El sindicato UGT desarrolla hoy en los juzgados de Sagunto su campaña de protestas contra la entrega de los servicios de registro civil a los registradores de la propiedad y los notarios. Según han calculado los miembros del sindicato los juzgados de Sagunto tramitan entre ocho y diez mil peticiones al registro al año de manera gratuita y que pasarían a ser de pago una vez entregados a los registradores de la propiedad. Desde el sindicato se atreven incluso a hacer un cálculo de cuanto pueden recaudar los agentes privados si se hacen con esta gestión y calculan que el precio medio rondará los 25 euros, una cifra que aseguran han calculado a la baja, y que por lo tanto los registradores podrán recaudar hasta 250.000 euros del dinero de los ciudadanos por actos ahora mismo son gratuitos.
En UGT se considera este hecho escandaloso por dos motivos: el primero es que el precio que se ponga estos servicios no será una tasa que se entregue al estado y que sirva para reducir impuestos sino un «arancel», palabras textuales de Santiago Alegre, que irá a manos de los registradores; el segundo es que el registro civil fue digitalizado por el gobierno de Zapatero invirtiendo 129 millones de euros en agilizar las gestiones a los ciudadanos, y justo ahora cuando la administración tiene un acceso casi inmediato a cualquier libro del registro posterior a 1950, se entrega a manos privadas para que haga negocio.
Alegre ha declarado que «no existe justificación económica ni técnica que explique la privatización de este servicio», y ha señalado como razón última de la medida el hecho de que los registradores, que actúan con monopolio del Estado pero ejerciendo su actividad en despachos privados, hayan visto sus ingresos mermados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Desde UGT se ve la medida como una nueva prueba de que la crisis no es igual para todos y el gobierno, escudándose en su ideología neoliberal, va a ayudar a un sector privilegiado haciendo que «los ciudadanos paguen por actos tan íntimos como un registro de un nacimiento, de un divorcio, o de una defunción de un ser querido», palabras textuales de Alegre.
Por este motivo desde UGT se están entregando formularios para que la gente pueda presentarlos para reclamar que no se entregue a manos privados el servicio de registro. De momento en el arranque de la campaña afirman haber recogido ya 2.500 instancias en la Comunidad Valenciana, pero aspiran a que este sea una campaña continuada y que este número aumente mucho más.
