La reforma de los ayuntamientos abre la puerta a la privatización del área de deportes y la SAG

 
Miércoles, 20 Febrero 2013 03:18

108472TERESA-ZONA-FRANCATeresa GarcíaEl primer borrador de la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha sido presentado ante la población con la propuesta de fusionar municipios que no puedan pagar sus deudas, y la creación de un tope salarial para cargos electos en los ayuntamientos como medidas estrellas. Sin embargo el informe presentado por el Gobierno al Consejo de Estado contempla  medidas menos conocidas que abren la puerta a la privatización, prácticamente obligatoria, de varios servicios municipales.

Y es que dentro de la nueva ordenación de los municipios a la que aspira el Partido Popular  existe una pérdida de atribuciones por parte de los ayuntamientos centrada especialmente en las áreas de sanidad y educación, que, de aprobarse el texto, pasarán a ser competencia autonómica. Esta misma semana los miembros de Bloc-Compromís, han empezado a señalar el efecto devastador que esta medida tendrá sobre los conservatorios municipales, como sucede en el caso de Sagunto, ya que consideran que la Generalitat no dispone ahora mismo de recursos económicos para dotar de partida presupuestaria a estos centros.  Sin embargo la gestión de los conservatorios son sólo uno de los muchos servicios que podrían verse afectados puesto que el proyecto de Ley fija muy claramente los servicios esenciales, y limita a la atención primaria y ya hay quien apunta a que este hecho puede liquidar de un plumazo los servicios de bienestar social que complementen las ayudas de la Generalitat.
 
Aguas de Sagunto, SAG y Deportes en el punto de mira
En realidad este escenario tan pesimista no tiene por qué darse, puesto que a pesar de que, ciertamente, el borrador retira competencias a los ayuntamientos también abre las puertas a que Generalitat y Estado deleguen funciones en los consistorios. Pero los críticos interpretan este hecho como un punto de arbitrariedad puesto que es una cláusula que da todo el poder a las administraciones superiores para mantener abiertos o cerrar a voluntad servicios aprobados por los ayuntamientos.
No obstante el verdadero control llega con la vinculación de los servicios públicos a la llamada estabilidad presupuestaria. Todos los servicios públicos serán sometidos a un estudio económico que asegure que pueden mantenerse con las previsiones presupuestarias, de no lograrse el servicio tendrá que ser extinguido, en caso de no ser esencial, pasar a control directo de la Diputación provincial, un organismo cuyos representantes no se eligen por sufragio directo, o pasar a gestión indirecta, o lo que es lo mismo la privatización del servicio.

Este anuncio pone el foco de atención en el municipio de Sagunto sobre el servicio de Deportes. Primero porque su desequilibrio económico ha sido claramente reconocido por el Gobierno municipal que ha sometido el área a varios planes de ajuste y racionalización, con lo que cumpliría los criterios objetivos para su privatización —su extinción es imposible puesto que el informe reconoce el fomento del deporte como un servicio esencial que han de prestar desde los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes— y segundo porque  otra de las regulaciones que introduciría esta nueva ley sería la de que el ayuntamiento no podría poner en marcha ninguna iniciativa económica sin un informe que certifique que no perjudicará al tejido empresarial local,  con lo que el consistorio no podría poner en marcha servicios deportivos más baratos que los que se ofrecen en los gimnasios privados de la ciudad.

Además el informe eleva la tensión entorno al actual servicio de aguas, que se aplica desde una empresa mixta, y las labores de la SAG puesto que además de someterse a la evaluación económica, como el resto de servicios, el informe del Gobierno pretende obligar a que se justifique que la gestión de servicios mediante empresas o entes de participación pública deberán demostrar que así resultan más rentables que si se gestionaran de forma directa, o por gestión privada.

En este punto de nuevo hay que recordar que el texto legal del Gobierno no implica la privatización inmediata de los servicios ya existentes, pero sí que crea un procedimiento rápido para que, en caso de una caída de ingresos inesperada los ayuntamientos puedan desprenderse de forma rápida de sus servicios. Recuperarlos, eso sí, no sería tan rápido teniendo en cuenta que en el proyecto no sólo se establecen plazos de cinco años de concesión prorrogables si el servicio pasa a una administración superior como las diputaciones, y que el Estado se reserva el derecho de vetar que los ayuntamientos asuman servicios si consideran que no se cumplen los requisitos económicos.
 
Desde el Bloc se Niega la reducción de salarios
La edil saguntina Teresa Garcia, se ha erigido como una de las voces más críticas contra este informe al ser la encargada de preparar su informe para la ejecutiva de Bloc-Compromís. Según explica Garcia, «Se reducen los salarios sólo en las grandes ciudades, y se quita donde menos se cobrara, los pueblos pequeños. Esto es una medida testimonial y demagógica porque por una parte el ahorro de liberados en municipios medianos y pequenos supone sólo un 2% del gasto actual, y por otra parte al poner como tope salarial el sueldo de un Secretario de Estado se permite un tener un sueldo de entre 73.682,84 euros y  81.155,04... con lo que en muchas casos lo que van a permitir es que suban los sueldos de los cargos. Además se pretende la contratación directa en todos los ayuntamientos de los llamados ‘managers’ funcionarios del llamado grupo A1, y por lo tanto de  alta retribución que antes sólo podían contratarse en los ayuntamientos más grandes y ahora podrán colocarse en cualquier consistorio» explica la edil.

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