas que hacían cola a las puertas de juzgados, algunas desde las cinco de la mañana, ya sumaban 19 personas antes de abrir las puertas por lo que, gracias a sus protestas se ha atendido a los 20 primeros.
Desde la Federación se señala que los usuarios de este servicio acuden desde toda la comarca, y se encuentran con que han tenido que pedir un día libre en el trabajo, y lamentan que no se haya dado un aviso previo, al parecer el papel se colgó el viernes, a los usuarios para que se supiera y no perdieran ese día en acercarse a hacer unas gestiones que les iba a resultar imposible.
UGT ya advirtió de la degradación del servicio
Se da la circunstancia de que desde el sindicato UGT ya se había denunciado que el gobierno preparaba la privatización del servicio de Registro Civil, entregando el servicio a los registradores de la propiedad, un sector privilegiado, que actúa en régimen de oligopolio y que está sufriendo el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Según aquella denuncia, el gobierno de Zapatero sufragó la digitalización de este servicio para que los ciudadanos pudieran solicitarlo por internet, pero sin embargo lo que se va a hacer es entregar esos archivos al sector privado.
Dentro de las denuncias de los sindicalistas se encontraba que no se realizarían inversiones en el servicio, dificultando su acceso al mismo a los ciudadanos, para poder justificar que la privatización del mismo acortaría los plazos a los ciudadanos.
