Los trabajadores de Lafarge coparon el plenoLa propuesta de ampliación de la cantera Romeu se aprobó con los votos de PP y SP y PSOE, partido este que, tal y como estaba previsto, apoyó la propuesta de convenido tras introducir dos enmiendas a su texto, una que vincula la conservación del empleo a la explotación de las futuras canteras de La Magras y Pinyal, no sólo la del Salt de Llop, y otra en la que pedía que la cementera francesa presentara por adelantado sus planes para la restauración de la cantera, como requisito previo a la apertura de nuevas explotaciones.
La sesión estuvo marcada por la presencia masiva de los trabajadores de la planta cementera de Puerto de Sagunto, que, vestidos con sus ropas de trabajo, coparon los asientos del salón de Plenos del Ayuntamiento de Sagunto desde primera hora de la mañana.
Argumentos a favor y en contra
A pesar de que el resultado de la votación había sido ya anunciado por prácticamente todos los grupos, el debate del convenio se tradujo en un encendido enfrentamiento entre defensores de la propuesta, y defensores de la montaña Romeu.
Los partidarios de la ampliación de la cantera mostraron como principal argumento la defensa del empleo en la ciudad, mientras que los contrarios a la propuesta optaron por en duda la fiabilidad de Lafarge, recordando, en varias ocasiones, que la empresa ha sido condenada por cesión ilegal de trabajadores, y que despidió a gente a la que la justicia había obligado a readmitir.
Entre los más encendidos defensores de la ampliación de la cantera estuvo el segregacionista Manuel González quien aseguró que «hay que priorizar la sostenibilidad del empleo» y pidió a los opositores que cuando se quejaran propusieran una zona alternativa donde conseguir una caliza que no dudó en asegurar que «es la que garantiza la continuidad de la fábrica».
El popular Sergio Muniesa, por su parte, realizó una defensa más técnica intentando desmontar las acusaciones de que el convenio vulnera la ley vigente, recordando que se han incluido cláusulas en el convenio que vinculan la explotación a que la cementare consiga todos los permisos pertinentes de la Generalitat Valenciana.
Los socialistas, por otro lado, consideraron que con sus enmiendas se garantizaba la compatibilidad de la extracción y la protección de la montaña, con lo que también apostaban por el empleo.
En el bando contrario volvió a jugar un papel importante el grupo municipal de Bloc-Compromís, con Teresa Garcia acusando a los concejales del equipo de gobierno de haber parado las negociaciones con Lafarge cuando está lo solicitó para tramitar una Declaración de Interés Comunitario ante la Generalitat, pero que cuando son los vecinos los que piden que se pare el convenio hasta que se resuelva el recurso presentado por el tema en los tribunales, lo único que obtienen es «un pleno celebrado con prisa, en una mañana de día laborable para que no puedan poder acudir al mismo».
Garcia calificó el convenio de «estafa», al no poderse compatibilidad, tal y como afirma el texto del mismo, la extracción y la protección del paraje. Y recordó que la legislación prohíbe extraer en monte público. «¿Que pasa si la justicia da la razón a los vecinos y vuelve a proteger la montaña? ¿Tendremos que volver a indemnizar todos a las empresas?» preguntó Garcia. El portavoz del grupo, Quico Fernàndez, también intervino para reprochar a González que hable de priorizar el empleo sobre el medio ambiente, cuando su formación realizó una gran presión social y política para que el ayuntamiento rechazara una inversión de 20 millones en el paseo marítimo porque esta estaba vinculada a un trasvase de arena.
Desde Esquerra Unida, se apostó en todo momento por advertir que el convenio propuesto deja muy claras las obligaciones del ayuntamiento, pero no así las de la cementare, que aseguro que se quedan en «meras declaraciones de intenciones». El portavoz de la formación López-Egea pidió que se repasaran hemerotecas para haber lo que había pasado en Lafarge en los últimos cuatro años, en los que la cementera ha sido condenada por cesión ilegal de los trabajadores, y, según su relato, Lafarge despidió gente a pesar de existir un acuerdo plenario en el que se garantizaba la continuidad de la plantilla. «Hablamos de hechos concretos, no de palabras sobre el papel, aquí no cumplen los acuerdos» llegó a asegurar el portavoz de Esquerra Unida.
Choque de trabajadores
Por otra parte el debate de Romeu tuvo también momentos para la intervención del público, mayoritariamente favorable a los intereses de la multinacional francesa.
Javier Romero, empleado de la planta de Puerto de Sagunto ejerció de portavoz de los trabajadores de Lafarge, agradeciendo el apoyo de PP, PSOE y SP, asegurando que la presencia mayoritaria de empleados de la cementera en el salón de plenos demostraba cual era «el interés general». Y pidió respeto para la empresa y las familias que depende de ella.
Sin embargo no fue la única voz que se escuchó vinculada con la empresa. Sergio Beltrán, uno de los despedidos el pasado verano por Lafarge, acudió para pedir al Pleno que no apoyara a una empresa que despidió a personas para después subcontratar sus puestos «demostrando así»—palabras textuales de Beltrán—«que las causas económicas no existían». Beltrán aseguró que las políticas de Lafarge son «una vergüenza y mal ejemplo para la sociedad saguntina», y aseguró que su despido y de sus compañeros demuestra que no cumple con sus compromisos de conservación del empleo.
